LA FUERZA DE LA DEMOCRACIA
Por Camilo Escalona
Asegurando de manera irrestricta las normas del debido
proceso, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado, lograron que
el juez Juan Manuel Escobar, decidiera la prisión preventiva de los dueños de
uno de los consorcios financieros más poderosos del país. Ante la gravedad de los
hechos, Chile valora la acción de la Justicia. Con ello, se ha mostrado la
fuerza de la democracia, sin ninguna coerción y respetando integralmente los
derechos de los imputados ha ocurrido este hecho histórico.
Frente al caso Penta la ex ministra Mathei, respondiendo al
modo de pensar más profundo de la derecha, salió a la defensa de los ahora
formalizados y en prisión preventiva, financistas de las campañas de la UDI,
señalando que serían víctimas de un trato arbitrario pues a miembros de la
izquierda, cometiendo el mismo ilícito no se les encausaría de la misma manera.
Esa retórica es un primer paso, en un cambio en la estrategia de defensa de los imputados; esa
idea se articula con la presentación de los mismos como “hombres de trabajo”,
esforzados creadores de empleo y emprendimientos positivos para el país.
Se trata de contrarrestar la imagen de potentados que se
sintieron intocables, por encima de la ley y sin obligación de cumplirla. Dicho
de manera directa, buscan la percepción que los acusados son personas de bien y
no individuos que se consideraban con impunidad.
Sin embargo, la evidencia es tan abrumadora que se ha
producido un hecho imprevisto, incluso descartado hasta hace poco, por la ciudadanía
más distanciada del sistema político o escéptica de la institucionalidad
democrática: que los “padrinos de la derecha chilena”, como los definiera el
diario inglés The Guardián, son llevados a juicio y privados de libertad por
una serie de graves delitos, tales como, lavado de activos, cohecho y soborno,
fraude al fisco, financiamiento ilegal de campañas electorales; en suma, un
cuadro suficientemente grave como para su formalización por el Ministerio
Público y su procesamiento penal.
La resolución judicial marca un antes y un después. Este
suceso abre una nueva etapa en la vida del país, de afirmación del principio de
igualdad ante la ley y del término de los privilegios y abusos de casta que se
heredaron por la ausencia de democracia y el ejercicio del poder por un grupo
ínfimo de potentados durante el régimen dictatorial.
Esa cultura de cometer abusos de poder, como si se tratara
de atribuciones implícitas y congénitas al volumen de ciertas fortunas o al
estatus de algunos altos cargos, ha empapado los usos y costumbres, más allá de
la tecnocracia de derecha y también ha permeado ciertas conductas en las
fuerzas agrupadas, ayer en la Concertación y hoy en la Nueva Mayoría, situación
que debe ser reconocida autocríticamente a fin de ser drásticamente corregida.
En tal sentido, restablecer la dignidad y la función de los
partidos políticos es una tarea esencial. Se abusa de un burdo y falso
apoliticismo que justifica una tecnocracia que se siente libre de toda
obligación y compromiso, que se considera destinada a mandar y ser obedecida
por la supuesta condición de “expertos” de quienes la constituyen, en esa
desmedida autovaloración se nutre una soberbia que ya no da más, pues abre la
puerta a conductas sin control y sin las fiscalizaciones y resguardos
necesarios.
No se trata de volver al “cuoteo” partidario que fuera tan
negativo; pero sí de pensar que las fuerzas políticas en democracia son
fundamentales para presentar, promover, patrocinar y respaldar las opciones de
gobierno, que luego la ciudadanía elige a través del voto libre, secreto e
informado.
Por eso, su tarea no se puede reducir al aspecto meramente
electoral, su función de proponer y proveer personas de trayectoria suficiente
y con la capacidad requerida para asumir responsabilidades de Estado, fortalece
la democracia, por cuanto son los partidos quienes deben contrarrestar y
contener las malas prácticas que surgen en las esferas de poder, por la
sencilla razón que deben enfrentar los costos de cada desaguisado ante el país;
cuando algunos personeros no responden a nadie y llegan a creer que pueden caer
en cualquier abuso y cometer reprobables ilícitos sin que sean sancionados, se
erosiona y desgasta la solidez de la propia legitimidad de la institucionalidad
democrática.
Hay que salir resueltamente al paso de las malas prácticas,
su existencia debilita y deteriora la lucha contra la desigualdad, comprometida
en el programa presidencial y daña al gobierno en la ejecución de las reformas
estructurales que se esfuerza por llevar a cabo.
La trascendencia del juicio Penta se expreso en que se
generara, en los hechos, una cadena televisiva que transmitía durante muchas
horas las incidencias fundamentales que se registraban en la formalización de
cargos. Valga señalar que son escasas estas ocasiones en que la sociedad puede
observar momentos tan decisivos, en que poderosos individuos solos o en grupo,
deben afrontar sus responsabilidades penales ante un Tribunal.
El país siguió atentamente el curso de los alegatos, la
presentación de las pruebas y la información mediática. Durante esas horas, en aquellas largas y
extensas jornadas, el régimen democrático en Chile avanzó notablemente y se
robusteció la institucionalidad. Ha sido una muestra de la fuerza de la
democracia.
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