Página Editorial y Puntos de Vista: Posiciones de Nicaragua y Costa Rica

Diario La Prensa de Nicaragua
El “patriotismo” del presidente Ortega

Por María José Zamora Solórzano

Que el río San Juan es hasta la última gota nicaragüense, no está en discusión. La protesta de Costa Rica, según entiendo, se refiere a la incursión de efectivos del Ejército de Nicaragua en territorio costarricense. Si lo anterior es verdadero o falso, es lo que debe de aclararse en las instancias correspondientes y que dicho sea de paso, de acuerdo a la opinión de algunos expertos, Costa Rica se equivocó al recurrir a la OEA.

Por su parte el Gobierno de Nicaragua decidió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, para que sea este tribunal el que decida. Me explicaba un amigo, experto en temas limítrofes, que el Gobierno de Nicaragua comete un error al llevar nuevamente el caso del río San Juan a la Corte de La Haya, pues la pertenencia del río San Juan a Nicaragua es cosa juzgada y reabrir el caso lo que puede provocar es que efectivamente logre Costa Rica concesiones sobre el río que actualmente no tiene.

Considero que, si en efecto el Ejército de Nicaragua ocupó territorio costarricense, el Gobierno de Costa Rica tiene todo el derecho de protestar, pero de igual manera tiene el deber de demostrarlo. Por el otro lado, si Nicaragua está haciendo labores de dragado en su territorio, como es el río San Juan, y ha respetado los límites fronterizos con Costa Rica, la manera adecuada de reaccionar del gobierno de Ortega habría sido desenmascarar la falsedad que, aparentemente, ha inventado el Gobierno de Costa Rica. Sin embargo pareciera, por la forma histriónica con la que el presidente Daniel Ortega ha manejado este asunto, que el objetivo es levantar su imagen como el gran defensor de la soberanía nacional y distraer la atención de la grave crisis de legalidad y la voraz corrupción que representa su administración.

El discurso “patriótico” del presidente Daniel Ortega, fundamentalmente contradice sus acciones. Mientras habla de defender la soberanía de Nicaragua, descaradamente y de manera permanente y sistemática mancilla la bandera Azul y Blanco, al colocar a su lado, la bandera roja y negra del partido FSLN. Insiste en buscar soluciones a través de organismos internacionales, a los que dice respetar, y sin embargo le ordena a su vasallo Roberto Rivas, rechazar la observación internacional para las elecciones del 2011. Habla de paz y reconciliación; pero además de avalar el fraude de las elecciones municipales del 2008, promueve el enfrentamiento y la polarización de la sociedad nicaragüense con sus pretensiones reeleccionistas anticonstitucionales.

Ante este súbito “conflicto” entre Costa Rica y Nicaragua habrá que esperar los resultados finales para descartar que aquí no hay “gato encerrado”. Hay que recordar los fuertes vínculos que la familia Ortega Saavedra tiene con Costa Rica. Según información aparecida en los diarios nacionales, varios hijos del presidente Daniel Ortega estudian en ese país y habitan en lujosas propiedades que pertenecen a Roberto Rivas, el ejecutor del fraude electoral del 2008. Harold Rivas, hermano de Roberto Rivas, es el Embajador de Nicaragua en Costa Rica, y por si faltan elementos de juicio, Humberto Ortega, hermano del presidente nicaragüense, tiene millonarias inversiones en Costa Rica, que lo han convertido en todo un magnate.

Para evitar que la población tanto nicaragüense como costarricense sean objeto de manipulaciones de grupos de poder económico, que pudieran estar detrás de este conflicto, sería de gran utilidad que periódicos serios e independientes de ambas naciones, investiguen a fondo este tema, tomando en cuenta al menos tres factores: el estilo feudal que tiene Daniel Ortega de administrar los recursos de Nicaragua, el poder e intereses económicos que tiene Humberto Ortega en Costa Rica, y el siempre presente deseo de los gobiernos costarricenses de adquirir derechos sobre el río San Juan.

Si algo puedo asegurar, es que desde 1979 Daniel Ortega ha encontrado la manera de que su “patriotismo” le genere ganancias personales de cientos de millones de dólares. Pregunto: ¿No será el surgimiento de esta situación la gran oportunidad para que toda Nicaragua avale y respalde otro gran negocio de los hermanos Ortega Saavedra?

