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jueves, 14 de julio de 2016

                               Opinión del editor

SÁLVENSE QUIEN PUEDA

Por Walter Krohne


Una verdadera alarma económica, que probablemente aterrizará en un nuevo recorte de las expectativas del PIB para este año, está viviendo Chile, lo que la presidenta Michelle Bachelet  simplemente atribuye a un “crecimiento más lento” de la economía sin mencionar, ni menos reconocer, los efectos negativos que han tenido las malas reformas, especialmente la tributaria, la laboral y más recientemente la educacional, cuyo último proyecto acaba de ingresar al Congreso, donde se espera un trámite largo y tedioso.

Estas reformas inciden directamente en la caída de la inversión, señalan  los expertos, pero el Gobierno no quiere verlo así e insiste en terminar “a como sea”, por razones político-electorales, las promesas que hizo en su campaña y que no tenían ningún sostén técnico-profesional. Fueron promesas para ganar votos y punto. Si estas promesas se cumplen bien o mal, parece no importarle a nadie ni en el Gobierno ni en los partidos ni tampoco las consecuencias que éstas tendrían en el futuro desarrollo de Chile.

En caso de que se concrete una tercera caída consecutiva anual en la inversión, sería la mayor baja en un año desde la década de los ’70 y la economía nacional completaría el peor trienio de crecimiento desde fines de los ochenta.

El problema más grave, sin duda alguna, es la caída del precio del cobre, el ingreso más sólido que el país tenía hasta ahora y desde hace décadas. Ya en los años de la Unidad Popular se le llamaba “el sueldo de Chile”.  Sin embargo, no se puede ofrecer ni emprender un paquete  de reformas de todo tipo y de alto costo en cuatro años  sin una base firme de ingresos. Esto es válido para cualquier proyecto, ya sea privado o público. Pero aquí en Chile, al estilo “chilence” los políticos y sus operadores dijeron entre cuatro paredes, como ocurre a menudo,  “echémole  pa’ delante nomás”,  sin pensar en el desastre nacional, que seguramente endurecerá el ya grave problema de la desigualdad económica en Chile. Nadie pensó en “el chileno de a pie” y el país ha continuado sin crear industrias o nuevas fuentes de producción que evite desastres económicos cada vez que baje el cobre. Menos ahora que se pronostica una nueva baja en las inversiones.

Por lo demás, al comenzar las promesas la Presidenta y sus asesores ya sabían que el precio del cobre comenzaba a caer en un ciclo que puede durar años al ritmo de como ya está ocurriendo. Perfectamente la administración de turno podría haber modificado sus propuestas o haber impulsado solamente parte de ellas, pero no, porque políticamente hubiese sido mal visto. Para peor, al aprobarse la reforma tributaria no hubo tampoco capacidad para calcular bien el costo real de la reforma educacional. Las sorpresas han venido después y ¿ahora qué?. Se requieren 3.600 millones de dólares según el proyecto presentado, incluyendo un monto de becas de mantención y los recursos destinados para la creación de un fondo para el desarrollo de la investigación. Corresponde al 1,5% del PIB chileno que es de US$ 240 mil millones. Si el Estado tuviera este fondo disponible la pregunta sería: ¿quiere una mayoría de chilenos usar toda este dinero en la reforma educacional o hay otras necesidades, como salud, educación no terciaria, pensiones, infraestructura o creación de nuevas fuentes de trabajo?

Esta es la consecuencia de conductas irresponsables de algunos dirigentes políticos que miran la realidad del país y actúan con un nivel cero de ética y tienen la mirada puesta solamente en las elecciones presidenciales del 2017 porque para ellos es muy importante elegir a quienes van a administrar lo que aún queda de la “torta” que había en los noventa tras el retorno de la democracia. En otras palabras, mantener el control del poder para algunos dirigentes los enceguece frente a las necesidades de la gente y del país.
A veces pienso que a Chile no le ha servido mucho pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que agrupa a 34 países miembros y su misión es promover políticas que mejoren el bienestar económico y social de las personas alrededor del mundo, porque este mejoramiento no ha llegado a Chile y más bien ha empeorado, al menos en estos casi tres últimos años.
Hay que pensar que esta organización es un foro para que los gobiernos de los países miembros, especialmente los más débiles  puedan trabajar conjuntamente para compartir experiencias y buscar soluciones a los problemas comunes como también conocer y comprender los caminos que conducen al  cambio económico, social y ambiental, midiendo la productividad y los flujos globales del comercio e inversión.
Pero para la presidenta, según su discurso, lo efectivo es “pensar políticas públicas, con nuestra mente puesta en nuestros objetivos sociales y de impulso económico al mismo tiempo”. Palabras y palabras que carecen de consistencia y se las lleva el viento. Los chilenos no podemos esperar o vivir solamente de la retórica, se requieren hechos concretos y buenos resultados para salir adelante dentro de la selva en que se ha convertido el mundo en general, especialmente cuando los expertos económicos –Bachelet no es economista- dicen y repiten en culpar a la agenda de reformas que califican como factores no cíclicos que explican el momento en que vivimos.

Los expertos coinciden en que la reforma tributaria, laboral y la educacional son “efectos estructurales” que repercuten en un menor crecimiento que actualmente sería de 1,75% para este año y muy probablemente seguirá bajando.

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