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SOQUIMICH BAJO LA LUPA DEL SII
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El 8º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves que la Fiscalía sí podrá tener acceso a los documentos contables de la empresa SQM entre 2009 y 2014, al considerar “del todo improcedente” un recurso de la Gerencia que buscaba impedir la entrega de esa información.
El 8º Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este jueves que la Fiscalía sí podrá tener acceso a los documentos contables de la empresa SQM entre 2009 y 2014, al considerar “del todo improcedente” un recurso de la Gerencia que buscaba impedir la entrega de esa información.
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En el marco de las indagatorias por la emisión de boletas
ideológicamente falsas, que habrían sido utilizadas para financiar campañas
políticas, el gerente general de SQM, Patricio Contesse, presentó ayer
miércoles un recurso de cautela de garantías, buscando frenar el accionar de la
Fiscalía en una arista que -según fuentes de Radio Bío Bío- podría involucrar a
la Nueva Mayoría.
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En la acción legal, el gerente había señalado que “el
Ministerio Público ha decretado que se investiguen todas las boletas y facturas
emitidas por terceros a Soquimich, en el periodo del mes de julio de 2009, lo
cual excede con creces el ámbito de la investigación que la fiscalía tiene en
virtud de la querella presentada”.
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Sin embargo, la jueza Alicia Rosende estimó que “de acuerdo
a lo expuesto precedentemente, se desprende claramente que al juez de Garantía
le está vedado dirigir la investigación, careciendo en consecuencia de
facultades para inmiscuirse o intervenir en atribuciones propias y exclusivas
del Ministerio Público”.
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Esto quiere decir que ni siquiera se fijará una audiencia
para discutir la solicitud del gerente general de SQM que buscaba impedir que
los fiscales tuvieran acceso a los documentos contables de la empresa.
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En tanto, los fiscales esperan que con esta información
puedan avanzar en las indagatorias por presuntos aportes irregulares para
campañas electorales.
El gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, pidió a
la justicia que la Fiscalía aclare sus investigaciones por el presunto
financiamiento de este grupo empresarial a campañas electorales de personeros
de la Nueva Mayoría.
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El abogado de Contesse, Samuel Donoso, solicitó una “cautela
de garantías” para que el Octavo Juzgado de Garantía revise si las actuaciones
de los fiscales, en esta arista del caso Penta, están apegadas “a derecho”.
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En la Nueva Mayoría ayer fue un día de alerta ante la
posible filtración de nuevos nombres del oficialismo, financiados por la
empresa del ex yerno de Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, comentó hoy Radio
Bío Bío.
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El pasado 16 de enero y el lunes recién pasado, los fiscales
que investigan estas irregularidades estuvieron en las oficinas donde se lleva
la contabilidad de las empresas Soquimich, la minera no metálica más grande del
mundo. Ahí, según la compañía, no se incautó, sino se facilitó toda la
información requerida por los persecutores.
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La entrega voluntaria de información acordada el lunes entre el abogado de SQM y los fiscales Emiliano Arias y Pablo Norambuena, fue para evitar allanamientos a las oficinas de la empresa. En esa oportunidad, SQM se comprometió a facilitar toda la información requerida. La diligencia en cuestión apunta a reunir nuevos datos sobre presuntos delitos tributarios y financiamiento irregular de campañas políticas.
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Sin embargo, en la última jornada, Samuel Donoso, presentó
un recurso denominado “cautela de garantías”. Ahí alega que los fiscales
excedieron sus atribuciones al requerir información desde el 2009 al 2014, en
circunstancias que la querella del SII, que afecta a Soquimich, sólo se remite
a una boleta del ex subsecretario de Minería
(de Piñera) Pablo Wagner y su cuñada María Carolina de la Cerda emitida
en julio del 2009.
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Ante una investigación desformalizada, la “cautela de
garantías” permite a los indagados saber en qué pasos anda la fiscalía y así no
excedan sus atribuciones.
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A través de un comunicado, la firma minera precisó ayer que “el
directorio evaluará dicha solicitud de entrega” de
antecedentes, desligándose de las acciones de Contesse y sus abogados".
La declaración fue emitida horas después de que el propio Donoso confirmara a
Emol.com la presentación del recurso ante el Octavo Juzgado de Garantía de
Santiago para frenar momentáneamente la entrega de datos.
Esta línea de investigación se inició luego que aparecieran
boletas ideológicamente falsas emitidas a nombre de la empresa por la firma
Reactor SPA. Dichos dineros habrían servido para entregar recursos el ex
alcalde y candidato a senador por Santiago, Pablo Zalaquett. Posteriormente, se
estableció que la cuñada del ex subsecretario Pablo Wagner también emitió
boletas por servicios no prestados y que el ex ministro Joaquín Lavín habría
recibido aportes por la misma vía para su campaña senatorial. El último
antecedente que vincula a un político, sería el pago de 4,4 millones de pesos
que SQM habría realizado en 2009 a Mariela Molina, ex asesora del senador
socialista Fulvio Rossi.
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Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, Donoso se
percató que entre los antecedentes entregados “de buena fe” por la empresa a
los fiscales aparecen los archivos con todas las boletas pagadas durante una
década a políticos. Por lo anterior, el escalofrío cundió en la última jornada
en sectores de la oposición y, sobre todo del oficialismo.
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Donoso es un abogado experto en crisis, es decir, en
procesos judiciales donde están involucrados personeros de la antigua
Concertación y de la actual Nueva Mayoría, ya que actuó en los casos Mop-Gate,
Inverlink, Publicam y Tsunami. Fuentes comentaron que “dónde esté este abogado
es porque algún militante del PPD o de sus aliados está en problemas”.
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