CRISIS-ENSAYO-KRADIARIO
Los medios de comunicación, no siempre rigurosos en cuanto
al lenguaje empleado, han creado las categorías de ‘crisis política’ y ‘crisis
institucional’ que en poco ayudan a entender los fenómenos propios de una
nación como Chile por lo que, en un documento anterior, y siguiendo en esta
materia las enseñanzas de Nicos Poulantzas, proponíamos emplear los términos de
‘crisis de legalidad’ y ‘crisis de legitimidad’.
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Las crisis pueden ser particulares o parciales y generales o totales, según
afecten a uno (o varios) de los sectores o departamentos del modo de producción
vigente, o a la generalidad del mismo. Por ello, cuando los medios de comunicación
y la escena política de la nación hablan de ‘crisis política’, hemos de
entender que lo hacen sólo para referirse a una determinada región de dicho
modo (la jurídico/política) y no a su globalidad, en cuyo caso estaríamos en
presencia de una ‘crisis institucional’.
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Sostenemos, aquí, que la crisis que atraviesa la
nación chilena es una crisis de legitimidad, es decir, aquella que se origina
en una falta de credibilidad o confianza en determinadas personas o
instituciones. Esta crisis afecta tan sólo a la región jurídico/política del
modo de producción vigente y, dentro de ésta, a su solo aspecto político (no al
jurídico, aunque exista un poco de reticencia al mismo).
No se trata, por ende, de una crisis general que ponga en
entredicho el funcionamiento del sistema mismo. No. Y ello es tan cierto que
los propios actores que la han generado ensayan hoy diversas fórmulas
intentando resolverla, con absoluto desprecio respecto a lo que pueda pensar el
resto de la ciudadanía, tan seguros están de poder hacerlo.
Posibles vías de solución
No hablaremos aquí de una posible crisis que experimentan
las clases dominadas pues éstas viven permanentemente en crisis, sino haremos
referencia tan sólo a la crisis que experimentan las clases y fracciones de
clase dominantes y su representación política, sea que adopte ésta el carácter
de natural o de espuria.
Podemos, sí, indicar
algunas de un sinnúmero de propuestas como aquella que se inclina por
la conveniencia de seguir adelante con las reformas (como si nada hubiere
pasado) e intentar por esa vía recuperar la perdida de confianza de la ciudadanía
en sus autoridades, vía que parece haber adoptado La Moneda. También es
importante aquella que contempla la posibilidad de hacer un público
reconocimiento de los ‘errores’ cometidos por los actores de la escena política
y se llame a la comprensión de la población nacional ante tales excesos. Se han dado muchas soluciones; sin embargo, de todas
ellas han predominado, fundamentalmente,
tres: La vía
del acuerdo; La vía de
la Asamblea Constituyente; y, La vía
mixta, que incluye ambas e, incluso, otras propuestas.
Vía del acuerdo
La vía del acuerdo es la solución que se perfila con mayor
fuerza dentro del espectro político de la nación.
“La política de los acuerdos presiona fuertemente por
re-instalarse como el eje de la acción política. Los últimos días los llamados
han venido desde todos los sectores: de Novoa a Lagos. Lentamente, se va
instalando la tesis de que la recuperación de las confianzas pasa por retomar
un clima de convivencia política distinto. Lagos e Insulza, serían los
indicados para liderar ese proceso. Se necesita liderazgo se ha dicho”.
Uno de sus más fervorosos defensores es el ex senador Sergio
Bitar para quien el acuerdo entre los partidos es la única solución .
“[…] decir que quienes han gobernado son los culpables,
siendo que hay buenos presidentes de partidos, buenos militantes, buenas
autoridades, puede constituir un desacierto mayor. No veo de qué manera se
puede avanzar si un país no se entiende. ¿Quieren echar a todo el mundo y que
llegue un populista cualquiera? ¿O quieren a otro militar? No hay más camino
que fortalecer la democracia y los partidos” .
Esta posición, descaradamente maniqueísta, predomina
ampliamente en el campo de la escena política nacional; es posible explicarla
dada la pertenencia de grupo de quienes la sostienen.
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Sin embargo, a pesar de ello, gran parte de la escena política de la nación (incluido el Gobierno) manifiesta su profundo rechazo (aparente) a esa vía. Y es que en la jerga popular, la palabra ‘acuerdo’ ha llegado a convertirse en una categoría, es decir, una palabra que adquiere peso conceptual. Y ese peso conceptual no es el mejor pues se la asimila a colusión, a negociación espuria, a conspiración, a actuar a espaldas de la ciudadanía.
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Sin embargo, a pesar de ello, gran parte de la escena política de la nación (incluido el Gobierno) manifiesta su profundo rechazo (aparente) a esa vía. Y es que en la jerga popular, la palabra ‘acuerdo’ ha llegado a convertirse en una categoría, es decir, una palabra que adquiere peso conceptual. Y ese peso conceptual no es el mejor pues se la asimila a colusión, a negociación espuria, a conspiración, a actuar a espaldas de la ciudadanía.
La forma de cómo llevar a cabo el acuerdo es lo que divide,
una vez más, a los sectores que buscan esta solución a la crisis. Porque,
mientras bajo el lema de ‘dejar que las instituciones funcionen’ unos
consideran que los juicios deben seguir adelante hasta obtener la condena de
todos los involucrados, otros piensan que dicha espera es absolutamente
innecesaria.
