La resolución adoptada por los Quince miembros del máximo organismo de la ONU autoriza también a que el Tribunal Penal Internacional (TPI), con sede en La Haya, abra una investigación sobre las violaciones de derechos humanos en las que ha incurrido el régimen libio.
"Gracias por la adopción de esta resolución. Representa apoyo moral para el pueblo libio", dijo el embajador de Libia, Abdurrahman Shalgam, que la consideró una "señal para poner fin" al régimen de Gadafi.
El máximo órgano de decisiones de la ONU adoptó esta resolución, la 1970, en una reunión que se prolongó durante casi nueve horas y que se desarrolló a puerta cerrada bajo la presidencia de turno de la embajadora de Brasil, Maria Luisa Ribeiro Viotti.
La resolución pide al TPI que investigue la posible comisión de crímenes de guerra y contra la humanidad durante la brutal represión de las protestas, se impone un embargo total sobre las armas, prohibe viajar al exterior y congela los bienes de Gadafi y 21 personas de su entorno, incluidos varios familiares y los altos cargos de su gobierno. También aborda el problema de la asistencia humanitaria, uno de los que más preocupa a la ONU.
Respecto a la asistencia humanitaria, en el proyecto de resolución se señala que habría una "autorización para que los estados miembros adopten todas las medidas necesarias para posibilitar el retorno a Libia de las agencias humanitarias y asegurar la rápida y segura ayuda a quienes lo necesiten".
"Cuando se cometen atrocidades contra los inocentes, la comunidad internacional tiene que hablar con una sola voz, y hoy se ha hecho así", dijo la embajadora de EEUU, Susan Rice, tras la votación, en la que también señaló que con la resolución 1970, el "Consejo condena la violencia, pide responsabilidades e impone sanciones".
Rice agregó que este conjunto de sanciones a Gadafi y su régimen "es una clara advertencia al Gobierno libio de que debe parar la violencia ya". El embajador de Portugal, José Filipe Moraes Cabral, subrayó a su vez que la resolución aprobada por unanimidad envía a Libia el mensaje de que "la impunidad no se tolerar" y de que los responsables de delitos de derechos humanos serán llevados ante la justicia. "Esta es una clara advertencia a quienes cometen ataques sistemáticos contra la población civil de que serán llevados ante la justicia", afirmó en su turno el embajador alemán, Peter Wittig.
El embajador de Colombia, Néstor Osorio, se pronunció en línea similar a los demás países y señaló también que "Libia tiene que encontrar una manera de responder a las legítimas aspiraciones de su pueblo".
Contrariamente, en una declaración anterior a la resolución, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, lamentó la situación que atraviesa Libia y denunció la manipulación mediática y la doble moral de la comunidad internacional que se apresura a condenar al Gobierno de Muammar Al Gaddafi, y guardan silencio sobre violaciones a los derechos humanos en países como Afganistán o Irak. Hizo también un voto por la paz y condenó la violencia.
“Los que condenan de inmediato a Libia hacen mutis con los bombardeos del Estado de Israel sobre Falluyah, y los miles y miles de muertos incluyendo niños, mujeres, familias enteras; se quedan callados con el bombardeo y las masacres en Irak, en Afganistán, no tienen moral entonces para condenar a nadie”, dijo el jefe de Estado quien hizo un voto porque Libia encuentre su camino por la vía pacífica.
Los demás países, incluidos Rusia y China, se mostraron igualmente unánimes en la condena de la violencia y el embajador chino, Li Baodong, señaló que su país está "muy preocupado por la situacion de Libia" y pidió a ese país que "restaure tan pronto como sea posible la estabilidad y el orden, y resuelva la crisis de manera pacífica".
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