Por Hugo Latorre Fuenzalida
No es necesario ser "filomarxista" para utilizar categorías de análisis social que tan claramente demuestra a estas sociedades globalizadas como portadoras de un régimen de dominación y no de uno democrático.
Pero como un régimen de esas cualidades siembra de manera indefectible tempestades sociales y descomposición de todos sus estamentos, entonces debe retomar su carácter disciplinatorio o francamente policia-represivo.
Nada nos debe sorprender a estas alturas, puesto que la Concertación sólo sirvió para endulzar el mal sabor de esta pócima neoliberal, pero no para curar sus deletéreos efectos sociales y económicos; en consecuencia mantuvieron invariable la legislación represiva, como ha acontecido con la ley antiterrorista y otras lesivas de los derechos humanos que se han aplicadio durante los últimos 20 años.
La derecha, por lo demás, anunció en su programa de manera destacada su deseo de incrementar la capacidad represiva, supuestamente contra la delincuencia, pero nada dijeron que la delincuencia común (no la organizada) se debe al incremento de la pobreza y no a la maldad intrínseca de los ciudadanos pobres; entonces, por ese lado, de atacar la causa, nada se hace, pero de sus síntomas sí se ocupan, como si esa fuera una solución real, viable y racional. Pero indefectiblemente "la cabra tira al monte" y la derecha en el poder nada tiene que hacer con la pobreza de los pobres, pero mucho se ha de afanar con reprimir esa secuela social inevitable de la injusticia que es la delincuencia común. Esa es su única lógica posible, vienen programados genéticamente para ese tipo de reacción, es como el cuento de la rana y el alacrán: "no puedo evitarlo; es mi naturaleza".
Pero lo que no se dan cuenta estos amantes de la represión, es que los casi 200 presos por cada 100.000 habitantes que ya tenemos en Chile, más del 70% de ellos no son por delito de robo, asaltos u otros hechos de violencia; la mayoría de ellos son por narcotráfico. Lo que sucede es que como el narcotráfico es un delito organizado y financiado, la capacidad de lucha, por parte del Estado, es muy inferior y así lo va demostrando la pérdida de terreno que muchos estados de América Latina están sufriendo ante el ataque del narcotráfico.
Pero otro cuento es la delincuencia común. Es cierto que la hay y es verdad que es necesario combatirla; pero esa delincuencia es de sobrevivencia, es por las crisis económicas que aquejan crónicamente al 40% de la población joven de las grandes ciudades del país. Pero como no se quieren hacer cargo de ese drama, es más manejable instalar policías, como se instalan las farmacias, en cada barrio y en cada esquina; pero así como los farmaceutas no se preocupan de por qué los chilenos se enferman tanto, estos dirigentes de la lógica represiva tampoco se preocupan de por qué hay chilenos que caen en el estado de enfermedad social que se llama delincuencia. No es su tema, es demasiado complicado y comprometedor ocuparse de ese problema mayor; más fácil resulta atacar los síntomas del mal, pero dejar que el cáncer siga su curso.
Como el problema de la desigualdad es imposible de resolver en las condiciones de distribución del poder actual, quiere decir que su posibilidad concreta es que siga acrecentándose en el tiempo. Por tanto, esta nueva legislación, que entrega facultades a las policías para que usen y abusen de los ciudadanos, es un paso más a ese Estado policial previsible en Chile y en América Latina.
En Estados Unidos, los republicanos han dado la pista y ya el 3,5% de la población negra no habita en territorio de Estados Unidos, sino en las Cárceles de Estados Unidos.
Detrás de la lógica implícita en una forma de razonar, subsiste una lógica de interés y de poder.
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