La respuesta de las autoridades de Teherán, que trascendió hoy, figura en una comunicación oficial que el Representante Permanente de la República Islámica del Irán ante la ONU, Mohammad Khazaee envió al secretario general del organismo, Ban Ki-moon. La carta está fechada el 28 de septiembre pasado, pocos días después del discurso de Cristina Kirchner ante la ONU, informó La Nación de Buenos Aires.
"El viernes 24 de septiembre de 2010, la Presidenta de la República Argentina repitió una declaración que llevaba implícita la falsa acusación de que algunos ciudadanos iraníes habían participado en el atentado con bomba perpetrado en 1994 contra un edificio en Buenos Aires denominado AMIA", comienza el documento elaborado por Teherán. "La delegación de la República Islámica del Irán manifiesta su pesar ante la persistencia de algunas autoridades argentinas en seguir el camino equivocado de distanciarse de la justicia, formulando alegaciones sin fundamento contra ciudadanos extranjeros, en lugar de poner en marcha investigaciones rigurosas que muestren la voluntad política de encontrar a los auténticos autores de tan execrable crimen", continua.
El atentado contra AMIA se produjo el 18 de julio de 1994 y fue el mayor ataque antisemita registrado desde la Segunda Guerra Mundial. La acción terrorista dejó 85 muertos y 300 heridos.
El caso AMIA es muy importante para el gobierno argentino, porque, en primer lugar, se ha comprometido a resolverlo ante la comunidad judía y, segundo, esta comunidad, no sólo es la más numerosa de América Latina, sino también es fuerte en cuanto a poder.
En el documento iraní conocido hoy, se vuelve a desvincular a los ocho ex funcionarios acusados por la justicia argentina en la causa que invetiga el atentado a la mutual judía. "El gobierno de Irán se ha cerciorado de que ningún ciudadano iraní estuvo implicado, directa o indirectamente, en la explosión de la AMIA", sostiene. Además, cuestiona la pesquisa que en Buenos Aires tiene a su cargo el juez federal Rodolfo Canicoba Corral. "Irán no apoya un procedimiento arbitrario que, a todas luces, infringe los derechos fundamentales de las personas sobre la base de su nacionalidad y religión, y que, con el pretexto de combatir el terrorismo, persigue objetivos políticos evidentes y no la búsqueda de la verdad y la justicia, y se sustenta, además, en informes intencionalmente engañosos de terceras partes", acusa.
En este punto, acusa al Gobierno argentino de ser "responsable en virtud del derecho internacional" de "numerosas violaciones del derecho diplomático" y menciona, en particular, "la escucha de comunicaciones de la embajada iraní en Buenos Aires" por lo que pide "hacer rendir cuentas de sus actos a las personas implicadas en esos actos ilegales".
Con el mismo tono, se acusa a las autoridades argentinas de "haber colaborado con grupos terroristas, en particular con la conocida Organización Muyahidines, cuyas actividades terroristas mataron e hirieron a miles de civiles iraníes inocentes". También lo hace responsable de "haber prestado apoyo financiero" a esa organización y de "haber pagado sobornos para inducir testimonios inventados contra ciudadanos iraníes".
- Que la investigación criminal del caso está plagada de irregularidades y carece de todos los atributos esenciales de una resolución judicial.
- Que no se ha respetado debidamente el principio de las garantías procesales.
- Que las autoridades argentinas no han conseguido presentar una sola prueba de la participación de nacionales iraníes en este crimen que pudiera examinar el gobierno iraní, cuya cooperación judicial procuran obtener.
Por lo anterior, recomienda que las autoridades argentinas "examinen sus propias leyes y reglamentos nacionales en materia de cooperación y extradición judiciales".
"A falta de un acuerdo jurídico sobre cooperación judicial entre los dos países, y mientras las autoridades argentinas mantengan su falta de disposición a negociar instrumentos de este tipo o, cuando menos, a facilitar pruebas que sustancien sus acusaciones contra ciudadanos iraníes, cualquier petición de cooperación judicial es insostenible", subraya el documento iraní.
La delegación argentina se retiró de la sala el 23 de septiembre pasado cuando habló el presidente de Irán, Mahmud Ahmadineyad, como muestra de protesta por el atentado perpetrado por iraníes en 1994 contra la AMIA.
La presidenta argentina, en su discurso en la Asamblea General de la ONU el día 24 de septiembre de este año sorprendió al plantear una propuesta para destrabar el conflicto con Irán por la resistencia del país islámico a extraditar a los acusados por el atentado a la AMIA. Sugirió a Teherán la selección de un tercer país neutral para avanzar allí con el juicio contra los ciudadanos iraníes requeridos por la justicia argentina.
"En 2007, en este mismo ámbito, el entonces presidente argentino Néstor Kirchner solicitó a la República Islámica de Irán que accediera a la extradición de los ciudadanos iraníes que habian sido acusados por la justicia argentina de haber participado en la perpetración de tan horrible crimen. Lo volví a hacer yo en 2008 y 2009 sin mayores resultados", dijo la Presidenta en alusión al ataque terrorista de 1994.
"Mi país es líder en respeto de los derechos humanos, tenemos un sistema que garantiza el debido proceso. No se puede juzgar ni condenar a nadie en ausencia, por eso la solicitud de extradición. Pero no voy a reclamar por cuarta vez algo que evidentemente no va a prosperar", se quejó.
"Lo que voy a ofrecer es que si Irán no confía en la Justicia argentina, acceda a que elijamos un tercer país de común acuerdo para poder llevar a juicio este terrible atentado", puntualizó.
"La elección de un tercer país u órgano servirá para teminar con las excusas de la no neutralidad, con la coartada que se nos quiere imponer de que [los acusados] no van a poder ser sometidos a un juicio imparcial. Ello nos va a permitir salir y encauzar una conflictividad que tenemos que resolver en el marco de la justicia y la legalidad", ahondó. Por el lado iraní hubo completo silencio.
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