Por Eugenio Alvial Díaz
Han pasado los siglos, pero seguimos con aquella colonial costumbre que seguían los Gobernadores y altas autoridades, representantes del Rey, cuando recibían las cédulas reales desde Madrid, con órdenes e instrucciones para mejor gobernar el Reino de Chile, deseos reales que no eran compatibles con la realidad de una colonia que estaba a miles de kilómetros, y que era casi totalmente desconocida para los consejeros del Rey, agregando además, que había intereses locales particulares que habrían sido perjudicados si se hubiera acogido los mandatos desde España.
Pero, estaba de por medio la lealtad al Rey, amén de algún funcionario del medio del escalafón, que deseoso de ascender hiciera llegar algún cuento a palacio y provocar una reprimenda o castigo que terminara con la carrera del Gobernador. Luego, para evitar contratiempos desagradables, dicho Gobernador tomaba la real cédula y poniéndosela sobre su cabeza, decía: “Se obedece, pero no se cumple” y asunto arreglado.
Hoy en día, en los albores del siglo XXI, dentro de Chile, y aún más, dentro de la ciudad, ocurre algo similar sin que medien reyes, cortesanos y palacios, por supuesto. Es así que el diario electrónico El Mostrador dio cuenta de un informe de la U. de Chile que acusa a inmobiliarias de no cumplir con compensaciones ambientales y agrega que sindica como principal responsable a la Conama.
El asunto, en líneas generales, radica en que cualquier obra que contamine el medio ambiente, debe ser atenuado con un sistema de compensación de emisiones (150% más de lo emitido) y que una de las maneras de hacerlo es través de la forestación.
Ha habido un par de empresas que aceptaron cumplir este requisito y así pudieron realizar sus proyectos. Sin embargo, cuando la U. de Chile fiscalizó el cumplimiento de las obras de compensación de emisiones, éstas se habían realizado en un porcentaje menor al estipulado o se habían realizado, pero sin los cuidados ulteriores lo que dañó la plantación, o se habían elaborados informes falsos de cumplimiento.
Como explicación se dijo que las compañías habían entregado las especies arbóreas a las respectivas municipalidades donde se realizarían las plantaciones. Pero, no consideraron que no es labor de los municipios completar faenas, que por contrato deben realizar las empresas involucradas; por lo demás, la mayoría de las municipalidades no cuenta con presupuestos ni personal para efectuar dichas faenas.
Ante situaciones como la relatada, cabe hacer notar que la Conama o la organización que corresponda, salvo acuerdo extraoficial por medio, debiera constatar y supervigilar la realización total de los compromisos adquiridos por los oferentes. Evidentemente, dichas acciones requieren del personal pertinente, con los medios adecuados para llevarlas a cabo; deducimos, por lo tanto, que debe haber un presupuesto que sustente la fiscalización eficiente.
Pero, ¿qué pasa si no hay la organización y el presupuesto?, muy simple, no hace nada, como al parecer ocurre en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el fin del trámite burocrático, que cuesta tiempo y dinero, para exigir a las empresas que hagan obras de compensación si no se va a fiscalizar su realización?
A simple vista, nos parece que sería muy conveniente que las autoridades fiscales sobre todo, tuvieran presente que a partir de la Colonia quedó incorporado en el gen de los chilenos aquello de “se obedece pero no se cumple”, porque ahora las ordenanzas no tienen que viajar desde Madrid al Puerto de Palos, embarcarlas en naves a vela que tienen que atravesar un océano, luego un tramo de otro y por último de Valparaíso a Santiago, periplo de meses, que podría justificar la desobediencia por extemporaneidad o simple olvido.
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