KRADIARIO

MINISTRA DELPIANO: OJALÁ EL PROYECTO DE LA EDUCACIÓN SEA APROBADO BAJO LA ACTUAL ADMINISTRACIÓN

Pese a lo compleja que se anticipa la tramitación da la reforma educacional, el  proyecto insignia del Gobierno de Michelle Bachelet, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, delaró hoy que espera que esta sea aprobada bajo la actual administración.

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"Eso es lo que esperamos todos absolutamente, porque con eso se cierra el compromiso de la Presidenta de sacar su reforma adelante, éste es el último gran proyecto que no se había presentado, y nos queda todavía un año y medio para sacarlo", sostuvo.

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La ministra rechazó los cuestionamientos que han surgido, tanto de parlamentarios de oposición como economistas, por las elevadas condiciones de la economía que se establecen en el proyecto de ley de educación superior para llegar a la gratuidad universal en la educación superior.

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De acuerdo a la iniciativa, para que la gratuidad se extienda al total de los estudiantes de la educación superior, la recaudación fiscal debe alcanzar el 29,5% del PIB tendencial. Y se estima que recién en el año 2018 sólo será el 23%.

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 "Yo creo que es realista, respecto de un compromiso que se hizo siempre hasta el séptimo decil en este Gobierno, (finalmente) vamos a llegar hasta el sexto; y el tema de cómo vamos a seguir avanzando efectivamente depende de tener los recursos", dijo la ministra.

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Explicó que "cuando se hizo este proyecto, el cobre estaba al doble de lo que está hoy, y eso también es importante para la recaudación". "Por lo tanto, lo que diga un economista o no, puede tener toda la razón, que lo diga en el Parlamento", señaló.

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También aseguró que la gratuidad universal "no es una eterna promesa", remarcando que "este año ya tenemos 137 mil alumnos (con gratuidad), el próximo periodo tendremos esa cantidad o más de alumnos y está establecido en la ley cómo se sigue avanzando. Por lo tanto, éste es un compromiso que llegó para quedarse", subrayó.

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La ministra confirmó además que, mientras no se alcance la gratuidad universal, seguirá existiendo el Crédito con Aval del Estado (CAE), así como las otras ayudas estudiantiles. "Todos los apoyos estudiantiles van a existir mientras no se entre 100% a la gratuidad, o si no sería el caos, dejar hoy día a una cantidad enorme de familias de sectores medios sin ningún apoyo estudiantil porque están sobre el decil que entra en gratuidad es una situación dramática", explicó.

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Ese a lo compleja que se anticipa la tramitación del proyecto, la secretaria de Estado dijo esperar que éste pueda ser aprobado en la actual administración. "Eso es lo que esperamos todos absolutamente, porque con eso se cierra el compromiso de la Presidenta de sacar su reforma adelante, éste es el último gran proyecto que no se había presentado, y nos queda todavía un año y medio para sacarlo", sostuvo.

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Luego de que se presente el proyecto en el Congreso, la ministra Delpiano debe dar cuenta de la iniciativa en la Comisión de Educación de la Cámara, donde se comenzará a analizar. La autoridad estima que eso debería ocurrir este martes o miércoles o incluso la próxima semana, ya que aún queda pendiente un trámite del proyecto de Nueva Educación Pública en dicha comisión.

Algunos puntos del proyecto

El texto se establece a partir de un diagnóstico que reconoce la falta de "regulación" del sistema y el segundo plano en el que se encuentran los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica.

El documento está estructurado según la descripción de: la Superintendencia de Educación Superior, el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior, la Subsecretaría de Educación Superior, las regulaciones y prohibiciones aplicables a las instituciones sin fines de lucro, un apartado para la Educación Superior Estatal y una serie de artículos transitorios.

El texto define a la universidad con una misión basada primordialmente en "crear, preservar y transmitir conocimiento, y formar graduados y profesionales. Contribuyen al desarrollo de la cultura y la satisfacción de los intereses y necesidades del país y sus regiones. Cumplen con su misión a través de la realización de docencia, investigación, creación artística, innovación y vinculación con el medio".

Respecto a los CFT, indica que "su misión es la formación de técnicos altamente calificados en áreas pertinentes al desarrollo de los distintos sectores productivos y sociales. Cumplen su misión a través de la formación y la innovación en el ámbito técnico".

