martes, 18 de agosto de 2015

Parte 2  y final-EL DERECHO A TRANSITAR CON LIBERTAD POR LA VÍA PÚBLICA-KRADIARIO 


SERIE: LA SOCIEDAD CIVIL DEBE EXIGIR EFICIENCIA A SUS POLICÍAS (Primera parte publicada en la edición de ayer)

Parte 2  y final

EL MINISTERIO PÚBLICO ADMITIÓ QUE EL 90% DE LAS INVESTIGACIONES POR ROBOS SON ARCHIVADOS SIN RESULTADOS


Por Hernán Ávalos


En su informe anual el Ministerio Público admitió que el 90% de las investigaciones por robos son archivadas sin resultado, siendo la causa principal de la sensación de impunidad que mantiene el índice de temor a ser victimizado estable en el 80% desde el año 2003, cuando comenzó la Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana, ENUSC, realizada anualmente por el INE. No obstante, la misma encuesta efectuada en hogares sobre universos de 10.000 personas mayores de 14 años de edad, arrojó una disminución del 36% de la victimización entre los años 2003 y 2014.

Es decir, la sensación de temor a ser víctima de robo se mantiene estable en el 80% y las víctimas de robos disminuyen 36% en la última década.
Otro de los factores que incide en la sensación de inseguridad o temor a ser víctima de delito son los robos con características sensacionalistas que emiten algunos canales de televisión, llevando los delitos ocasionales y espectaculares al interior de los hogares, afectando a las personas más vulnerables o sensibles, principalmente mujeres solas de la tercera edad; el aprovechamiento político de la violencia criminal, la ausencia de una cultura preventiva anti delincuencia y el desconocimiento del sistema procesal penal, entre otros.



Entonces, la eficiencia del sistema de persecución penal está siendo cuestionada. En efecto, tanto la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Católica, como la Fundación Paz Ciudadana, a su turno, coincidieron en su baja evaluación del Plan Cuadrante de Protección Ciudadana de Carabineros. 

En sucesivos estudios han reiterado sus críticas en cuanto a que los uniformados asignados a él carecen de entrenamiento adecuado, no son evaluados uno a uno en esas funciones y no tienen estímulos al desempeño, existe frecuente rotación de personal, asignaciones antojadizas del número de efectivos y su ejecución no es preferencial ni sistemática en cuando a la provisión de los servicios policiales. Existe también una superposición de roles policiales.


Carabineros es una institución uniformada, jerarquizada, de carácter militar. Una policía visible cuyo rol principal es la prevención del delito y la protección oportuna de las personas y sus bienes. 


Hoy los carabineros bordean los 80.000 efectivos en el país. Y además de los servicios preventivos visibles a pie o en vehículos, disponen de otros dos instrumentos legales adecuados, como son el control de identidad cuando tienen indicios que se ha cometidos un delitos, que se aprestan a cometerlo o que el requerido puede ser testigo de él, y el procedimiento por flagrancia en un delito o falta. 


La flagrancia en la comisión de un delito obliga a los carabineros a intervenir sin orden judicial ni instrucción de fiscal alguno. No es que tengan una facultad discrecional, sino que deben actuar de inmediato. Así pueden impedir el delito, detener personas o perseguir a los implicados en él. Incluso pueden allanar domicilios en busca de los escapados. Y finalizada la acción dar cuenta al fiscal de turno, solicitar instrucciones a él y levantar un acta con el reporte de detenidos, víctimas, heridos y daños. Es decir, tienen facultades legales para proceder con eficiencia, oportunidad y pleno respeto a los derechos de las personas.

Gobierno actual



Por si fuese poco, recientemente el Ministro del Interior Jorge Burgos, dio a conocer el inicio del Plan Cuadrante 2.0 dotado de 1.800 millones de pesos anuales, que además de ser ejecutado a nivel nacional con hombres, vehículos y equipos adecuados, será apoyado en los cuarteles con Unidades de Análisis Criminal Local, mediante la contratación de profesionales civiles tales como sociólogos, psicólogos, geógrafos y estadísticos, entre otros, quienes tendrán la función de producir inteligencia para focalizar la prevención de los delitos.


En las comisarías los carabineros han creado unidades de investigación llamadas Secciones de Investigaciones Policiales, SIP, los cuales contrariando el rol su institución visten de civil y realizan pesquisas o labores detectivescas propias de la Policía de Investigaciones, PDI. Pero después de tres años son relevados y destinados a otras funciones. Esa dualidad de roles que tiene Carabineros la quiso terminar el Presidente Arturo Alessandri Palma hace 81 años, cuando desgajó de la policía uniformada la antigua Sección Pesquisas y fundó la Policía de Investigaciones, con los roles permanentes de investigar los delitos, fiscalizar el ingreso y salida de personas del territorio nacional y asumir la representación de Interpol en el país. 


Ha ocurrido que el crecimiento de la PDI ha sido lento, irregular y accidentado, dependiendo de los gobiernos de turno, en comparación al crecimiento demográfico sostenido. Y en la actualidad sus efectivos alcanzan sólo a los 8.000 funcionarios, entre oficiales, peritos y personal de apoyo, lo que en comparación representa el 10% de la dotación de Carabineros. Por eso en la práctica esa carencia de detectives, especialmente en algunas fronteras y zonas rurales, ha sido asumida por los carabineros que son más numerosos, están disponibles, pero que al hacerlo descuidan sus labores propias de prevención y resguardo de las personas y sus bienes.


Los fiscales del Ministerio Público tienen la obligación de llevar adelante la acción penal con el auxilio de las policías. Una reforma hoy en discusión parlamentaria podría crear la Fiscalía de Delitos Complejos o Anticorrupción y aumentar el número de persecutores ya sobrepasados por el número de causas previstas originalmente que debían atender. No obstante, tienen autoridad, independencia y respaldo legal en el ejercicio de sus funciones, como ha quedado demostrado ampliamente en los casos Penta, Soquimich, Caval y Corpesca, entre otros, llevando a juicio a personales a personalidades que parecían intocables en nuestro país. 


Por su parte las policías para ser eficientes 
, deben considerar que la sociedad civil renunció a su derecho a portar armas de fuego, delegando esa potestad en ellas. Además, tienen instrumentos legales como el control de identidad con el requisito de tener indicios de que se cometió un delito, se aprestan a cometerlo o el requerido puede ser testigo de él y el procedimiento de flagrancia que incluye la renuncia al derecho de la inviolabilidad del domicilio cuando se trata de un procedimiento en el tiempo inmediato al hecho punible. Además, los carabineros tienen la facultar de controlar a los conductores de vehículos motorizados, sin que requieran de indicios de que han cometido una falta a las leyes del tránsito. 

Esta disposición legal ha favorecido los abusos policiales, y no está en la agenda política modificarla o derogarla. Ahora de lo que se trata es de impedir que esta misma facultad discrecional de los carabineros se haga extensiva a los peatones y transeúntes, porque ella sería atentatoria del derecho a transitar con libertad por las calles y un instrumento para sospechar malos designios de quienes pasean por el parque, asisten a un mitin político o a una protesta.


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