KRADIARIO

30-5-2014-KRADIARIO- Nº899

Reportaje de Chilevisión:

AL DESCUBIERTO LOS MÉDICOS TORTURADORES DE PINOCHET

El ex comandante del Ejército Juan Emilio Cheyre enfrenta una nueva imputación por su participación en el centro de detención del regimiento “Arica” de La Serena, cuyas actividades terminaron con el fusilamiento del Dr. Jorge Jordan y de otros 15 representante del gobierno de Allende y militantes de izquierda.

Por Hernán Ávalos Narváez

A más de 40 años del Golpe de Estado de 1973 el reportaje de televisión “En la Mira” del canal Chilevisión reveló la noche del miércoles 28 último una arista desconocida de la violación a los Derechos Humanos en Chile: la colaboración de una treintena de médicos con la dictadura de Augusto Pinochet, algunos de los cuales fueron procesados o condenados por los tribunales de justicia, aunque la mayoría goza de impunidad y en la actualidad aún ejercen la medicina.

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La investigación a cargo del periodista Alejandro Vega tuvo repercusión inmediata en las agrupaciones de familiares de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos y su representante, el abogado Cristián Cruz, anunció la presentación de una querella por secuestro y homicidio en contra del coronel (r) Ariosto Lapostol Orrego (foto abajo derecha) comandante del regimiento “Arica” de La Serena, del médico militar Guido Díaz Paci, inculpado de torturas, como en contra del ex teniente Juan Emilio Cheyre, ayudante Lapostol y encargado de inteligencia en ese cuartel, quien treinta años después llegaría a comandar el Ejército, y ya en retiro, dirigir el Servicio Electoral, Servel.

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Lapostol, ex intendente militar de la Región de Coquimbo, y la patrulla bajo su mando, están condenados por los homicidios de los miristas Bernardo Ledjerman y María Ávalos, cuando intentaban cruzar la cordillera por el valle del Elqui. Ernesto, el hijo de la pareja, por ese entonces un bebé, sobrevivió a los disparos y fue entregado por Cheyre, quien no tuvo participación en la muerte de sus padres, a las monjas del Buen Pastor. El médico Díaz Paci (abajo derecha) no ha enfrentado proceso alguno y, actualmente, trabaja en el departamento de tránsito de la Municipalidad de Ovalle.

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Pero el testimonio del médico Víctor Ilabaca, ex director de Salud en la Región de Coquimbo, entregado a los reporteros en su exilio en Guadalajara, Méjico, fue determinante para fundamentar la acción legal en contra de Lapostol y de quienes resulten responsables de interrogatorios bajo tormentos  y de la ejecución sumaria de 15 disidentes políticos, entre ellos del transportista Mario Fernández y del médico comunista del hospital de Ovalle Jorge Jordan Domic. “Él (Díaz Paci) me mostró emocionado la bala deformada con que remató a Jordan en la cabeza. Se jactaba de ese crimen”, declaró Ilabaca.

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El médico Julio Muñoz dio testimonio que su colega Jordan concurrió voluntariamente ante la autoridad militar que lo requería mediante un bando militar, tal como ocurrió en otras ciudades del país una vez derrocado el Gobierno de Salvador Allende. “Era un gran profesional, ingenuo, distinguido, educado. Creía en la buena fe de las personas”, señaló.

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Hasta ahora las muertes de estos 15 opositores habían sido atribuidas, exclusivamente, a la Caravana de la Muerte dirigida por el general (r) Sergio Arellano Stark. Y según el abogado Cruz, tanto por lo reducido de la comitiva que viajaba en helicópteros UH (cinco pasajeros y dos pilotos), los testimonios de los sobrevivientes y como las heridas por “remate de disparo” en el cráneo que presentan los cadáveres, existen presunciones fundadas de participación como autores, cómplices o encubridores de miembros de la propia dotación del regimiento “Arica”, donde tuvieron lugar los fusilamientos.

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Lapostol ha declarado que fue sobrepasado por la orden que traía  Arellano Stark por instrucciones de Pinochet. No obstante, no puede negar que fue él quien dirigió los Consejos de Guerra que condenaron a muerte a este grupo de 15 detenidos; quien dictó las órdenes contra las autoridades locales para privarlos de libertad e interrogarlos en el regimiento bajo su mando y quien dispuso enterrar los cuerpos en una fosa sin identificar en el cementerio de La Serena. Hasta ahora Cheyre aparece actuando, sólo como su ayudante, encargado de la estadística de detenidos en el cuartel y de entregar información a sus familiares.

