El dilema de la falta de control del gasto electoral
UN CANDIDATO PRESIDENCIAL PUEDE GASTAR HASTA 9.000 MILLONES DE PESOS EN SU CAMPAÑA Y UNO AL CONGRESO HASTA 1.400 MILLONES
Estas cifras indignan a los sectores sociales y más necesitado del país
A nivel de campañas senatoriales la circunscripción más cara
es Santiago Poniente, donde está autorizado un gasto máximo de 1.400 millones de pesos.
La circunscripción menos costosa es Magallanes, con un límite de 209 millones.
En materia de campaña de diputados el distrito "más caro" es Maipú, con 398 millones de pesos autorizados, seguido por Puente Alto, Pudahuel y el Distrito 23 (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea).
Donde menos se puede gastar es en el distrito de Vallenar, donde sólo hay 92 millones autorizados por la Ley Electoral, cuyo cumplimiento está encargado al Servel.
Las reacciones de la ciudadanía
¿Cómo recibe la ciudadanía estas cifras
dadas a conocer por el Servicio Electoral?
Los números millonarios hacen reaccionar de manera
inmediata a la ciudadanía. Cabe recordar que el salario mínimo fue tramitado
por varios meses en las cámaras del Congreso y esos mismos parlamentarios que durante semanas
debatieron en torno a cifras que bordean los 200 mil pesos hoy día tienen topes
de gasto electoral que superan los mil millones si se compite en Santiago, por
ejemplo.
Los movimientos sociales, principalmente nortinos, reclaman
a las autoridades mejoras en sus comunas. Hospitales, educación de calidad, y
mejoras en vivienda y urbanismo son algunas de sus demandas. Para ellos, estas
cifras provocan vergüenza, dolor y sobre todo rabia.
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Por esto, los voceros de los movimientos sociales de Calama, Tocopilla y Taltal, Diego Ramírez, Pedro Lazo y Juan Mediano, respectivamente, señalaron a Radio Universidad de Chile que “la comuna de Calama produce 6 mil millones de dólares para que con el respeto que se merecen se lo farreen para las elecciones, eso es increíblemente injusto, nos daña, nos humilla y es indignante lo que hacen. No sé, es como una burla, una vergüenza para nuestro país de pensar sólo en esos nueve mil millones cuando acá en la región hay sufrimiento. Estamos hablando de 160 millones de dólares, se da cuenta la cantidad de dinero que es eso, cuántos hospitales se pueden construir, cuántas salas de diálisis se pueden levantar en las regiones especialmente en los lugares apartados como el nuestro”.
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La Iglesia Católica también tiene una postura frente al gasto electoral. El sacerdote Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores cree importante revisar la ley en cuanto a estos montos que parecen muy altos, además reflexionó en torno a los destinos de los recursos.
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Los estudiantes ha sido otro sector que permanentemente ha estado en disputas con las decisiones tomadas por muchos de los que hoy se presentan a la reelección en sus cargos. Para Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, es fundamental lograr aclarar de dónde vienen esos recursos y poder establecer condiciones igualitarias para todos los candidatos.
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En esa línea, el dirigente de la Universidad Católica enfatizó que “acá lo que es importante es transparentar de dónde provienen los otros fondos, que justamente uno ve que son de empresarios, que son personas que invierten en Educación y que justamente lo que hacen es generar un conflicto de interés al momento de que los candidatos presidenciales también los parlamentarios puedan legislar”.
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Adelanto de fondos del Estado
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El Estado, según lo explicitado en la ley, anticipa dineros a cada partido o sector que presente candidatos, haciendo una ecuación entre el número de votantes obtenidos en la elección anterior de la misma naturaleza –en este caso presidenciales y parlamentarias por separado- multiplicado por el equivalente en pesos a diez milésimas de unidad de fomento, alrededor de 600 pesos por voto alcanzado.
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El gasto electoral contempla propaganda y publicidad, encuestas, arriendos de bienes muebles e inmuebles y asesorías. En el mercado se señala que a grandes rasgos una gigantografía cuesta 4.500 pesos por cada metro cuadrado, cada paloma 8.000 pesos, un jingle cerca de 400 mil pesos y cinco minutos de video 700 mil.
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"Hoy día a lo que más se apuesta es a la impresión publicitaria. Ahí lo más caro es el arriendo del espacio para poder instalar la tela", explicó a Cooperativa Fabián Abasolo, director de la agencia CRPC Comunicaciones.
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El jefe de la Unidad de Control de Gasto Electoral del Servel, Germán Cortés, explica que ante el organismo "los candidatos y los partidos políticos tienen un plazo para declarar sus ingresos y gastos electorales que finalizará el próximo 30 de diciembre".
