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lunes, 8 de octubre de 2012

EL ESCÁNDALO DE LA MONEDA SUMA Y SIGUE: CORTAN SEGUNDA CABEZA FUNCIONARIA - FELIPE BAEZA

El subsecretario del interior, Rodrigo Ubilla, pidió hoy la renuncia del encargado de la licitación de tecnología antinarcótico que ahora se investiga por sobreprecios. Se trata del ahora ex jefe del departamento de Proyectos del Ministerio del Interior, Felipe Baeza.

"Yo estaba de viaje y tenía ya la decisión tomada a partir el viernes pasado. A partir de mail el subsecretario del interior el día de ayer me solicitó la renuncia, pero es una decisión que yo ya tenía tomada con anticipación.", dijo Baeza tras su reunión con Ubilla, la que duró unos cinco minutos.

El escándalo se destapó la semana pasada y en un primer momento le costó el cargo al jefe de la división de estudios del Ministerio del Interior, el ex fiscal Alejandro Peña, quien renunció al cargo tras descubrirse, por una investigación de Ciper Chile, el pago de sobreprecios de hasta un 400% por equipamientos para el combate del narcotráfico.

El ex funcionario Baeza añadió que está muy tranquilo y que otorgará todos los antecedentes a  la Fiscalía. "Doy gracias de que esto ya está en poder de la fiscalía, y todos los antecedentes que sean necesarios yo los voy a poner en conocimientos del fiscal", concluyó.

El viernes pasado, tras conocerse la renuncia de Peña se hizo pública una carta de éste en la que explicó las razones que lo llevaron a presentar su dimisión al cargo que ostentaba.

En la misiva, dirigida al subsecretario de Interior, Rodrigo Ubilla (quien aclaró que el ex Fiscal renunció personalmente sin que se le haya pedido la renuncia), Alejandro Peña da cuenta que su renuncia se produjo tras los artículos de Ciperchile.cl donde se denunciaba el sobreprecio pagado por su repartición en la compra de equipo tecnológico para combatir el tráfico de drogas. No obstante, aclaró que nadie de su equipo estuvo involucrado en el hecho, y acusó del supuesto ilícito a la colusión entre dos empresas que participaron en esta licitación.

"Atendida las publicaciones que dan cuenta de eventuales irregularidades en la licitación de los densímetros y fibroscopios por la información recabada hasta ahora”, puedo manifestar lo siguiente: Revisado los antecedentes de las mencionadas licitaciones, estas se ajustan a derecho. Sin embargo, por la publicación de Ciper, es probable sostener que habríamos sido víctimas de colusión entre dos empresas para aumentar indebidamente el precio a pagar, hecho que de materializarse produciría un perjuicio al interés público y al patrimonio fiscal, lo que debiera ser investigado en la sede pertinente".

"Por otra parte -continúa-, según dan cuenta las comunicaciones entre ellas (las empresas) y que dicho medio de publicación transcribe, que de existir irregularidades habrían sido cometidas por personas ajenas a esta división, ya que consultado Felipe Baeza (hoy renunciado), no conoció la adquiriente sino una vez iniciado el proceso de adjudicación al concurrir a la prueba en terreno".

Según Ciper Chile para el plan estrella de combate al narcotráfico, el gobierno adquirió densímetros y fibroscopios para detectar drogas, por un total de $ 1.834 millones. Por cada densímetro canceló $ 23,4 millones a un intermediario, aunque su fabricante los vende en Estados Unidos en $ 4,3 millones. Las adquisiciones son parte del Plan Frontera Norte, que dirigía el ex fiscal Alejandro Peña, y se sumaban a otras dos compras polémicas: hornos para incinerar drogas y furgones equipados con escáner que no funcionaban como estaba previsto. El monto global involucrado en estas adquisiciones se eleva a $ 4.104 millones.

El combate contra el narcotráfico en que está empeñado el Ministerio del Interior ha significado en los últimos años una millonaria partida presupuestaria para su proyecto estrella: el Plan Frontera Norte cuenta para 2012 con $10 mil millones. Su última adquisición tecnológica fueron 52 densímetros, un escáner portátil, instrumento clave para la detección de droga. La licitación involucró un gasto de $1.218.540.960. CIPER investigó el proceso de compra descubriendo que el pago a un intermediario –Tecnodata, de propiedad de Alfredo Giacoman- significó un sobreprecio de 400 por ciento.

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