KRADIARIO

26-5-2014-KRADIARIO-Nº899

LA REITERACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ABORTO

Por Hugo Latorre Fuenzalida

El elemento conservador de la sociedad chilena emergió con la dictadura de una manera tan fundamentalista que representa un quiebre abismal con el Chile que tuvimos antes de ese gobierno cívico-militar.

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Chile fue durante el siglo XX una comunidad humana  relativamente progresista, adelantada muchas veces en  varios temas: trabajo de la mujer, instalación ferrocarrilera, leyes laborales, etc.

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También se adelantaron políticas públicas en salud que nos pusieron a la cabeza de América Latina, entre ellas las políticas sobre reproducción, en que la esterilización de mujeres era política oficial y el aborto terapéutico también..

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Nadie se escandalizó por ello en esos años, y eso que teníamos una Iglesia Católica mucho más influyente que lo que es hoy.

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Entonces, lo que ha  acontecido en este tiempo, es que, al parecer, tanto al interior de la Iglesia Católica como de los partidos de derecha, se han posicionado, como factor dominante, una horneada ultramontana, totalista y absolutista, no sólo en política, sino también en valores.

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Deconstruyendo el discurso

Si a uno le preguntan de  sopetón ¿es usted partidario del aborto? Yo personalmente diré que no.

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Pero si bien uno está de acuerdo en que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte, como definición doctrinaria, no es menos cierto que la vida no es un “absoluto” literal, tampoco la doctrina es un dios inmutable (cuando lo es, entonces viene seguido del crimen como destino indefectible de sus aplicaciones a lo concreto, pues se vuelve totalitaria, además de totalista).   

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En práctica médica se dan casos numerosísimos en que un embarazo pone en riesgo la vida de la madre, de tal manera que si no se interrumpe el embarazo la madre seguramente morirá y el no nato, es probable que tampoco sobreviva. Este dilema evidencia la lógica de salvar prioritariamente la vida de la madre a expensas del no nato. Diferente es cuando el no nato tiene grandes posibilidades de sobrevivir si se sacrifica la madre arriesgando un embarazo a término o una cirugía de cesárea. Ahí la decisión es soberanamente de la madre, pues nadie la puede obligar legalmente a sacrificar su vida en pro de su hijo. Puede  ser una opción válida, pero depende nada más que de ella. También puede darse el caso que la madre no se encuentre en capacidad de decidir (por no estar consciente o mentalmente alerta), entonces cabe la pregunta ¿quién define el dilema de la vida o la muerte de estas dos personas involucradas? Alguien debe hacerse cargo.

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¡La ley!, puede decir usted. Obviamente, pero la Ley debe determinar las condiciones de esa decisión, ante lo cual, si la ley prohíbe absolutamente o define una única vía de acción, el Estado, a través de sus leyes, estará condenando definitivamente a una de las dos personas, y, lo peor, sobre criterios inmudables y consecuencias irreversibles.

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Pero la ley puede establecer un sistema consultivo, es decir un comité de personas calificadas moral y técnicamente, para adoptar las decisiones más naturalmente aceptables en casos de disyuntivas extremas. Este recurso es esencial, pues muchas veces las familias no pueden ser capaces de resolver estos dilemas, por razones de shock psicológico o de conflictos de opinión  al interior de los miembros de esas familias.

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En casos menos dramáticos, que no impongan definiciones de vida o muerte, se puede ser más estricto en la definición doctrinaria; tal es el caso del aborto  como consecuencia de una violación.

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Es verdad que un hijo indeseado es cosa difícil de llevar, pues, además, es producto de una violencia que suele ser brutal y marca la psiquis de por vida. Parece justo que el no nato, producto de una violación, es una vida humana y por tanto es doctrinariamente poseedor de todos los derechos. Pero también es cierto que el Estado puede prohibir matar a ese niño (que, mal que mal, es hijo de esa madre afectada), pero también es cierto que el Estado no puede exigir ni obligar a esa madre ni a la familia  a hacerse cargo de esa creatura una vez nacido, a menos que sea una decisión voluntaria o compartida.

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Entonces, conclusión lógica para estos casos: no se puede autorizar el aborto, pues se atenta contra una vida, pero entonces el Estado debe hacerse cargo de esa creatura, una vez nacida, a menos que la madre, el padre identificado o las familias respectivas deseen asumir esa responsabilidad. El Estado, debe hacerse cargo del recién nacido, mantenerlo en lugares de acogida, debidamente dotados, y luego podrá dar en adopción a ese niño y supervisar su desenvolvimiento a lo largo de su vida, hasta ser adulto.

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Porque en estas materias tan delicadas, el Estado o la Ley no sólo tienen el rol de prohibir o limitar, también debe hacerse cargo de las consecuencias de su mandato.

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El aborto por no querer tener el hijo, pero sin agravantes o condicionantes de salud o criminalidad, pasa a la prohibición absoluta pero condicionada a que el estado se haga cargo del niño una vez nacido. Esta es una postura bastante obvia y consecuente con lo arriba argumentado. No puede ser razonamiento atendible el que muchas mujeres pobres se practiquen aborto a riesgo de sus vidas y que es preferible-en defensa de la vida-el que se practiquen abortos en centros debidamente dotados de salud.

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Esa realidad existe y constituye un problema. Ahí la mujer embarazada llegará con un cuadro de urgencia, por intentar auto-interrumpir su embarazo, ante lo cual los médicos deberán practicar un aborto forzoso, que no puede clasificarse de “terapéutico”. En estos casos, la madre debe ser juzgada sobre la base de un aborto prohibido.

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En una sociedad como la nuestra, en que la natalidad cae visiblemente, se puede incluso implementar políticas de remuneración por cada embarazo llevado a término, en casos de la población más vulnerable; luego el Estado se hace cargo del niño o se entrega un subsidio a la madre si permanece con su hijo.

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En fin, sobre estos temas se deben asumir políticas integrales, pero nunca basadas en un simplismo doctrinario.

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Si la derecha chilena fuese tan absoluta en su doctrinaria postura acerca del valor de la vida, entonces deberían pedir perdón de rodilla por los crímenes cometidos durante el tiempo en que ellos fueron gobierno con los militares. Ahí se asesinaron mujeres y niños, chilenas embarazadas fueron torturadas y asesinadas, en consecuencia nadie puede tener mucha confianza en la honestidad de una postura tan extemporáneamente absolutista.

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Si la Iglesia Católica fuese tan defensora de la vida, entonces debía retirar a todos los sacerdotes en funciones militares, pues la guerra- y las declaraciones de “estado de guerra”, interna o externa-son los principales enemigos de la vida y del derecho a la misma. Su presencia en los aparatos militares, que son aparatos de muerte, sí constituye una contradicción doctrinaria total y absoluta.

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Si predicamos el respeto a la vida, debemos rechazar el aborto (en eso estamos de acuerdo), pero la vida es más compleja que las declaraciones universales; por tanto se debe razonar con lucidez sobre los casos en que la realidad supera a la doctrina y las soluciones  desafían al buen espíritu de las leyes.