Tanto en Argentina, Nicaragua, Ecuador como en Venezuela, la asfixia económica suele tener desvergonzadas intenciones extorsivas. Los propios gobiernos están al acecho de los medios privados que desbaratan o crean nuevos con recursos públicos.

Diario La Nación de Costa Rica
Una agresión intolerable


Costa Rica es víctima de una invasión de militares extranjeros


El Gobierno de Nicaragua ha violado la integridad territorial y la soberanía de nuestro país, y ha ejecutado reiteradas acciones en menoscabo del ambiente en una zona extremadamente vulnerable: la cuenca del río San Juan, en el sector este de la frontera entre ambos países.

En este momento, tropas nicaragüenses permanecen estacionadas en la isla Calero, una porción en la margen derecha del río San Juan e indisputada del territorio costarricense, y parte de esa cuenca.

Nuestros derechos sobre la isla son absolutamente claros y están sólidamente establecidos. Así lo reconoce la cartografía oficial elaborada por el Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica y por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. También lo ratifica el Instituto Geodésico de Estados Unidos. Incluso, mapas presentados recientemente por Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia, como parte de la documentación sobre un caso relacionado con el río San Juan, incluyen a la isla Calero en nuestro territorio.

La única justificación que hasta ahora han dado para contradecir esta evidencia, es totalmente frívola, casi inverosímil: un mapa del buscador web Google, que no tiene carácter oficial y que, además, la propia empresa ha reconocido que no es exacto.

Por esto, lo que ocurre en esa zona no es una simple disputa fronteriza, como las autoridades nicaragüenses aducen. Al contrario, enfrentamos una clara intervención militar de su Ejército que, además de impacto directo sobre Costa Rica, viola abiertamente el derecho internacional y pone en riesgo la estabilidad y la paz de Centroamérica y el Caribe.

Costa Rica es un país desarmado. Abolimos el ejército en 1949. Gracias a esta decisión, hemos podido consolidar nuestra estabilidad política y destinar mayores recursos al desarrollo económico y social. Estamos comprometidos con la coexistencia pacífica con nuestros vecinos, especialmente los inmediatos, como Nicaragua y Panamá. Por esto, entre otras cosas, hemos acogido como hermanos a más de 500.000 nicaragüenses que han emigrado a nuestro país en busca de mejores condiciones de vida.

Tenemos una larga tradición de respeto a la ley interna y al derecho internacional. De él, y de su expresión mediante los organismos multilaterales, dependemos para proteger nuestra seguridad de agresiones externas, como la que ahora padecemos.

A la vez, sin embargo, no podemos tolerar la ocupación foránea de una parte de nuestro territorio que, además, es ambientalmente clave. La isla Calero, de 151 kilómetros cuadrados, es un humedal protegido internacionalmente y ubicado en una zona de gran riqueza ecológica. Por su interacción con el río y la zona marítimo-costera, constituye parte del corredor biológico de Mesoamérica, y está protegida por convenciones internacionales sobre el ambiente, que Costa Rica respeta de forma escrupulosa.

Por esto, un efecto secundario de la ocupación nicaragüense, precedida de obras de dragado sin estudios técnicos que las sustenten, es agredir la sostenibilidad ambiental.

Como parte de nuestro apego a la legalidad internacional y al sistema multilateral, mi Gobierno ha llevado el caso a la Organización de Estados Americanos. El miércoles 3, planteamos una documentada denuncia ante su Consejo Permanente, que Nicaragua no pudo rebatir. El viernes 5, el Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, emprendió un viaje por San José y Managua, para conversar con las autoridades costarricenses y nicaragüenses. El martes sesionará de nuevo el Consejo Permanente, para escuchar su informe.

Costa Rica confía en que la OEA asuma la responsabilidad que le corresponde en este caso, conforme a su Carta. Si fallara en hacerlo, nuestro país puede acudir a otros recursos, siempre dentro de la paz y el derecho internacional, pero la OEA se precipitaría en una crisis de muy graves consecuencias.

Es decir, en este caso no solo están en juego nuestra integridad territorial y soberanía. También lo están la propia OEA y el Sistema Interamericano, partes consustanciales del derecho internacional. Cerrar los ojos ante esta realidad sería irresponsable y suicida.