Página Editorial Latinoamericana - Narcopólitica en México y Acusaciones "futboleras" en Chile

Diario El Universal de Ciudad de México
Frenar a tiempo la narcopolítica

El crimen organizado es inexplicable sin complicidad desde los círculos políticos, dijo ayer el presidente Felipe Calderón. Tiene razón. No basta con corromper policías para garantizar la libertad de delinquir. Por eso resulta también inexplicable que ese grave problema no esté acompañado de juicios penales abiertos en contra de los funcionarios implicados.

La justicia ha dejado al debe el esclarecimiento de los vínculos entre políticos y criminales. El emblemático caso del Michoacanazo —espectacular operativo en territorio gobernado por el PRD (Partido de la Revolución Democrática) — es prueba de ello. Al cabo de los meses fueron liberados casi todos los inculpados.

La excepción del Michoacanazo, para fortuna del gobierno federal, reavivó la lucha. Julio César Godoy Toscano, diputado con fuero, es legalmente inocente, pero nunca desmintió las grabaciones en las que conversa afablemente con un capo del narcotráfico. En dicho audio, La Tuta, líder de La Familia michoacana, le garantizó al entonces candidato que sería el ganador de las elecciones del 4 de julio, y así fue.

Muy poco se ha hecho para limpiar de corrupción a los poderes Ejecutivo y Legislativo. Pero se puede hacer algo para prevenir esa intromisión en primer lugar. ¿Cómo? Interceptando la narcopolítica desde su origen: las elecciones.

A partir de ahí resulta pertinente que el gobierno federal, por medio de la Procuraduría General de la República, haya hecho explícito que la Fiscalia Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) tomará un papel protagónico para evitar que el dinero de las mafias llegue a las campañas, a los candidatos y a los partidos políticos.

Hasta ahora la Fepade había sido gris e incluso inocua en su función. No se conoce un solo expediente que pruebe la financiación criminal de una campaña, pese a que la lógica dicta lo contrario.

Acertó el presidente Calderón ayer ante la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) al decir que hoy no es el Estado a nivel nacional el que restringe la libertad, sino el problema endémico de la delincuencia organizada. Es verdad, los criminales son el enemigo a vencer, y para derrotarlos hay que cortar sus conexiones con el poder público.

Es un inicio comprometer a la Fepade a investigar y llevar a juicio a los corruptos y los corruptores. Habrá que esperar que esa voluntad política se refleje en capacidad probatoria, tan maltrecha hoy día.

Diario La Tercera de Santiago de Chile
Responsabilidad en denuncias públicas

Los parlamentarios deben aportar pruebas cuando hacen acusaciones como las que involucran al Presidente de la República en la elección de la ANFP.

La elección de una nueva directiva en la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) ha provocado un gran revuelo que aún no se apaga. La indignación de una mayoría de los hinchas del fútbol por el resultado generó un clima lleno de suspicacias que ha sido terreno fértil para un gran número de denuncias que intentan explicar la derrota del actual presidente de la ANFP en las urnas y la mediática renuncia a su cargo del entrenador de la selección nacional de fútbol.

Una de las acusaciones que ha surgido se refiere a una supuesta intervención desde el gobierno para favorecer a la lista que finalmente resultó ganadora. La idea de que el Presidente de la República, en su calidad de accionista de la sociedad controladora de Colo Colo, el subsecretario de Deportes (ex socio de la misma) y el ministro de Educación (accionista de Wanderers) tuvieron algo que ver en la elección de la ANFP se difundió con rapidez.

En el caso del Mandatario, la versión también apuntaba a los impasses ocurridos con el seleccionador nacional y a la supuesta cercanía del timonel de la ANFP con la administración anterior. El Jefe de Estado ha desmentido personalmente las denuncias. Estas, surgidas inicialmente desde algunos blogs y redes sociales, fueron creciendo en intensidad hasta llegar incluso a ser voceadas por parlamentarios y figuras políticas. Ninguno de ellos, sin embargo, ha sido capaz de aportar hasta ahora evidencia para sustentar las alegaciones, limitándose a reproducir -o hacer propios- rumores y palabras de terceros.

No resulta conveniente que, utilizando el clima generado por la situación en la ANFP, se lancen denuncias que sólo parecen estar fundamentadas en el oportunismo. Si existen antecedentes creíbles que dan sustento a las acusaciones, éstos deben ser presentados a la brevedad. Si, en cambio, no los hay, sería prudente dejar de lado las acusaciones y no involucrar a instituciones como la Contraloría General de la República o la Cámara de Diputados en campañas de posicionamiento que sólo buscan un efecto mediático y que distraen a dichas instituciones de sus labores. Cabe esperar un uso responsable de la libertad de expresión y de los recursos institucionales de parte de todos los ciudadanos, pero más aún de quienes ocupan puestos relevantes y ejercen la actividad política.

La Moneda estaría evaluando interponer acciones legales contra quienes han difundido estas acusaciones. Aunque se encuentra en su derecho de hacerlo, no parece en su caso ser ésta la vía más recomendable para enfrentarlas, por la connotación política que adquiriría la tramitación de las eventuales querellas y porque éstas sólo conseguirían prolongar una polémica que, mientras no se aporten pruebas para validar las acusaciones, es dañina para el gobierno.

A raíz de esta controversia, el Mandatario se ha mostrado "dispuesto a reexaminar" su condición de accionista de Blanco y Negro. Para evitar ubicarse en una posición en la que se produzca un potencial conflicto de intereses, el jefe de Estado se ha deshecho de su participación en numerosas sociedades anónimas y sería recomendable también que haga lo propio en la controladora de Colo Colo. Asimismo, el Presidente debe cuidar la oportunidad en que realiza anuncios como el que hizo la semana pasada sobre reparaciones en los estadios de Viña del Mar y Valparaíso, dada la sensibilidad política provocada por la elección en la ANFP.