Publicamos dos artículos editoriales publicados respectivamente en los diarios chilenos El Mercurio y La Tercera, el último fin de semana, que analizan la decisión de la presidenta argentina Cristina de Kirchner de no extraditar al ex guerrillero chileno Galvarino Apablaza.
Diario El Mercurio de Santiago de Chile
Argentina deniega justicia
Con el asilo político otorgado a Galvarino Apablaza, Argentina ha transgredido su invariable política de Estado en materia de extradición, ha contravenido el derecho internacional, ha desconocido fallos de la justicia y ha agraviado significativamente sus relaciones con Chile.
La Corte Suprema trasandina había rechazado que se tratara de delitos políticos y reconocido el derecho y la concurrencia de todos los requisitos para juzgar en Chile y extraditar al prófugo Apablaza por el asesinato del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards. Con la mayor claridad y fundamento, dicha Corte sostuvo que ante delitos de homicidio agravado y secuestro extorsivo como los que se pretende juzgar, la característica de delito político "de ninguna manera se exhibe en la especie", y ni siquiera el propio Apablaza "formuló la más remota alusión a que hubiera obrado bajo la influencia de una motivación política".
Ya se sabía de las presiones políticas internas de sectores afines a la Presidenta Fernández para que se otorgara el asilo y se rechazara la solicitud de extradición activa, acogida y solicitada por la Corte Suprema chilena, tramitada por nuestra Cancillería y requerida por el Gobierno de Chile. El apoyo transversal a este requerimiento, por acuerdo unánime del Senado y de la Cámara de Diputados de Chile -con excepción de los diputados comunistas-, desmiente su condición de asunto político, refuerza sus repercusiones para los lazos entre ambos países y consigna que esos crímenes se cometieron en democracia. La extradición también había sido respaldada por dirigentes políticos y organizaciones sociales argentinas y latinoamericanas, por su importancia para la justicia, el Estado de Derecho y la democracia.
Subraya la inconsecuencia argentina el que hace sólo poco más de una semana la Presidenta Fernández haya reiterado la reclamación de su gobierno ante la Asamblea General de la ONU por la negativa de Irán a cooperar con la extradición a raíz del abominable atentado terrorista contra la AMIA, en 1994. Antes, su predecesor y cónyuge, el ex Presidente Kirchner, había declarado en ese mismo foro: "Yo pido aquí a la República Islámica del Irán que, en cumplimiento de normas del derecho internacional, acceda a que la justicia argentina pueda juzgar, en juicios públicos, transparentes y con las garantías que da un sistema democrático, a aquellos ciudadanos que han sido acusados". Y agregó: "En cumplimiento del derecho internacional, y esencialmente porque actitudes para poder acceder a la justicia son las que verdaderamente testimonian nuestro respeto por la verdad, por la justicia y por las libertades, es que insto, una vez más, a acatar este pedido de la justicia argentina, que fuera, además, aceptado por Interpol y que sin lugar a dudas contribuirá a dar verdad para todos, no solamente para los argentinos, sino para toda la comunidad internacional".
La circunstancia de que el asilo lo concediera una instancia administrativa no exime de responsabilidad a sus autoridades políticas en el quebrantamiento de decisiones jurisdiccionales ni atenúa su adverso impacto en los lazos bilaterales. Desde luego, los integrantes de esa instancia son dependientes de la autoridad política, y en las relaciones exteriores los estados deben responder por las decisiones de cualquiera de sus órganos.
Nuevamente un gobierno argentino, por razones partidistas, ha desconocido la aplicación del derecho y la justicia, dañando las relaciones con Chile, y con ello los avances logrados en la confianza entre ambos países.
Apropiadamente, el Presidente Piñera ha expresado un sentimiento general, al afirmar que el gobierno argentino ha ocasionado "un retroceso para la causa de la justicia en Chile". En el fondo, ha optado por un interés ideológico interno antes que por el interés permanente de las relaciones con Chile, que no pueden prescindir de la justicia.
Diario La Tercera de Santiago de Chile
Una negativa que daña los vínculos chileno-argentinos
El asilo a Galvarino Apablaza es un agravio para las instituciones chilenas y resiente fuertemente las confianzas entre La Moneda y la Casa Rosada.
El Gobierno argentino ha concedido el asilo político a Galvarino Apablaza, ex líder del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, acusado en nuestro país como autor intelectual del asesinato del senador Jaime Guzmán y del secuestro de Cristián Edwards. Se trata de una decisión que afectará negativamente las relaciones bilaterales, pues lesiona gravemente las confianzas que se habían ido construyendo entre La Moneda y la Casa Rosada, y abre un gran signo de interrogación ante las posibilidades de cooperación futura.
El Presidente de la República hizo ver ayer su decepción respecto de la determinación adoptada por la Comisión Nacional del Refugiado (Conare), dependiente del Ministerio del Interior e integrada por representantes designados por distintas carteras y reparticiones del Ejecutivo transandino. El Mandatario señaló que ésta "no ayuda en nada a las relaciones entre Chile y Argentina". Sus palabras encontraron respaldo en todo el arco político nacional, que se mostró (excepto el PC) indignado con justa razón tras conocerse el asilo otorgado a Apablaza. Ahora corresponde que el Ejecutivo estudie las maneras concretas en que se expresará el malestar provocado por la decisión de la Conare.
Esta no sólo es injusta, porque protege a una persona acusada de delitos terroristas (de manera insólita, la Conare niega esa calidad al asesinato de Guzmán y al secuestro de Edwards), sino también incoherente con el discurso de promoción de los derechos humanos que ha esgrimido la gestión de la Presidenta Cristina Fernández. Además, marca un contraste notorio con la actitud que ha mostrado la Mandataria al demandar la extradición de los ciudadanos iraníes a los que se acusa de estar implicados en el atentado terrorista contra la sede de la Amia, acaecido en 1994 en Buenos Aires.
En los hechos, la decisión del gobierno argentino supone que Apablaza es un perseguido político cuyos derechos no serían debidamente resguardados en caso de enfrentar a la justicia en Chile. Tal interpretación no sólo es infundada, sino también agraviante para las instituciones chilenas, y exige una respuesta firme de las autoridades nacionales. La misma Corte Suprema transandina señaló el 14 de septiembre, cuando accedió a la solicitud de extradición formulada por Chile, que no había espacio para considerar motivaciones políticas en las causas abiertas contra Apablaza y que tampoco puede señalarse que los delitos de los que se le acusa en nuestro país sean "políticos". El contenido y el tono del dictamen de dicho tribunal no hacen sino resaltar aun más las contradicciones del gobierno transandino que deja al descubierto este episodio.
La forma en que la medida fue conocida por las autoridades nacionales -a través de trascendidos de prensa y no por medio de una comunicación oficial, la que recién se produjo ayer- sugiere que la Casa Rosada no dimensiona la relevancia del asunto para Chile, que no le importa demasiado tomar una decisión como ésta contra un gobierno que le había dado muestras de amistad, o que su adscripción a la defensa de los derechos humanos es más bien retórica y no está dispuesta a asumir costos internos por ella. Cualquiera sea la combinación de estos tres argumentos que se use, el resultado es que el rechazo a la extradición de Apablaza se ha convertido en un obstáculo para que se haga justicia en la investigación sobre el más grave crimen terrorista cometido en Chile desde 1990.
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