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UNA FULERA INSERCIÓN PUBLICADA EN
EL MERCURIO
Por Patricio Herman (*)
El 9 de agosto de 2013, a página completa en el diario El Mercurio,
la muy privada Universidad San
Sebastián, teóricamente persona jurídica sin fines de lucro, dio a conocer en
una singular inserción pagada, su postura sobre actos de corrupción que hoy se
comprueban que son verídicos.
En esa oportunidad, la universidad publicó una inserción
desmintiendo al arquitecto Carlos Reyes, ex Director de Obras de la
Municipalidad de Recoleta, por unos presuntos sobornos y al también arquitecto
Daniel Jadue, alcalde de esa municipalidad, como asimismo reprochando a una
"coordinada cobertura mediática que forman parte de un montaje
comunicacional liderado desde la municipalidad destinado a dañar la imagen de
nuestra universidad".
La Junta Directiva de esa casa de estudios superiores
aseguró en dicha Declaración Pública que "se honra en declarar del modo
más rotundo que es una institución que jamás ha hecho nada ilegal, que nunca ha
tenido vinculación alguna con actos de corrupción, y que todas sus actividades
públicas y privadas se ajustan a un estricto sentido ético".
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Ante tales convincentes palabras estoy seguro que el 99% de
los lectores de esa inserción creyeron los dichos de tal universidad y deben
haberse quedado con la pésima sensación de que los denunciantes, Reyes y Jadue,
son unos mentirosos rematados, sobre todo el primero quien llegó a un acuerdo
con la Fiscalía Centro Norte del Ministerio Público para acceder a un juicio
abreviado en donde dirá algunas cosas comprometedoras, desconocidas hasta
ahora.
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Con el propósito de dejar las cosas en su justo lugar y como somos testigos directos de todos los hechos, sucintamente diremos lo que sucedió con el emprendimiento inmobiliario-educacional, objetado desde hace años no solo por la Fundación Defendamos la Ciudad, sino también por la Corporación Ciudad Viva, liderada por Lake Sagaris y Josefa Errázuriz, actual alcaldesa de Providencia, por las Juntas de Vecinos de Recoleta y Providencia, cuyos cabezas visibles son los dirigentes Gerardo Lanzarotti y Juan Eduardo Donoso, respectivamente y por algunos concejales de Recoleta.
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Con el propósito de dejar las cosas en su justo lugar y como somos testigos directos de todos los hechos, sucintamente diremos lo que sucedió con el emprendimiento inmobiliario-educacional, objetado desde hace años no solo por la Fundación Defendamos la Ciudad, sino también por la Corporación Ciudad Viva, liderada por Lake Sagaris y Josefa Errázuriz, actual alcaldesa de Providencia, por las Juntas de Vecinos de Recoleta y Providencia, cuyos cabezas visibles son los dirigentes Gerardo Lanzarotti y Juan Eduardo Donoso, respectivamente y por algunos concejales de Recoleta.
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En efecto se autorizó con "errores", así se dice
en Chile cuando se detectan vicios en los actos administrativos, un permiso
para que se construyeran tres torres habitacionales de 19 pisos cada una, la
propia universidad y su centro de extensión, en cuatro predios colindantes
entre sí localizados en la manzana conformada por las calles Bellavista,
Ernesto Pinto Lagarrigue, Dardignac y Pío Nono, comuna de Recoleta, pero al
Director de Obras de entonces, Carlos Reyes, se le "olvidó" que la
altura máxima contemplada en el Plan Regulador Comunal para el sector en donde
se localizan esas 3 torres es de 8 pisos, es decir, los habilidosos empresarios,
con la ayuda "solidaria" de la municipalidad de Recoleta, cuando el
alcalde era Gonzalo Cornejo, construyeron 11 pisos más que los admitidos por
cada una de sus torres.
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Esa "conveniente" equivocación le significó al
privado un significativo mayor margen de ganancia en su inversión y acorde a lo
expresado oportunamente por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu),
Contraloría General de la República (CGR) y Consejo de Defensa del Estado
(CDE), se acreditó que el permiso, conforme a lo ordenado en la Ordenanza
General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), estaba mal otorgado. Pero lo
resuelto por estas tres instituciones del Estado no produjeron ningún efecto
práctico: las torres están allí muy
erguidas, por lo tanto son hechos consumados, lo que asocio a lo que está
ocurriendo con el polémico mall de Castro. Recordemos que en el ámbito de la
construcción la impunidad está garantizada.
