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DÉLANO Y LAVÍN PUDIERON DORMIR EN CASITA ANOCHE TRAS 46 DíAS DE ENCIERRO

Los controladores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín volvieron a sus respectivas  casas anoche a las 23:10 horas dejando atrás, por el momento, las frías noches del penal  Capitán Yáber de Santiago luego  que el 8° Juzgado de Garantia decretara su arresto domiciliario total después de 46 días de prisión preventiva.

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El tribunal resolvió, en una maratónica jornada de ocho horas de duración, revocar la medida cautelar de ambos imputados por el de arresto domiciliario y arraigo nacional tras considerar que la cárcel no es la única medida capaz de garantizar los fines del procedimiento, acogiendo además como nuevo antecedente la rectificación de declaraciones entregadas por los controladores del holding al SII que fue la base de los argumentos de la defensa de los dos ejecutivos.  Sin embargo, esta medida podría cambiar en caso que en los próximos cinco días la Fiscalía apele al fallo del juez Daniel Aravena para revertir la libertad de los imputados. Si ello es acogido por el tribunal de alzada, entonces Délano y Lavín deberán reingresar al centro penitenciario que los albergó desde el pasado 7 de marzo.

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Ambos ejecutivos están imputados por su presunta responsabilidad en los delitos de soborno y fraude tributario que persigue la Fiscalía Nacional y que tienen relación con el supuesto financiamiento irregular de campañas políticas.

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El pago de más de $2 mil millones al SII fue clave para la resolución judicial, según el magistrado Aravena, quien consideró así, al existir “nuevos antecedentes” que la "privación de libertad", no era proporcional a la pena efectiva que arriesgan ambos formalizados por cohecho y delito tributario. Tanto Délano como Lavín salieron de Capitán Yáber en medio de una protesta por la resolución, mientras que algunos de los querellantes ya anunciaron la apelación a la medida.

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Entre los “nuevos antecedentes” considerados por el juez estuvo la “colaboración efectiva” por parte de los imputados con la investigación del caso, argumento que fue esgrimido por la defensa, la que contrastó el actuar de los controladores de Penta con el accionar de SQM, permitiendo en esta forma que la investigación en torno a Penta fuera más expedita.

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Por otra parte, el juez Aravena aseguró que el pago de más de 2 mil millones de pesos por parte de los imputados significa “un antecedente que refleja la intención de procurar reparar el mal causado”. Finalmente el juez se refirió a la pena máxima a la que podían llegar los imputados, la que se remite a 5 años y un día de presidio efectivo. En todo caso si no se comprueba la reiteración de los delitos, Délano y Lavín no arriesgan una pena efectiva. Esto significaría que los 46 días de cárcel, aparte de las multas, sería la única pena que recibirían ambos imputados.

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Según el fiscal Pablo Norambuena,  ambos imputados arriesgan penas efectivas de cárcel y que han sido formalizados por soborno y delitos tributarios, consumados y reiterados, conducta recurrente que hace que no sea posible que accedan a penas sustitutivas, corroborando el planteamiento inicial de la Fiscalía.

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La defensa

El abogado Mauricio Daza, representante de los querellantes, la ONG Ciudadano Inteligente,  explicó a CNN que el juez “no evaluó que para que se determinara una reparación celosa –pago de la deuda al SII–, no basta con que se concrete el pago, sino que debe ser oportuno”. Además se refirió a un hecho que causó polémica, como fue la prohibición de grabar y tomar fotografías durante la audiencia y dijo que se opuso a dicha medida.

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Contrariamente el abogado defensor de los controladores de Penta, Julian López  dijo que “hoy la resolución nos ha dado la razón. La medida era desproporcionada e inadecuada”, agregando  que “los últimos hechos ocurridos, en los últimos quince días, han demostrado la absoluta lealtad de mis representados con la investigación”.

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Fue justamente el abogado  López quien inició la ronda de exposiciones. En  su intervención aseguró que “estimamos que no concurre la necesidad de cautela (prisión preventiva), pero si el tribunal establece que sí, la defensa pide la sustitución de la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo”. Además dio a conocer nuevos antecedentes en la investigación, como las declaraciones de ejecutivos que no estaban en la carpeta investigativa y la rectificación frente a SII y pago del perjuicio fiscal.

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López argumentó que, en el caso de sus representados, no existiría reiteración de los delitos de fraude tributario y soborno “de la manera que lo atribuye el Ministerio Público”, por lo que la pena solicitada por la Fiscalía no estaría en lo correcto.

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También dijo que había dos atenuantes para levantar la prisión preventiva, una de ellas, la “colaboración sustancial” de ambos en la investigación, en comparación a la de los involucrados en el caso SQM, y que sus defendidos no representaban un peligro para la sociedad.

Fiscales y querellantes

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A lo anterior, el fiscal Carlos Gajardo respondió que tanto Carlos Alberto Délano como Carlos Eugenio Lavín “en comparación con Soquimich,  mostraron sus antecedentes rápidamente. ¿Y eso lo ponen como una colaboración a la investigación? Perdóneme, pero eso a mí no me parece”. Además aseguró, en su intervención, que “ha habido y hubo financiamiento ilegal para campañas políticas” y que “mientras los imputados Délano y Lavín eligen callar, la justicia sigue hablando”.

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El Ministerio Público insistió en que “la defensa no ha expuesto antecedentes nuevos”, según indicó Gajardo, lo que evidencia la postura de que debería mantenerse la medida cautelar por los meses restantes.

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Además Gajardo aseguró que, con el caso Penta, se comprueba el “cohecho al más alto nivel en nuestro país” y dio como ejemplo que hasta las esposas de los juniors de la empresa usaron boletas y facturas falsas, según consigna Soy Chile.

En la ronda de los querellantes, el abogado del Servicio de Impuestos Internos dijo que en el caso Penta “nos parece legítimo aspirar al máximo de la pena y aspirar al máximo de aumento posible en virtud de la reiteración, porque esta también ha sido la máxima posible”.

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Otro de los argumentos más duros de la jornada lo dio la abogada del Consejo de Defensa del Estado, quien aseguró que efectivamente la conducta de ambos controladores es reiterada y que se prolongó por “bastante más años de los que se señalan en la formalización”. 

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La actividad delictiva de este grupo no ha cesado en todos estos años, y bajo esa hipótesis sí hay peligro de reiteración y, por tanto, constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, agregó.

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Los querellantes tienen cinco días para apelar a la resolución. Hasta el momento se asegura que la ONG Ciudadano Inteligente y el Consejo de Defensa del Estado efectivamente apelarán y que el Ministerio Público revisará durante los próximos días la decisión.

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Pasadas las 23:00 hrs., ambos controladores salieron del anexo Capitán Yáber sin prestar declaraciones, en medio de la manifestación e indignación de miembros del Movimiento de Probladores UKAMAU, que tiraron agua al auto en que iba Carlos Alberto Délano. En el lugar la vocera de la organización, Doris González, aseguró que “los van a perseguir”, vayan donde vayan.
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