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Los testimonios que inculpan al médico Díaz Paci entregado por el reportaje de la señal Chilevisión resultan lapidarios. Algunas mujeres reconocen sus manos como las del hombre que les inyectaba “pentotal” (droga de la verdad) para sedarlas y hacerlas confesar. Otras como el facultativo que examinaba el estado de sus lesiones para autorizar la continuación de las torturas, vejaciones y violaciones. “Al principio no podía soportar que me hicieran desnudar y me tocaran mi cuerpo. Después me entregué (por la sedación). Pero aún después de todos estos años no puedo olvidar el dolor que siento”, dijo Lucía Chirino llorando en cámara.

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Por su parte Margarita Vivallo recuerda que el obispo de la diócesis de La Serena Juan Francisco Fresno, hizo una misa en el convento del Buen Pastor donde estaban recluidas y desde donde eran llevadas al regimiento “Arica”, para los interrogatorios y apremios físicos diarios. “En la prédica trató de darnos conformidad diciendo que debíamos tener presente que nosotras no éramos santas palomas”. Pero ellas tienen la convicción que estaban privada de libertad por sus ideas de izquierda, por su adhesión al gobierno derrocado por los militares, no por delitos de connotación terrorista.

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Las imágenes de televisión mostraron la “funa” de que fue objeto el médico Díaz Paci cuando llegaba a su trabajo en Ovalle. Entre el grupo de familiares de víctimas estaba Maya Jordan, hermana del médico ejecutado, quien increpó de “asesino” al ya anciano facultativo. Este caminó por la acera en dirección a su oficina. No se detuvo a responder las imputaciones y en un momento reaccionó airado, pero logró mantener el control y continuar su marcha, ignorando al reportero que intentó dialogar con él en medio de la batahola.

El caso de San Felipe

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La investigación dirigida por el periodista Alejandro Vega presentó, también, imágenes inéditas de diligencias en terreno y careos realizados por el ministro en visita Julio Miranda, designado para esclarecer las torturas y posteriores fusilamientos del médico Absalón Wegner, director del Área de Salud de San Felipe y profesional del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, militante comunista, y de Rigoberto Achú, director de Desarrollo Social de la misma comuna, militante socialista, como las torturas de otros detenidos políticos practicadas en el regimiento “Yungay” de San Felipe.

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En la misma causa judicial el ministro Miranda acumuló la investigación por la ejecución por disparos en la localidad de Las Coimas del alcalde de Cabildo Mario Alvarado Araya, y de otros cinco trabajadores de la minería.

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Entre los numerosos testigos y sobrevivientes de los interrogatorios, una mujer recordó cuando los militares exhibieron a un maltrecho alcalde Alvarado en un vehículo por las calles del pueblo, obligándolo a renegar de su militancia política hablando por medio de un megáfono, antes de ser llevado al despoblado donde fue acribillado a tiros junto al grupo de cinco trabajadores.

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“La tortura tiene por objeto dejar secuelas físicas y mentales para intentar doblegar la voluntad de las personas. También pretende arrasar con un ideario, con un conjunto de valores ético-morales, en definitiva con una cultura”, dijo a Chilevisión el escritor argentino Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz por su contribución a la defensa de los Derechos Humanos en el mundo.

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El historiador chileno Gabriel Salazar coincidió con Pérez Esquivel, en el sentido que la tortura tiene por objeto aniquilar la cultura mediante una experiencia dolorosa límite.

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En la causa de San Felipe están siendo procesados el comandante de esa unidad militar en 1973, coronel (r) Héctor Orozco Sepúlveda (foto izquierda), ex director de Televisión Nacional de Chile TVN, hoy general retirado; otros ex uniformados del regimiento y el médico cirujano Raúl Navarro Quintana, ex director del Hospital Psiquiátrico de Putaendo y ex integrante del Servicio de Urgencia del Hospital de San Felipe, quien en la actualidad ejerce en la Clínica Moncada de Providencia.

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Cuando fue consultada por los reporteros la neuropsiquiatra Paz Rojas, especialista en el tratamiento de víctimas de torturas y abusos sexuales, estimó en 29 los médicos chilenos que colaboraron con la DINA, la CNI y los servicios de seguridad de Pinochet. Algunos delataron a sus propios colegas, 21 de los cuales fueron asesinados por sus ideas políticas o víctimas de desapariciones forzadas.

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¿Qué explicación podría haber para entender a médicos que juraron defender la vida e intervinieron en procedimientos antiéticos a sabiendas que dejarían secuelas físicas y mentales, o conducirían a la muerte?

