Según informó El Mercurio, “a comienzos de este mes, el Presidente Sebastian Piñera grabó en La Moneda un video de 15 minutos, cuyo estilo tiene semejanzas con el formato reality. Desde hace 10 días, el Gobierno exhibe el material audiovisual a dirigentes sociales que participan en capacitaciones y otras actividades, en Santiago y regiones. En la presentación, el Mandatario recorre distintas dependencias de Palacio, como el patio de los Cañones, el salón Matta, la galería de los Presidentes y su despacho…”.
Es parte, obviamente, de una masiva campaña publicitaria, apoyada con un vasto despliegue publicitario en los medios de comunicación y la entrega de un periódico de casa en casa. Sin duda se trata de un deliberado esfuerzo por derrotar la mala imagen de las encuestas. Pero es difícil que sea suficiente.
Si se consideran los fundamentos ideológicos del gobierno (expuestos en la campaña, tanto por el propio candidato como por sus partidarios), era fácil anticipar conflictos. Había, sobre todo, funcionarios públicos que se sintieron amenazados en su estabilidad laboral y diversos sectores identificados tradicionalmente con la izquierda política.
Como sabemos, ha habido problemas con estos sectores, algunos bastante graves, como es el caso de los estudiantes y el Colegio de Profesores. Lo que no se anticipaba es que también se produjeran tiranteces con sectores tradicionalmente cercanos a la derecha o, si se prefiere, a la centro derecha. Ello podría explicar que en palacio se haya sentido la necesidad urgente de esta arremetida comunicacional.
Los transportistas, los mismos que lideraron las protestas contra Salvador Allende, no están contentos: les molestan las alzas de los combustibles y de los peajes. Tampoco están contentos los exportadores, especialmente los del sector agrícola, que no se resignan al estancamiento del precio del dólar. Y las agrupaciones patronales, que dejaron caer sin un quejido a los responsables del descalabro de La Polar y ya parecían haber olvidado la colusión de las farmacias, han empezado a mostrar una creciente incomodidad. Les molesta, de manera cada vez más visible, el tono de la ofensiva contra la colusión de los productores de pollos, y la eventualidad de que ocurra algo parecido en el retail.
El propietario de Cencosud, nacionalizado con lo que hoy parece excesivo entusiasmo, sacó la voz para reclamar por la publicidad con que se allanaron sus oficinas y las de la competencia. Comprensiblemente calló luego cuando el Consejo de Defensa del Estado anunció querella por la supuesta “ayuda humanitaria” traída desde Argentina y vendida al Estado chileno a buen precio. No bastó para calmar al Consejo el hecho que Cencosud ya haya pagado los derechos de aduana inicialmente escamoteados.
Nada, sin embargo, se puede comparar con el creciente distanciamiento entre el Ejecutivo, especialmente representado por el Ministro del Interior, y el poder judicial y la Ministerio Público.
Al principio fueron discretas discrepancias respecto de las maneras de interpretar la ley y castigar a los delincuentes o a los sospechosos de serlo. Pero el tema de la seguridad ciudadana, que tanto peso tiene en las encuestas, ha enardecido los ánimos. El ministro Hinzpeter acusó al fiscal Nacional de salirse de la ley al no concurrir a una cita en La Moneda. El presidente de la Corte Suprema tuvo mejor suerte, pero igualmente fue recriminado por restarse de las que el gobierno considera iniciativas fundamentales.
El fin de semana, un grupo de parlamentarios de RN y la UDI ha echado mas leña al fuego: se anunció su disposición a iniciar procedimientos para defenestrar al fiscal. En declaraciones a radio Cooperativa, el diputado Gustavo Hasbún sostuvo que “el Ministerio Público, como el Poder Judicial, está actuando con una negligencia evidente e inexcusable y en ese sentido hay que tomar medidas, entre ellas enviar una ley para evaluar, fiscalizar y controlar la función del fiscal nacional, de los fiscales regionales y los fiscales jefes”.
Parece que vamos derecho a una guerra en forma. Algo sorprendente cuando por tradición los sectores conservadores han respaldado con entusiasmo y sin reticencias a los jueces.
Solo falta –como ya ocurrió antes del golpe de 1973- que se escuchen expresiones malsonantes y nada elegantes a la hora de referirse a los más altos magistrados del país.
En esta línea, una campaña publicitaria del gobierno –incluyendo un esfuerzo por mejorar la imagen presidencial- difícilmente va a mejorar las cosas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario