KRADIARIO

9-5-2014-KRADIARIO-Nº 896

EL SENAME CONVERTIDO EN CENTRO DE ABUSOS SEXUALES CONTRA MENORES

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Siguen y siguen las denuncias por abusos sexuales al interior de centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) y entidades colaboradoras externas sin que hasta ahora se hayan tomado las medidas adecuadas para evitar que se siga cometiendo este tipo de delitos, como lo denunció un informe de la UNICEF el año pasado.

Entre los años 2012 y 2013 estos casos llegaron a 159. En el primer año mencionado hubo 61, mientras que en el segundo se registraron 98, informó La Tercera. En tanto, en los últimos diez años se registraron 302 casos y en 2014 sólo se han reportado seis.
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El mismo medio aclara que estas denuncias son por eventuales ilícitos que pudieron ser hechos por adultos o menores que habitan dentro de estos lugares.

Cabe señalar que el mismo informe del Sename y el cual aparece firmado por su director nacional (s), Jorge Lavanderos Svec, aclara que estas "situaciones acontecidas tanto en centros de administración directa del servicio, como en aquellos administrados por organismos acreditados como colaboradores del mismo, fudamentalmente privados, los cuales representan la mayoría de los casos que se exponen".
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En el mismo reporte aparece que el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Alborada, ubicado en Temuco y dependiente del Sename, es el recinto con más denuncias, con 58
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En un panorama más general, 152 denuncias fueron en establecimientos del Sename y 150 en dependencias de centros colaboradores.
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En cuanto a las sanciones, el informe señala que sólo en dos casos ocurrieron y fueron en establecimientos del Sename. Uno de los implicados fue destituido, mientras que el otro recibió una multa de un 10% de su remuneración porque no se comprobó la acusación.
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El Sename aclaró que hay un protocolo que obliga a denunciar de manera inmediata, o en un plazo de 24 horas, si se detectan un posible delitos sexual, ya sea en caso de centros del Sename o colaboradores.
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Desde Aldeas Infantiles SOS, organismo colaborador, las 25 denuncias reportadas corresponden  al 0,6% de un total de 4.500 niños.

"Sólo tres de los casos terminaron con sentencia condenatoria y ninguna de las personas condenadas tuvo relación alguna con nuestra organización", señaló Aldeas Infantiles.

Unicef y Cámara de Diputados
Sobre la base de un lapidario informe de la UNICEF (Organización de las Naciones Unidas para la infancia) la Cámara de Diputados aprobó el 17 de abril un duro informe sobre una investigación oficial sobre la situación de los niños bajo la protección del Sename. Al parecer este documento quedó archivado en alguna oficina estatal porque hasta ahora se ha avanzado muy poco para mejorar la triste realidad que se vive en esta entidad oficial chilena y en varios casos graves no se ha hecho absolutamente nada.

Para el psicólogo Camilo Morales,  el Estado debe partir por lo básico: entender que los niños tienen derechos y que no podrá exigir que otros los respeten mientas él mismo los vulnere sistemáticamente a través de sus instituciones. Lo que el Estado hace se transforma en un estándar que ha hecho mucho daño y debe cambiarse con urgencia.

En una discusión que se extendió por dos días, los parlamentarios fueron enfáticos en calificar de inaceptable que una institución del Estado, cuya misión es garantizar la protección de niños y niñas vulnerados en sus derechos, estuviera involucrada en situaciones de negligencia, maltrato y violencia.

El informe constituye un hecho de gran significación no sólo porque hace visible una cruda realidad. Lo verdaderamente importante -y que establece un hito respecto a la situación de la niñez en Chile- es que se afirma desde el Poder Legislativo que en un Estado de Derecho no es aceptable que se produzca ningún tipo de vulneraciones al interior de instituciones de administración directa de un servicio, o bien, en instituciones privadas que reciben financiamiento estatal.

Desde ningún punto de vista es factible seguir tolerando situaciones de violencia y maltrato históricamente naturalizadas en los contextos residenciales de nuestro país. Por más que se intente negar, la historia del cuidado y la protección de niños en residencias está vinculada a situaciones en donde la dignidad de los niños y sus familias ha resultado violentada permanentemente. Por lo tanto, lo que hoy conocemos a través del informe y, que se ha debatido en el Parlamento, es la repetición y la insistencia de un problema social que se resiste a enmudecer.

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Todas las instituciones vinculadas a la protección de la infancia tienen el deber de trabajar por la restitución de la confianza, de la sociedad, pero principalmente de los niños, respecto de la labor que hoy realizan.

