KRADIARIO

8-5-2014-KRADIARIO-Nº 896

EL PRIMER PROYECTO DE LA REFORMA EDUCACIONAL ENVIADO AL CONGRESO POR EL GOBIERNO ESTÁ MAL CONCEBIDO Y ES INCONSTITUCIONAL

El primer proyecto en el  área de educación que envió el martes el Gobierno al Congreso Nacional es anticonstitucional, declaró el Rector de la Universidad Diego Portales y destacado jurista Carlos Peña en una entrevista con el diario La Tercera.

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La iniciativa crea la figura legal del administrador provisional  que faculta a un tercero nombrado por el Ministerio de Educación a intervenir algún plantel universitario, centros de formación técnica e institutos profesionales,  que no estén en condiciones de asegurar la vialidad del proyecto educativo ofrecido a los estudiantes.

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Por esta vía se facultaría al Ministerio de Educación y al Consejo Nacional de Educación a cancelar la personalidad jurídica y revocar el reconocimiento oficial a una institución de educación superior.

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Las causas serían cuando los hechos afecten seriamente la viabilidad académica de un plantel, administrativa, y/o financiera; o que puedan significar infracciones a sus estatutos, o a la normativa que las rige, en especial aquella relativa a su naturaleza jurídica de persona jurídica o prácticas evidentes de lucro.

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Varios son los cuestionamientos que han surgido en torno a este proyecto, fundamentalmente en lo que concierne a la autonomía de la que gozan estas instituciones o si es viable o no en el sistema de educación superior.  Sobre estos puntos, el diario La Tercera entrevistó al jurista Carlos Peña, columnista de El Mercurio, quien dijo que le parecía que el proyecto estaba inspirado por buenos motivos, pero mal concebido y peor ejecutado. Tiene dos falencias, una conceptual y otra jurídica. La primera consiste en que parece creer que los problemas  de las instituciones son un “mánagment”, cuando en verdad provienen de la existencia de sociedades relacionadas, falta de directores independientes y de una acreditación hasta hace poco muy laxa. Nada de eso se va a resolver con la presencia de un mánager que sustituya a todas las autoridades de una institución.

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“El aspecto jurídico es aún peor –dijo Peña—porque todas las reglas que contienen y que afectan a contratos o se refieren a la responsabilidad de las autoridades de la institución, no tendrán ninguna utilidad, porque el proyecto es inconstitucional ya que algunos de sus artículos pretenden alterar contratos en curso, contratos vigentes,  algo que está prohibido en todos los sistemas legales y desde luego en la Constitución".

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“Otras reglas podrán ser impugnadas por infringir la propiedad como la que priva de su administración a institutos profesionales o centros de formación”, señaló Peña.

“Lo que ocurre es que estos recintos están organizados como sociedades con fines de lucro, la intervención entonces violaría el derecho de propiedad, equivaldría a un acto expropiatorio. Sobre esto la jurisprudencia es abundante. Este es el principal problema: las reglas de la ley, incluso de aprobarse en el Congreso, serán inútiles".

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Al exponer el tema , la Presidenta Bachelet, sin conocimiento de esta realidad jurídica, dijo el martes: “Hoy es un día especial, estamos enviando el primero de los proyectos del ámbito educacional al Congreso. La educación, como lo dijimos en campaña, debe ser un derecho y no un bien de consumo. Si queremos ser un país moderno y desarrollado, la educación debe ser un bien garantizado".