AL FINAL CRISTINA LO LOGRÓ – AHORA PUEDE CONTROLAR A LOS DIARIOS ARGENTINOS REGULANDO A SU ANTOJO EL SUMINISTRO DEL PAPEL PRENSA
Argentina se convirtió esta semana en el único país democrático del mundo en que el gobierno controla la producción de papel de diario, lo que le permitirá poder ejercer una fuerte presión “sobre los periódicos que disienten”, declaró el portavoz del diario La Nación de Buenos Aires José Ignacio López.
Con el voto de la mayoría kirchnerista y de seis legisladores de fuerzas aliadas, el Senado argentino aprobó la controvertida ley que intenta regular el mercado del papel de diarios, insumo básico de la prensa escrita y, por lo tanto, uno de los pilares de la libertad de expresión. La iniciativa fue aprobada por 41 votos a favor y 26 en contra y una abstención.
La medida es rechazada por los principales periódicos locales, que la consideran como un paso más del gobierno de la Presidenta Cristina Fernández en su arremetida contra los medios opositores, especialmente los diarios Clarín y La Nación.
En esta forma, Argentina, con la aprobación del Senado ayer, quedó con una libertad de expresión restringida debido a que el oficialismo controlará en el futuro a los diarios opositores mediante el simple mecanismo de reducir la cantidad de papel que las empresas periodísticas opositoras necesitan para hacer circular sus periódicos.
La ley declara de interés público el papel de diario, cuyo único fabricante es la empresa Papel Prensa, controlada por el Grupo Clarín (49% de las acciones) y la compañía que publica La Nación (22,49%), mientras el Estado tiene una participación del 28,08%. La solución sería que en este caso La Nación le vendiera al Grupo Clarín un 2 por ciento de sus acciones para que esta empresa periodística tuviera la mayoría del capital de Papel-Prensa.
A partir de la promulgación de la ley, la empresa Papel Prensa estará obligada a operar al máximo de su capacidad y a proveer de papel a todos los diarios del país que así lo requieran, a un precio que fijará el Ministerio de Economía.
En caso de no poder cumplir con esas metas, Papel Diario podría ser sancionada, medida que podría llegar hasta la confiscación de la misma. Así, la nueva regulación le da al Estado una fuerte injerencia en el manejo y la administración de uno de los insumos básicos para los diarios.
El gobierno argumenta que decidió tramitar el proyecto en el Congreso argentino tras acusar a los accionistas de Clarín y La Nación de haberse apropiado ilegalmente de las acciones de Papel Prensa en 1976 -cuando comenzó el gobierno militar- y de privilegiar sus intereses.
En el Senado ayer, la senadora kirchnerista Liliana Fellner aseguró que el proyecto apunta a "la pluralidad de voces" y a "democratizar" la actividad de los medios. La legisladora, presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara Alta, agregó que la ley busca "terminar con los cupos que impiden que todos los diarios del interior del país accedan al papel".
Sin embargo, la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (Adira) advirtió la semana pasada que la iniciativa oficial podría perjudicar a esos medios. Reclamó al gobierno "K" que garantice el pluralismo informativo y la continuidad de todas las empresas periodísticas del resto de Argentina.
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| Empresa Papel-Prensa |
La arremetida contra los medios se ha agudizado en los últimos días con la intervención judicial de Cablevisión, una empresa del Grupo Clarín.
Ayer se supo también que a instancias del gobierno, un juez decretó el congelamiento de los bienes del diario La Nación por una supuesta deuda de IVA que se arrastra desde 2001.
La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reclama a La Nación y a otros 23 medios una deuda cercana a los US$ 116 millones en concepto de IVA.
Como las empresas periodísticas discuten la legitimidad de ese reclamo, la Corte Suprema dictó en 2009 una medida cautelar que impide el cobro de esa supuesta deuda hasta que termine una investigación.
La medida impide que la empresa periodística disponga de sus activos, y pueda, por ejemplo, venderlos. La AFIP reclama a La Nación una deuda de US$ 37 millones.
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