Diario La Tercera de Santiago de Chile
El Fisco debe utilizar juiciosamente los fondos y comprometer su uso de forma que el país avance hacia el desarrollo y una mayor equidad.
Los altos valores para el precio del cobre parecen encaminados a marcar nuestra economía por un período largo. Debería ser claro que para Chile, el productor de cobre más importante del mundo, un alza duradera en el precio de este metal no debería representar ninguna amenaza y sí grandes beneficios. Los altos precios del cobre abren a nuestro país la posibilidad de acometer programas o reformas muy importantes para la prosperidad de su población. La percepción de que nuestra economía podría estar encaminada a un problema debido al alto precio del cobre solo puede derivar de falta de capacidad o disposición a manejar la bonanza de forma de asegurar que nos es por completo beneficiosa.
Los ingresos asociados al mayor precio del cobre tienen tres destinos posibles: financiar mayor inversión o mayores gastos de operación para incrementar la escala de explotación del cobre nacional; acrecentar los ingresos tributarios del Fisco; ser retirados de las empresas productoras, por sus dueños, como utilidades distribuidas.
A partir de valores ya elevados es probable que nuevos incrementos en el precio del cobre no tengan efectos adicionales relevantes sobre la inversión o el nivel de contratación de factores en la industria del cobre; asimismo, es poco probable que las mayores utilidades después de impuestos de las empresas productoras se transformen en consumo adicional de bienes domésticos por parte de sus dueños, en gran parte corporaciones de marcado carácter internacional. El gran impacto potencial sobre el gasto doméstico, capaz de desajustar la economía y de afectar precios fundamentales, como el tipo de cambio o los salarios, está asociado al Fisco chileno.
Por cada dólar adicional en el precio del cobre, el Fisco queda en condiciones de financiar anualmente un gasto adicional cuantioso, del mismo orden de magnitud de lo que costará reconstruir lo dañado por el terremoto. Esto sí puede alterar significativamente el desempeño económico del país. Nuestra legislación, que regula el comportamiento fiscal, permite que, ante disponibilidad de recursos, el gasto pueda crecer sin más límite que la voluntad de las autoridades; es lo que observamos en años recientes, cuando las reglas fiscales han sido excedidas.
Como sabemos, a partir de consultas a asesores, un buen precio del cobre puede llevar a revisión de los parámetros que orientan la política fiscal, validando un mayor nivel de gasto. Es el Fisco, entonces, el que debe dar certezas mayores, que hoy día no existen, en cuanto a que no va a utilizar libremente los recursos adicionales.
Pero las autoridades fiscales no solo deben comprometer que no gastarán automáticamente los recursos: deberían, poniendo en perspectiva las posibilidades que abre el buen precio del cobre, definir el destino que propondrán para estos recursos de forma que se aprovechen eficientemente para adelantar los pasos fundamentales para lograr el desarrollo y una mayor equidad.
El compromiso de que habrá un destino preciso y bien estudiado para los recursos extraordinarios, y la certeza de que estos no se diluirán en el corto plazo en simple acomodo fiscal de presiones de diverso tipo, debería romper la actual vinculación automática entre mayor precio del cobre y caída en el tipo de cambio. El estudio serio de las alternativas de destino más provechoso para estos recursos debe llevar al país a recibirlos sin temores y con grandes expectativas.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario