Ponen en duda la libertad de expresión en Panamá tras la condena de dos periodistas

En medio de fuertes denuncias de violación del derecho a la libertad de expresión, el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, indultó hoy a dos periodistas que habían sido sancionados por el sistema judicial e inhabilitados en el ejercicio de sus funciones profesionales. Martinelli dijo que respeta la separación de poderes, pero dejó sin efecto el fallo judicial que condenó a la directora de noticias de Televisora Nacional (Canal 2), Sabrina Bacal, y al periodista Justino González a dos años de cárcel, sustituidos por una multa de 6.000 dólares y la inhabilitación profesional por un año.

El fallo, emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 27 de septiembre, fue considerado por el Sindicato de Periodistas de Panamá como un precedente negativo que genera "peligro" para los profesionales que desempeñan funciones periodísticas en este país. Ambos periodistas habían denunciado una red de tráfico de personas, que involucraba al servicio de Migración panameño, pero fueron acusados por calumnias por funcionarios afectados. Según el magistrado Aníbal Salas, hubo "independencia de criterio" en la decisión sobre el caso, que habría sido emitida por funcionarios probos del sistema.

Sin embargo, Filemón Medina, secretario general del Sindicato de Periodistas, dijo que "este fallo no sólo priva de la libertad a los periodistas Sabrina Bacal y Justino González, sino que los condena a muerte, al negarles el derecho al trabajo, negando por añadidura el derecho a la vida".

Al repudio se sumó la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Panamá, que expresó su apoyo a ambos periodistas que realizaron trabajos informativos en contra de la corrupción. La secretaria ejecutiva de la Alianza Ciudadana pro Justicia, Magaly Castillo, recordó que la despenalización de los delitos contra el honor fue un acuerdo de país, e instó al gobierno del presidente Ricardo Martinelli a respetar el consenso. La Alianza es una organización no gubernamental de Derechos Humanos. El presidente del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo (CNP), Ricardo Lombana, calificó como un "retroceso", el retorno de la penalización de los delitos de calumnia e injuria.