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Conspira contra esa solución la circunstancia que el
Servicio de Impuestos Internos SII ha anunciado estar investigando no menos de
doscientas grandes empresas por la realización de prácticas similares a
aquellas de las cuales se acusa a Penta y Sociedad Química y Minera de
Chile SOQUIMICH o SQM.
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Por supuesto que las consideraciones éticas —importantes en
un comienzo—, hoy ya son consideradas irrelevantes por los defensores de esta
vía. La posibilidad de hacer renunciar a quienes han sido acusados de estar
involucrados en el uso de boletas o facturas falsas para el uso de dineros con
fines electorales y hacer efectivo aquel adagio romano según el cual ‘la mujer
del César no sólo debe ser casta sino debe parecerlo’ ha sido arrojada al tacho
de la basura.
Resulta, simplemente, ocioso preguntarse si acaso alguno de
los involucrados se plantea renunciar; igualmente ocioso resulta preguntárselo
a la presidenta. Por el contrario: si bien los parlamentarios se justifican
alegando haber entregado boletas por servicios efectivamente prestados a SQM ,
la presidenta sostiene no haber pensado jamás en hacerlo y que, además, estaría
impedida por no estar contemplada la renuncia en la constitución (pinochetista,
por cierto).
Para nadie es desconocido que la práctica del empresariado
de prestar su apoyo económico, indistintamente, tanto a sectores de la llamada
‘izquierda’ como de la ‘derecha’ se basa en el deseo de aparecer ante la
sociedad como personas que sostienen de ese modo el funcionamiento de un
sistema democrático en donde operen fuerzas políticas en igualdad de
condiciones.
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Sin embargo, dicho comportamiento oculta otra finalidad que es la
de asegurar la protección de sus negocios a través del pago. Y esa figura tiene
nombre: se llama ‘soborno’, que es la forma en virtud de la cual se paga a un
funcionario público para que utilice su cargo en beneficio de quien le paga por
dicho servicio.
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La vía de la Asmblea Constituyente
Esta vía que el sector de la ‘Alianza Por Chile’ ni siquiera
menciona por razones obvias, no ha sido abandonada por el pacto ‘Nueva Mayoría’
pues un número no despreciable de sus partidarios muestra una notable
predisposición a buscar una solución a la crisis por esta vía.
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No vaya a pensarse, en todo caso, que la posición de emplear
la vía de la AC por
parte de esos sectores ‘progresistas’ del pacto ‘Nueva Mayoría’ va a ser la que
conciben los sectores populares, es decir, grupos de ciudadanos avocados a
trabajar en una constitución nacida ampliamente de las bases. No. Primero se
trata de asegurar la promulgación de la ley que ponga fin al binominal y luego
atacar otros frentes, entre los que se incluye la Asamblea Constituyente. Pero
esta idea marcha a la par con la de establecer un grupo de expertos —no sujetos
iletrados, no campesinos ni obreros o dueñas de casa que no tienen los conocimientos
necesarios para tan magna obra— o, un equipo de personas nombradas por el
Congreso, Universidades e instituciones ‘serias’.
La vía mixta
Nos encontramos, finalmente, con una tercera posición que es
aquella en donde no solamente no se rechazan ambas soluciones sino, por el
contrario, se consideran ambas como elementos que bien pueden marchar
indisolublemente unidos con las limitaciones que el propio pacto quiera
introducirles. E, incluso, incorporando otras medidas tales como reformas
nacidas al amparo de acuerdos y conversaciones con la generalidad de los
sectores políticos. La contienda eleccionaria no tiene, para estos sectores,
mayor relevancia: aunque se tenga un programa de Gobierno, tal programa ha de
negociarse siempre con la oposición. Y como se puede ver, en ningún caso se
trataría de una mayor participación ciudadana.
“No obstante, las reformas comprometidas hay que llevarlas a
puerto y de manera “acelerada”: hay que despejar las incertidumbres
rápidamente. En la reforma educacional “las propuestas se tendrán que
acelerar”: carrera docente, financiamiento educación superior. Ya hay reforma
tributaria y se avanza en el tema laboral –principalmente, negociación
colectiva-. A esas tres, se agrega la agenda instalada por la coyuntura:
probidad y transparencia” .
Así, el panorama que se plantea por la escena política de la
nación no es alentador. Y es posible que tal circunstancia desaliente más, aún,
a la población en torno al ejercicio de sus derechos ciudadanos y la aleje en
forma creciente de concurrir a las urnas deslegitimando de esa manera a quienes desean elevarse al rango de
gobernantes. En consecuencia, la posibilidad de un gobierno autoritario o de
escaso apoyo ciudadano, o, incluso, una salida de fuerza se hace cada vez más
posible.
“Un rasgo particular de nuestra crisis -que la agrava aún
más- es que parece no inquietar a nadie. El pueblo está ausente del debate,
quizás narcotizado por la televisión y la tarjeta de crédito; o tal vez con su
indiferencia expresa una forma más profunda de repudio a la casta política. Los
partidos, entretanto, están cocinando el habitual proyecto de ley para echar
tierra a los escándalos y regular -como si esto fuera posible- la relación de
los negocios con la política” .
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