Página Editorial Latinoamericana

Diario El Tiempo de Bogotá


Huele, y no a rosas

Es el escándalo casi perfecto. Salvo el ingrediente sexual -que no aparece (aún) en la receta-, todos los demás forman parte del novelón de verano de los franceses, destapado por un diario digital de Internet: una viuda anciana y multimillonaria, un mayordomo espía, un fotógrafo vividor, una hija celosa, una empleada de confianza que revela intimidades, unos políticos que medran en pos del dinero de la acaudalada señora...

La protagonista es la mujer más rica de Francia, Liliane Bettencourt, de 87 años, accionista mayoritaria del imperio de cosméticos L'Oréal; el fotógrafo es François-Marie Banier, artista y seudointelectual gay que ha logrado sacarle a la opulenta viuda regalos y donaciones por más de 1.260 millones de dólares; el mayordomo es Pascual B, que grabó subrepticiamente una treintena de conversaciones privadas de su jefa con poderosos personajes; la hija es Françoise, heredera de la fortuna familiar pero distanciada de su madre; la empleada de confianza es Claire Thibout, ecónoma que manejaba parte del dinero de la multimillonaria y ha revelado cómo ciertos políticos medradores solían visitarla en plan reverencial en su mansión y a la salida recogían sobres en efectivo para financiar sus andanzas.

Huele, y no a rosas, en la perfumería L'Oréal, fundada en Francia hace 101 años, pero apetecida por Nestlé, la multinacional suiza que ya posee el 30 por ciento de su capital. Los políticos señalados son gente de mando cercana al presidente Nicolás Sarkozy, y el propio mandatario galo está acusado de recibir dudosos fondos de la dama.

El aroma más pestilente procede del ministro del Trabajo, Eric Woerth, ex tesorero del partido conservador -en el poder-, cuya esposa, Florence, era asesora de madame Bettencourt. Por consejo suyo, la viuda abrió cuentas ilegales en Suiza (ya ofreció devolver el dinero a Francia) a fin de evadir impuestos. Según la empleada de confianza, Woerth recibió 190.000 dólares para la campaña de Sarkozy.

Malos tiempos para el jefe del Estado, que acaba de perder a dos altos funcionarios por abusos con dineros públicos. Uno de ellos, el secretario de Estado del Gran París, Christian Blanc, gastó 15.000 dólares del erario en tabacos; el otro, Alain Joyandet, secretario de Estado de Cooperación, contrató un jet privado para asistir a una conferencia en las Antillas, lo que costó a los contribuyentes franceses 146.000 dólares.

Los socialistas ya "olieron la sangre" (palabras de un ofendido funcionario) y se dieron a la cacería. Aunque Woerth jura que no dimitirá, sería entendible que el actual gabinete no aguantara hasta el 14 de julio, fecha nacional francesa en que se presupone que habrá algunos retoques.

El affaire se halla en la etapa de negaciones y demandas. El fotógrafo está demandado por "abusar de la debilidad" de madame Bettencourt; Mediapart, el diario de Internet que difundió la entrevista con la ecónoma, está demandado por calumnia, y la fiscalía regional de Nanterre empieza a investigar los dineros de la viuda. Ayer, la ecónoma se retractó de parte de sus denuncias: las que atañen a los aportes a la campaña presidencial de Sarkozy.

Los pleitos personales son jurisdicción del mundillo de la vida social y sus pequeñas picardías; pero la financiación ilegal de campañas políticas y la evasión de impuestos -para peor, aconsejada por la esposa del ministro- son asuntos gordos capaces de producir efectos políticos devastadores. Según Le Monde, "como Nixon en Watergate, Sarkozy podría morir poco a poco si intenta minimizar los daños". Y mientras ricos, políticos y poderosos sufren, los franceses aspiran a cicatrizar con este escándalo las heridas abiertas por su fracasada selección de fútbol.


Diario Clarín de Buenos Aires

Caso Prats
Por primera vez, la Corte de Chile dijo que hubo asociación ilícita

Por Mónica González

Fue un día histórico. Así lo registrará la bitácora del ejército. Así también lo vivieron miles de soldados y las hijas del general Carlos Prats y su esposa Sofía, asesinados en septiembre de 1974 en Buenos Aires. Porque ayer la bomba que hizo estallar los cuerpos del ex jefe del ejército chileno y su esposa, terminó de explotar en Chile con el fallo definitivo de la Corte Suprema que condenó a sus autores. Todos ligados al ejército y a Pinochet.

“Se hizo justicia”, fue lo primero que dijeron las tres hijas del general que renunció a la jefatura del ejército 18 días antes del Golpe de Estado de 1973. Un último intento para evitar la masacre. Fue inútil. Intentaron matarlo y lo obligaron a salir del país. Viajó a Buenos Aires. Pinochet sabía que era testigo de su permanente obsecuencia hacia Salvador Allende, de su nula participación en la conjura golpista. De su oportunismo. Y que Prats era ejemplo del honor militar violentado. El respeto de Perón en Argentina, en contraste con la indiferencia que le evidenciaba, colmaron la paciencia del dictador.

Ayer la Corte Suprema condenó a 17 años de prisión al general Manuel Contreras y al brigadier Pedro Espinoza, mandos de la DINA, la policía secreta de Pinochet, como autores del doble crimen. Y a 15 años de prisión a otros cuatro altos oficiales. A Mariana Callejas, agente y ex esposa de Michael Townley, que activó la bomba, le rebajaron la pena a 5 años. Lo relevante: por primera vez la Corte Suprema dictaminó que la DINA fue una asociación ilícita de carácter terrorista “con la finalidad de cometer delitos contra personas consideradas enemigas del régimen militar chileno”. Y condenó a los 6 oficiales a penas adicionales por ese delito.

No habría habido fallo de no mediar la acción de la Justicia argentina. Porque si bien al año del asesinato ya el juicio estaba cerrado en Buenos Aires, la tenacidad de las hijas de Prats logró reabrirlo, que Townley confesara, y así se condenó a Enrique Arancibia Clavel y se pidió la extradición de Pinochet. La Corte lo rechazó, pero en diciembre de 2002 dictaminó que debía abrirse –por primera vez- un proceso en Chile. Fue el fin del secreto de Pinochet. El actual jefe del ejército repudió ayer a los participantes del “cruel asesinato”. Ahora se espera la expulsión de los seis oficiales por violar el honor militar. Y no será fácil.