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El periodo legal para el inicio de la campaña y la instalación de propaganda comienza recién este 18 de octubre, pero en las calles ésta se advierte hace meses. Esta situación, a juicio del analista político Claudio Fuentes, da cuenta de la falta de regulación que existe en esta materia.
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Si se autoriza una suma determinada y el candidato presenta boletas por esa suma, pero por todo lo que se ve en la calle, el gasto es tres, cuatro o cinco veces más, esto último nadie lo va a controlar. Respecto a la propaganda política "cada uno hace lo que quiere", señaló Fuentes a Cooperativa.
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En opinión del experto "hay que establecer un sistema de fiscalización como sucede con Impuestos Internos".
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"Otro gran problema es que el 90 y 95 por ciento de las donaciones en algunas campañas son aportes privados reservados, por lo tanto tampoco el ciudadano al momento de ir a votar sabe quién está financiando las campañas y a quién", indica.
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Por esto, los voceros de los movimientos sociales de Calama, Tocopilla y Taltal, Diego Ramírez, Pedro Lazo y Juan Mediano, respectivamente, señalaron a Radio Universidad de Chile que “la comuna de Calama produce 6 mil millones de dólares para que con el respeto que se merecen se lo farreen para las elecciones, eso es increíblemente injusto, nos daña, nos humilla y es indignante lo que hacen. No sé, es como una burla, una vergüenza para nuestro país de pensar sólo en esos nueve mil millones cuando acá en la región hay sufrimiento. Estamos hablando de 160 millones de dólares, se da cuenta la cantidad de dinero que es eso, cuántos hospitales se pueden construir, cuántas salas de diálisis se pueden levantar en las regiones especialmente en los lugares apartados como el nuestro”.
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La Iglesia Católica también tiene una postura frente al gasto electoral. El sacerdote Andrés Moro, vicario de la Pastoral Social y de los Trabajadores cree importante revisar la ley en cuanto a estos montos que parecen muy altos, además reflexionó en torno a los destinos de los recursos.
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Los estudiantes ha sido otro sector que permanentemente ha estado en disputas con las decisiones tomadas por muchos de los que hoy se presentan a la reelección en sus cargos. Para Diego Vela, presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC, es fundamental lograr aclarar de dónde vienen esos recursos y poder establecer condiciones igualitarias para todos los candidatos.
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En esa línea, el dirigente de la Universidad Católica enfatizó que “acá lo que es importante es transparentar de dónde provienen los otros fondos, que justamente uno ve que son de empresarios, que son personas que invierten en Educación y que justamente lo que hacen es generar un conflicto de interés al momento de que los candidatos presidenciales también los parlamentarios puedan legislar”.
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Adelanto de fondos del Estado
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El Estado, según lo explicitado en la ley, anticipa dineros a cada partido o sector que presente candidatos, haciendo una ecuación entre el número de votantes obtenidos en la elección anterior de la misma naturaleza –en este caso presidenciales y parlamentarias por separado- multiplicado por el equivalente en pesos a diez milésimas de unidad de fomento, alrededor de 600 pesos por voto alcanzado.
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El gasto electoral contempla propaganda y publicidad, encuestas, arriendos de bienes muebles e inmuebles y asesorías. En el mercado se señala que a grandes rasgos una gigantografía cuesta 4.500 pesos por cada metro cuadrado, cada paloma 8.000 pesos, un jingle cerca de 400 mil pesos y cinco minutos de video 700 mil.
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"Hoy día a lo que más se apuesta es a la impresión publicitaria. Ahí lo más caro es el arriendo del espacio para poder instalar la tela", explicó a Cooperativa Fabián Abasolo, director de la agencia CRPC Comunicaciones.
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El jefe de la Unidad de Control de Gasto Electoral del Servel, Germán Cortés, explica que ante el organismo "los candidatos y los partidos políticos tienen un plazo para declarar sus ingresos y gastos electorales que finalizará el próximo 30 de diciembre".
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El periodo legal para el inicio de la campaña y la instalación de propaganda comienza recién este 18 de octubre, pero en las calles ésta se advierte hace meses. Esta situación, a juicio del analista político Claudio Fuentes, da cuenta de la falta de regulación que existe en esta materia.
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Si se autoriza una suma determinada y el candidato presenta boletas por esa suma, pero por todo lo que se ve en la calle, el gasto es tres, cuatro o cinco veces más, esto último nadie lo va a controlar. Respecto a la propaganda política "cada uno hace lo que quiere", señaló Fuentes a Cooperativa.
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En opinión del experto "hay que establecer un sistema de fiscalización como sucede con Impuestos Internos".
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"Otro gran problema es que el 90 y 95 por ciento de las donaciones en algunas campañas son aportes privados reservados, por lo tanto tampoco el ciudadano al momento de ir a votar sabe quién está financiando las campañas y a quién", indica.
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