La demora en la tramitación del proyecto de ley de impuesto a la minería (royalty) remite a las limitaciones institucionales de la democracia. El gobierno responsabiliza a la oposición por no haberlo aprobado, una crítica absurda, porque es minoría en ambas ramas del Congreso, una situación de poder peor que la que enfrentó la Concertación, que controló la Cámara de Diputados hasta 2008. Hoy el gobierno de Piñera debe entenderse en ella con el PRI para tener mayoría. En el Senado hay un empate que hace aun más compleja la tarea del Ejecutivo, debiendo entenderse con la oposición y asegurar la cohesión de sus bancadas.
El gobierno debe negociar con la oposición, porque lo impone el tipo de democracia establecida, con una distribución de la autoridad en varias instituciones, más allá de la separación de poderes del Estado, que incluye un sistema múltiple de partidos, gobierno de coalición, bicameralismo asimétrico, un Senado cada vez más fuerte, un Banco Central autónomo, un poderoso Tribunal Constitucional, una Constitución extremadamente rígida, etc. Es una democracia de consenso en la definición de Arend Lijphart.
Este sistema político conduce a un bloqueo institucional por la existencia de poderes de veto en diversas instancias y produce un empate en el Congreso por el sistema binominal. Para sacar adelante los proyectos de leyes e impulsar políticas que afectan intereses poderosos, desde grandes empresas hasta sindicatos, este orden institucional exige intensas negociaciones entre diversos actores.
El ministro Lavín ha tenido éxito en neutralizar al Colegio de Profesores y evita llevar adelante la reforma institucional, desviando la atención pública hacia los "colegios de excelencia", una medida publicitaria. El
ministro Hinzpeter dilataba la solución del problema mapuche, negándose a ver que la democracia exigía entenderse con la minoría y con los poderes de veto, incluso huelguistas. De ahí que esta democracia se llame de negociación. La derecha empleó el poder de veto contra los gobiernos de la Concertación con
la ayuda de los senadores designados, recurrió al Tribunal Constitucional y a los grupos de interés.
El Presidente podría ser un actor que rompiera el bloqueo institucional, jugando un rol dinamizador del proceso político. Sin embargo, está limitado por la complejidad institucional antes indicada y debe compartir su autoridad con otras instituciones. El Presidente no se manda solo, aunque tome muchas decisiones que reafirman una presidencia personal, sin evitar el bloqueo institucional.
Ha habido un cambio en el rol de la Presidencia que la ha debilitado. Michelle Bachelet optó por un liderazgo que privilegió su imagen personal, sin involucrarse en la solución de problemas conflictivos. Piñera parece reafirmar este cambio de la Presidencia.
En síntesis, los problemas de la agenda legislativa son más complejos que la decisión de uno o dos senadores. Hay serias dificultades institucionales que debilitan la capacidad del sistema político para actuar con eficacia ante problemas complejos y ponen en jaque al poderoso Presidente de la República, que aparece como observador en este escenario político.
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