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Como el proyecto en su conjunto no fue sometido al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), sino tan solo las tres torres
truchas, fue necesario informarle a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA)
que fiscalizara in situ para que, constatando los hechos, sancionara
ejemplarmente a la sociedad infractora.
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Y así fue como el 8 de agosto de 2013 la SMA, un día antes
de la publicación de la inserción en El Mercurio, inició un proceso
sancionatorio contra el privado, conforme a lo establecido en el artículo 39º
de su Ley Orgánica, dándole un plazo de 10 días al titular del proyecto para
que le presentara un Programa de Cumplimiento, solo por los estacionamientos
subterráneos, curiosamente sin aludir a los equipamientos educacionales. El 29
de agosto de 2013 la SMA, antes de aprobar dicho Programa, resolvió clausurar a
partir del quinto día de la notificación correspondiente, los 342
estacionamientos subterráneos que tiene la universidad hasta que el privado
obtuviera la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable.
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El 2 de septiembre de 2013 la empresa presentó ante la SMA
un programa de cumplimiento refundido, coordinado y sistematizado,
solicitándole que lo aprobara y el 5 de septiembre, es decir, tres días
después, el órgano ambiental fiscalizador dispuso la suspensión del
procedimiento administrativo sancionatorio.
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Pero ¡oh sorpresa! el 27 de septiembre de 2013, transitando apaciblemente por el barrio Bellavista, constaté que el estacionamiento bajo tierra cuyo acceso se ubica en un bien nacional de uso público gracias a un permiso precario (?) otorgado por la ex alcaldesa Sol Letelier, continuaba operando incluso con avisos publicitarios dirigidos al mercado vehicular, indicándose el precio por hora y día completo de sus aparcaderos, ante lo cual por correo electrónico a la SMA y al alcalde de Recoleta, les representé esta forma de rebeldía por parte del sancionado.
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La SMA contestó que está recopilando información, señalando que no pueden dar mayores detalles porque su fiscalización es secreta (sic), y ante esta insustancial respuesta, el 7 de octubre de 2013, por escrito, se interpeló al Superintendente respectivo haciéndole notar que su obligación legal es materializar inmediatamente la clausura de los estacionamientos resuelta por su servicio público. En los próximos días le preguntaremos a ese funcionario del Estado qué hará la SMA con las edificaciones de la propia universidad y del centro de extensión, ambas todavía no sometidas al SEIA.
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En síntesis, con la publicación en El Mercurio, el ganador neto ha sido ese diario el cual le debió haber cobrado a la universidad unos cuantos millones de pesos por la inserción y ha quedado en evidencia que los dueños de esa casa de estudios no son unas blancas y santas palomas como ellos se autocalifican y quien dirá la última palabra en este incidente será el Ministerio Público, a quien le solicitamos a través de esta tribuna que por favor no envíe a nadie a tomar cursillos de ética comercial.
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Pero ¡oh sorpresa! el 27 de septiembre de 2013, transitando apaciblemente por el barrio Bellavista, constaté que el estacionamiento bajo tierra cuyo acceso se ubica en un bien nacional de uso público gracias a un permiso precario (?) otorgado por la ex alcaldesa Sol Letelier, continuaba operando incluso con avisos publicitarios dirigidos al mercado vehicular, indicándose el precio por hora y día completo de sus aparcaderos, ante lo cual por correo electrónico a la SMA y al alcalde de Recoleta, les representé esta forma de rebeldía por parte del sancionado.
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La SMA contestó que está recopilando información, señalando que no pueden dar mayores detalles porque su fiscalización es secreta (sic), y ante esta insustancial respuesta, el 7 de octubre de 2013, por escrito, se interpeló al Superintendente respectivo haciéndole notar que su obligación legal es materializar inmediatamente la clausura de los estacionamientos resuelta por su servicio público. En los próximos días le preguntaremos a ese funcionario del Estado qué hará la SMA con las edificaciones de la propia universidad y del centro de extensión, ambas todavía no sometidas al SEIA.
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En síntesis, con la publicación en El Mercurio, el ganador neto ha sido ese diario el cual le debió haber cobrado a la universidad unos cuantos millones de pesos por la inserción y ha quedado en evidencia que los dueños de esa casa de estudios no son unas blancas y santas palomas como ellos se autocalifican y quien dirá la última palabra en este incidente será el Ministerio Público, a quien le solicitamos a través de esta tribuna que por favor no envíe a nadie a tomar cursillos de ética comercial.
(*) Fundación
“Defendamos la Ciudad”
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