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Los diputados expresaron que "como sociedad nos impresionamos cada vez que tenemos noticias de las cifras anuales relacionadas al maltrato infantil o al abuso sexual que se produce en la intimidad de la vida familiar. Somos enfáticos en manifestar los graves efectos que tienen el maltrato o la negligencia parental en los niños. Desde la intervención psicosocial elaboramos escalas, construimos instrumentos, diseñamos intervenciones que nos permiten anticipar y actuar efectivamente en esas situaciones, sin dejar pasar la sola posibilidad de una vulneración. Paradójicamente, cuando las vulneraciones se producen al interior de nuestras propias instituciones, ambulatorias o residenciales, preferimos mirar para el lado contribuyendo de esa forma a la naturalización de prácticas o formas de 'intervención' que pueden resultar transgresoras de la dignidad de las personas que requieren cuidado y apoyo".

Desde ese punto de vista, el Estado como la sociedad civil, deben asumir que cualquier tipo de cambio en nuestro actual sistema de protección no se puede sostener sobre una cultura institucional de protección que naturaliza formas de violencia hacia los niños, justificando las carencias o deficiencias de la labor que se realiza como si fuese algo inevitable o propio de esos contextos. ¿Cómo se puede seguir exigiendo a otros el respeto incondicional y sin restricciones de los derechos de los niños si el mismo Estado, a través de sus instituciones, reproduce situaciones de vulneración?

No hay duda de que los niños comienzan a hacerse escuchar. Lo hacen, lamentablemente, desde un lugar que parece ser su única vía de enunciación en el territorio del poder, la política y las transformaciones sociales: a través de su condición de vulnerabilidad, fragilidad, dependencia y del dolor que acompaña los testimonios de su vida en una residencia. El reconocimiento del niño como sujeto de derechos, expresado en los tratados internacionales que Chile ha ratificado, muestra sus limitaciones cuando el Estado no puede garantizarlos, o bien, cuando no existe para los niños condiciones reales para ejercerlos y acceder a ellos.

Lo señalado da cuenta de la relevancia que tiene para nuestra sociedad continuar la discusión iniciada en la Cámara de Diputados, y que los antecedentes expuestos en esa instancia se traduzcan en políticas públicas que protejan a la infancia. Esto significa que, independiente de la urgencia que tiene la tarea de reformular el sistema de protección residencial, la protección de los niños no puede seguir vulnerando su dignidad y exponiéndolos a situaciones de sumisión ante un sistema o a formas de desarraigo de sus contextos vinculares y de pertenencia. ¿Cómo estamos cuidando y protegiendo a los niños en nuestras instituciones?, es una pregunta que debemos formularnos continuamente a fin de visibilizar el modo en que nuestras prácticas realizan efectivamente lo consignado en la Convención Internacional de los Derechos del Niño.

La Comisión Investigadora de la Cámara deja sobre la mesa un enorme desafío para instituciones como el Sename, el Ministerio de Justicia, Tribunales de Familia y el Consejo Nacional de la Infancia: una profunda reforma del actual sistema de protección residencial, así como de aquellos paradigmas obsoletos y conservadores sobre el cuidado de los niños que están en estas condiciones, pues ya sabemos de los profundos daños que generan. De esta manera, un primer aspecto que debiese abordarse es analizar en qué medida es posible recoger e implementar las más de cuarenta propuestas que detalla el informe, y que están dirigidas a los principales actores vinculados a la protección de la niñez.

Cuatro ejes en las propuestas de los parlamentarios

Primero, aquellas dirigidas a completar la sistematización y monitoreo de la situación actual de todos los niños y niñas de las residencias de protección del país, ya que está pendiente el levantamiento de información en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, Biobío, La Araucanía y Magallanes.

Segundo, la necesidad de incrementar los recursos destinados a mejorar la calidad de la atención de las residencias, lo que debiese significar una inversión significativa en programas que apoyen los procesos de desinternación y revinculación de los niños con sus familias o sus comunidades.

Tercero, fortalecer los modelos de supervisión y capacitación de los profesionales de las residencias, poniendo especial énfasis en los aspectos ligados a la intervención y no a cuestiones de carácter meramente administrativo o burocrático.

Cuarto, establecer una nueva política e institucionalidad de protección de la infancia que contemple la creación de dos nuevas instituciones, la creación del defensor del niño y la consolidación de la tan anhelada ley de protección integral de derechos. Esperemos que la nueva institucionalidad que pretende separar “niños vulnerados” de “niños infractores de ley” considere que ambos son sujetos de derechos y han sido vulnerados.