Los mineros rescatados decidieron iniciar acciones legales contra la empresa dueña del yacimiento San José, la minera San Esteban, y el gobierno, dijo hoy Edgardo Reynoso, el abogado que representa a la mayoría de los 33 trabajadores.
El jurista, en medio de una investigación parlamentaria por las fallas de seguridad en el mineral, explicó que la iniciativa busca determinar responsabilidades privadas y públicas en los hechos.
La decisión de los trabajadores fue tomada "teniendo en cuenta las palabras de la ministra del Trabajo (Camila Merino), que ha señalado que ellos tenían antecedentes de que esta mina no debería haber estado abierta", sostuvo Reinoso.
Lo anterior pese a que la secretaria de Estado rectificó sus declaraciones, asegurando que La Moneda no conocía tales antecedentes.
La acción legal, interpuesta por ahora por 31 de los 33 mineros, es emprendida en momentos que la Fiscalía indaga las responsabilidades en los hechos.
Los mineros, rescatados el 13 de octubre, estuvieron 70 días a 700 metros de profundidad, de los cuales los primeros 17 días no tenían alimentos ni contacto con la superficie.
El gobierno de Sebastián Piñera invirtió unos 10 a 20 millones de dólares en ayudarlos a sobrevivir y rescatarlos, destacó Emol.com.
El ministro de Minería, Laurence Golborne, indicó en este contexto que si algún funcionario público tenía antecedentes de la inseguridad en la mina San José previamente al accidente del 5 de agosto, debe responder ante las instancias que investigan.
"No existe ningún indicio distinto al que se ha conocido, no hay ningún conocimiento ni ninguna afirmación que haya habido de nadie respecto de los problemas de seguridad de la mina San José que se hayan efectuado en este ministerio", dijo el ministro al ser consultado sobre la posibilidad de que algún funcionario público tuviese conocimiento de problemas de seguridad en la mina.
El martes pasado, la titular del Trabajo, Camila Merino, señaló que el gobierno tenía "indicios de problemas de seguridad" en la mina y que se debió "actuar con anticipación".
"Si algún otro funcionario público tuvo alguna información y no actuó en consecuencia, deberá responder ante las instancias que se están investigando esta situación. Existen investigaciones judiciales, existen investigaciones en el ámbito legislativo, y todas estas cuando concluyan determinarán las responsabilidades", señaló Golborne.
Horas antes, en una entrevista con radio ADN, el secretario de Estado sostuvo que "no existe ningún antecedente distinto a lo que la opinión pública conoce. Los comentarios de la ministra (Camila Merino) se enmarcan dentro de ese comentario que habría hecho el diputado Carlos Vilches, producto de algún comentario de los mineros", explicó, haciendo referencia a que uno de los trabajadores habría sentido ruidos extraños momentos antes del derrumbe.
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