Con el proyecto presentado por el régimen
sandinista, la reforma constitucional se reserva por ley el derecho a expulsar a cualquier
funcionario público de Nicaragua
Daniel Ortega – dictador nicaragüense anunció un
proyecto para reformar la Constitución que amplía en un año el mandato
presidencial y le permite arrogarse más competencias, como
"coordinador" último de los poderes legislativo y judicial.
Rosario Murillo, su esposa, es nombrada como "copresidenta" de este país centroamericana en la nueva Carta, que también establece la bandera del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como símbolo oficial de Nicaragua.
Las reformas afianzan la dictadura familiar que se identifica como "socialista".
La propuesta,
que aumenta el mandato presidencial de cinco a seis años, será votada en la
Asamblea Nacional, bajo control del gobernante FSLN, en los próximos días. "Se está trabajando para
la pronta aprobación", según la prensa oficialista.
Ortega, exguerrillero de 79 años que gobernó
Nicaragua durante la primera dictadura sandinista en la década de 1980 y volvió
al poder en 2007, desde cuando gobierna al lado de su esposa. Ambos son
señalados por Estados Unidos, la Unión Europa y algunos países de América
Latina de instaurar una autocracia en el país. Informes de organismos de
derechos humanos revelan que durante el actual régimen sandinista se han
cometido crímenes de lesa humanidad, igual que sucedió durante el primero
(1979-1990).
La reforma confirma el poder que ya tiene Murillo, que la ha convertido en una mujer dura, corrupta y sin control,
al elevar su rango: "La presidencia de la República está integrada por un
copresidente y una copresidenta", que se elegirán en comicios "cada
seis años", no cinco como actualmente, de acuerdo con el texto.
Los copresidentes coordinarán "a los órganos
legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y
municipales", que la Constitución vigente reconocía como independientes.
Managua la capital nicaragüense.
Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, sandinista, declaró que la reforma "consolida lo que hemos avanzado en
este proceso revolucionario de todos los nicaragüenses".
El régimen izquierdista ha ejercido en los últimos
años la represión contra la oposición política y las organizaciones de la
sociedad civil que no consideraba afines. Con la reforma en ciernes, se reserva
por ley el derecho a expulsar a cualquier funcionario público, reseñó el diario
La Prensa.
Todos los funcionarios "deberán cumplir,
preservar y defender los principios fundamentales de la Constitución
Política", una consideración que abriría la puerta al cese de cualquier
persona que no sea percibida leal con los intereses del régimen de Ortega.
La reforma consigna que a los que el régimen
sandinista considere "traidores a la patria pierden la nacionalidad
nicaragüense", tal y como ha hecho la dictadura con unos 450 políticos,
empresarios, periodistas, intelectuales y religiosos que fueron expulsados de
Nicaragua y despojados de su ciudadanía tras las protestas de 2018.
La dictadura bicéfala acusa a la Iglesia,
periodistas y oenegés de haber apoyado las manifestaciones en su contra en las
que murieron 300 civiles, según la ONU, y que ellos consideran un intento de
golpe de Estado patrocinado por Washington.
La propuesta establece controles para los medios y
la Iglesia para que no respondan a "intereses extranjeros".
Texto es rechazado por la OEA
El secretario general de la Organización de Estados
Americanos (OEA), Luis Almagro, rechazó y repudió la iniciativa para reformar
la Constitución presentada por el régimen nicaragüense.
Almagro denunció que "el dictador nicaragüense
y sus aliados "buscan", a través de estas modificaciones, incrementar
su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder. "El documento de
la 'reforma' es ilegítimo en la forma y en el contenido", advirtió.
Asimismo, Almagro señaló que esta reforma
"constituye meramente una aberrante forma de institucionalización de la
dictadura matrimonial en el país centroamericano y es una agresión definitiva
al Estado de derecho democrático".