Tras un breve apartado para las instituciones estatales, que se refiere a su tipo de gobierno, el Mineduc divide a las IES en tres categorías: adscritas a la gratuidad, no adscritas a la gratuidad, no adscritas que reciben ayudas estatales (becas y créditos) y finalmente instituciones que no reciben financiamiento estatal. Para las que sí reciben, se establece un arancel regulado; en el caso de las no adscritas a la gratuidad este mecanismo no aplica para aquellos estudiantes que no tienen acceso a algún beneficio del Estado. Además, se establece un proceso de transición para la gratuidad.

"Se avanzará en 2017 incluyendo CFT e IP con 4 años de acreditación y sin fines de lucro hasta el 5º decil", estipula la presentación. "La ley señalará que el año 2018 se avanzará al 6º decil", agrega y, finalmente, señala que la "ruta con indicadores fiscales para cubrir deciles 7º, 8º, 9º y 10º. Se establecerá respecto de los puntos adicionales de la recaudación fiscal estructural respecto del PIB tendencial".

En cuanto a las formas en que se inyectan los recursos a las IES, no se establece un proceso de asignación a las instituciones independientemente de su matrícula, ya que mantienen los fondos de financiamiento existentes vía Ley de Presupuestos. Asimismo, se crea un aporte en "gratuidad" según desempeño a las IES, además de formalizar el Acuerdo Marco con las IES estatales.

El lucro
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Cómo se sancionará el lucro en las instituciones era una de las principales interrogantes en torno a la reforma a la educación superior. Finalmente, el Ejecutivo optó por no tipificar el lucro como delito, sin embargo, la iniciativa establecerá que quienes desvíen fondos institucionales arriesgan penas de cárcel de hasta 5 años.

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En esa línea, la iniciativa prohibirá el lucro en todas las instituciones que reciban fondos públicos, incluyendo CFT e IP. Así, se exigirá que quienes desvíen recursos para fines distintos de los educacionales que aparecen en sus estatutos, deberán devolverlos y pagar una multa de hasta un 50% del monto mal utilizado. Esto se encuentra en la última minuta entregada ayer a parlamentarios de la Nueva Mayoría en la reunión que sostuvieron en La Moneda con los ministros del comité político. Según la minuta, si los dineros no son reintegrados, sólo entonces se arriesga a una sanción penal: “En caso de no devolver dichos recursos a la institución, se configura el delito de apropiación indebida que se establece en el Código Penal, pudiendo la pena llegar hasta cinco años de cárcel”.
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Con esta estrategia, el gobierno busca sancionar el retiro de utilidades y desvío de fondos con penas de cárcel, sin la necesidad de crear el delito de lucro en las instituciones de educación superior. La minuta señala también que se “prohibirá la participación de personas jurídicas con fines de lucro en las instituciones de educación superior y se resguarda que entidades que lucran puedan tener el control de manera indirecta”.
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Además, el marco regulatorio para el lucro “prohibirá las operaciones de las instituciones con sus dueños  (organizadores asociados), sus controladores o autoridades superiores”. El documento añade que se van a “regular las operaciones con otras personas relacionadas, a un precio justo”.

Si bien la descripción tranquilizó a algunos, también generó dudas. “A mí me parece que sería mejor crear una figura penal específica para sancionar el lucro, porque la apropiación indebida como conducta típica es difícil de constituir bajo el marco de lo que conocemos como lucro. Entonces, considero que es mejor penar esa conducta creando un tipo penal especifico”, señaló el diputado DC Fuad Chaín.

Para el vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch) y rector de la U. de Valparaíso, Aldo Valle, con esto “se avanza, pero aún es débil el régimen para sancionar el lucro”. Esto, explicó, principalmente “porque todas las decisiones quedan en manos de un organismo administrativo, que es la superintendencia. Debe permitirse que una persona cualquiera pueda acudir a los tribunales de justicia y presentar una denuncia, y no que dependa de la autoridad administrativa o gobierno de turno”.

Respecto de regular las operaciones con otras personas relacionadas -que no sean dueños o controladores-, Valle dijo que “la norma no puede ser regular, sino prohibir” y que espera que el proyecto de ley especifique “las operaciones que selectivamente se pueden autorizar y que no dañen los objetivos de las instituciones”.

Por último, la superintendencia podrá solicitar al Ministerio de Educación la revocación del reconocimiento oficial del plantel, en caso de que “el problema del lucro haga peligrar el proyecto institucional”.