Por Walter Krohne
Para los analistas y los medios no hay ninguna duda que el Gobierno pagará un alto costo por su decisión en el caso de la Intendenta del Biobío, Jacqueline van Rysselberghe, tras haberla confirmado en el cargo a pesar de los errores cometidos. En una reunión de vecinos, la jefa regional contó que había "inventado una historia” para gestionar beneficios habitacionales para pobladores (villa Aurora de Chile) que no cumplían con los requisitos necesarios para recibir subsidios estatales.
En este, como también lo ha hecho en otros casos, el Gobierno actuó más bien presionado por los dos partidos de la Alianza con sectores, especialmente en Renovación Nacional, que pedían la salida de la intendenta y sectores de la UDI que se quejaban por la falta de apoyo de La Moneda a la intendenta. Esta situación, al parecer, hizo olvidar rápidamente los graves errores políticos de la Jefa Regional del Biobío, a pesar de las pruebas presentadas por el senador de esa región Alejandro Navarro.
El diario El Mercurio opina hoy que “mal que mal, el episodio mostró la fragilidad del espíritu asociativo entre los partidos de la Alianza, aunque esto se puede haber visto exacerbado por tratarse de Van Rysselberghe, cuyo estilo de conducción ha resentido las relaciones entre ambas colectividades a nivel regional, especialmente en Concepción”.
Pero la preocupación mayor está ahora en lo que viene y no tanto en lo que pasó. El diario La Tercera señala hoy que La Moneda está estudiando una nueva estrategia para suavizar el ya denominado “golpe Rysselberghe” como, por ejemplo, estudiar con la rapidez que se requiere dos promesas de campaña: la implementación de la reforma legal para ampliar el postnatal y la eliminación del 7% que cotizan los jubilados en salud.
Según el mismo diario ya se han efectuado encuestas internas en el Gobierno, a nivel nacional y también específicamente en la Octava Región, dando ambas como resultado que la decisión de mantener en su cargo a la jefa regional resulta altamente impopular para la opinión pública.
En La Moneda prevén que la definición sobre el caso tendrá un alto costo político y que la crisis, que se extendió por dos semanas, repercutirá en las próximas encuestas de empresas privadas o encuestadoras no gubernamentales, afectando tanto la popularidad del Mandatario como del gobierno.
El Presidente ha dicho a su entorno que este caso es una prueba de que él no toma decisiones en base a las encuestas y que el caso Biobío lo resolvió tras establecerse que no había irregularidades y considerando la trayectoria política de Van Rysselberghe y su trabajo en la reconstrucción por el terremoto, agregó La Tercera. Y ayer, en su visita a Dichato, donde hubo protestas, Piñera justificó plenamente la decisión del gobierno.
Entre lo que viene podría estar una acusación constitucional contra la intendenta que está gestionando la oposición y que contaría con el apoyo de algunos parlamentarios de RN. En caso de lograrlo, sería un gol de penal para la oposición y un duro revés para la Alianza por el Cambio y especialmente para el Presidente .
Ya lo dijimos en un comentario anterior, lo ocurrido en la “capital del terremoto”, no tiene otro nombre que una irregularidad mayúscula, con el agregado de intento de engaño, que a todas luces fue un error político grave, con el cual se involucró innecesariamente además a la ministra de la Vivienda Magdalena Matte. Para bien o para mal, el Gobierno está demostrando que tiene mucho más peso en sus decisiones lo que ocurre al interior de su propia alianza que la transparencia que a diario está pidiendo la opinión pública.
¿Cómo alguien podía llegar a pensar siquiera que la intendente del Biobío, a pesar de su grave error, iba a ser removida teniendo la condición de líder del gremialismo en el Biobío y contando con todo el respaldo de la UDI, el poderoso partido aliado de Piñera?
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