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Este podría ser el caso del médico Navarro Quintana, quien en 1973 fuera de sus actividades militares en el regimiento “Yungay”, hoy en plena investigación, también vestía uniforme verde oliva, botas de combate y pistola al cinto. Algunos testigos citados en el reportaje, entre ellos paramédicos del Hospital de San Felipe, revelaron que los pacientes quedaban atemorizados cuando, por rotativa de turno, eran atendidos de urgencia por este facultativo uniformado que no ocultaba su adhesión a la Junta Militar de Gobierno.

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Al igual que su colega Díaz Paci, Navarro Quintana fue víctima de “funa” por los familiares de las víctimas. Según las imágenes mostradas por el reportaje “En la Mira”, debió soportar que le gritaran epítetos de “asesino” y “fascista” y necesitó la protección de funcionarios de Carabineros a las órdenes del juez Miranda, para evitar que fuera agredido por una decena de personas, en su mayoría mujeres.

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Tejas Verdes, San Antonio

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Chilevisión mostró imágenes antiguas cuando sus reporteros detectaron al oftalmólogo Vittorio Orvieto atendiendo pacientes en la Clínica Plus Media de Santiago. Después de una verdadera persecución y acoso periodístico, el médico accedió a dialogar con cierta indiferencia. “!Si usted quiere que me arrepienta, bueno, me arrepiendo!”, dijo después que le fue exhibida una felicitación escrita del coronel Manuel Contreras, general retirado ex director de la DINA, por su contribución médica a la Escuela de Ingenieros Militares de Tejas Verdes que él comandaba para el Golpe de Estado.

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Con el avance de la investigación judicial Orvieto fue condenado a 10 años de prisión por practicar torturas a detenidos y su implicancia en las muertes del ex prefecto de Investigaciones de San Antonio Raúl Bacciarini y de otros cinco trabajadores marítimos y portuarios militantes de izquierda. Quedó establecido que perteneció a la Brigada de Sanidad de la CNI y que entre sus actividades estaba la de controlar el estado de los prisioneros en las clínicas Santa Lucia y Londres de Santiago. Permanece en la cárcel de Punta Peuco junto a otros condenados por crímenes de lesa humanidad y violaciones a los Derechos Humanos.

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El mueblista de izquierda Feliciano Cerda entregó un testimonio desgarrador sobre las atrocidades cometidas en el campamento de detenidos de Tejas Verdes. Mostró en cámara las cicatrices de sus piernas, causadas por heridas abiertas con corvos. “Me destrozaron mi cuerpo. El día que me liberaron me amarraron, me penetraron por el ano y después me introdujeron un palo”, declaró compungido.

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El reportaje de Chilevisión, además, contactó al médico Alejandro Forero, implicado en las actividades de represión política del Comando Conjunto, quien trabaja en la clínica Indisa. Fue procesado y amnistiado por la Corte de Apelaciones de Santiago. “Ustedes harían bien en investigar antes de involucrar personas en delitos”, dijo altanero a los periodistas cuando lo interceptaron en los estacionamientos subterráneos del establecimiento. También fue ubicado en una bencinera el médico Manfred Jurgensen. Se defendió señalando: “Hice sólo un turno de reemplazo en la CNI”. Y al otorrino Eugenio Fantuzzi Allende, del equipo de la DINA que atendió en las clínicas Santa Lucía y Londres. Admitió haber examinado detenidos en el campamento “Cuatro Álamos”.

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Según los archivos de la organización Memoria Viva, otros médicos que pertenecieron a la Brigada de Sanidad de la DINA y colaboraron en la aplicación de tormentos a detenidos políticos son Werner Zanghellini, Hernán Taricco, Nader Nasser, Osvaldo Eugenio Leyton, Eduardo Contreras Balcarce, Rodrigo Vélez, Samuel Valdivia Soto, Luis Hernán Santibañez, el ginecólogo Juan Pablo Figueroa, el psiquiatra Roberto Lailhacar, el dentista Sergio Muñoz Bontá, la enfermera María Eliana Bolumburú Taboada y el psicólogo de apellido Bassaure. Sin formar parte de esta estructura, el médico Gergorio Burgos del regimiento de Los Ángeles, colaboró con la DINA, investigando técnicas de torturas sin que la víctima perdiera la conciencia.

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El médico Álvaro Reyes víctima de torturas de las cuales no dio detalles en  Chilevisión, considera que aún no se han conocido todos los facultativos que participaron en tormentos para interrogar detenidos. Como miembro del capítulo de Derechos Humanos del Colegio Médico, estima que la Orden tiene una deuda pendiente con los chilenos y que debe hacer reconocimiento público de los errores y los horrores cometidos por algunos de sus profesionales, para que estas prácticas inhumanas sean erradicadas para siempre de nuestra convivencia. “Algunos de mis colegas estaban infiltrados en el gremio y entre los pacientes antes que fuera elegido Presidente Salvador Allende”, aseguró.