24-10-2013-KRADIARIO
EL GOBIERNO DE FREI INTENTÓ NOMBRAR A MIGUEL KRASSNOFF
COMO AGREGADO MILITAR EN RUSIA
Por Felipe Portales
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Así, el gobierno de Eduardo Frei Ruiz Tagle
pretendió enviar a la Misión militar en España a Jaime Lepe Orellana, que
¡había sido miembro de la Brigada Mulchén, entidad de la DINA que se encargó
del asesinato del funcionario internacional chileno-español Carmelo Soria! Ante
la oposición del gobierno español, no pudo hacerlo (Ver Ascanio Cavallo.- La
historia oculta de la transición;
Edit. Grijalbo, 1998; p.350). Luego, el funcionario socialista de la
Cancillería, Carlos Parker, reconoció en el agregado aéreo en España, Héctor
Barrientos, a quien lo había torturado en Isla Dawson, luego del golpe. Pese a
la conmoción producida, el gobierno de Frei lo mantuvo en el cargo (Ver El
País de España; 4-11-1997).
Por
otro lado, el gobierno de Frei intentó designar como agregado militar en
Ecuador a otro miembro de la Brigada Mulchén, Pablo Belmar. Sin embargo, éste
“no pudo asumir, porque al rechazo del Parlamento de ese país se sumó la firme
postura del embajador Roberto Pizarro, quien estuvo dispuesto a renunciar si
asumía Belmar” (La Nación; 31-1-1996). Luego, Frei quiso nombrarlo en la
Misión militar en El Salvador. Ante ello, el propio presidente (¡del partido de
extrema derecha ARENA!) de ese país, Armando Calderón Sol, “confirmó las
declaraciones del canciller Ramón González Giner, en cuanto a que su gobierno
rechaza la llegada al país del militar chileno Pablo Belmar en calidad de
asesor de la Fuerza Armada salvadoreña por las acusaciones que pesan en su
contra sobre violaciones a los derechos humanos” (La Tercera;
17-2-1996).
Además, respecto de El Salvador se añadía
el hecho que “desde el 1 de julio de 1995” ocupaba el cargo de agregado militar
de Chile en dicho país –y como concurrente en Guatemala- “el brigadier George
Willeke, implicado en el caso Prats, en la reciente resolución de la jueza
(argentina) María Servini de Cubría” (La Nación; 31-1-1996). Todo esto
provocó que “el propio gobierno salvadoreño” hiciera trascender “su malestar” y
que además planteara su disposición “a cesar el acuerdo de asesoría entre el
Ejército de Chile y las Fuerzas Armadas de El Salvador, que data de 1991” (La
Nación; 31-1-1996).
Incluso, el gobierno de Frei ¡pretendió
nominar a Miguel Krasnoff Marchenko como agregado militar en Rusia!, lo que se
vio frustrado por la natural indignación suscitada en organismos de derechos
humanos (Ver El Mercurio;
1-2-1996).
Más revuelo provocó el caso del oficial
chileno a cargo de la Misión de Observadores de Naciones Unidas en la frontera
indo-pakistaní, Sergio Espinoza Davies, producto de la información de que “el
general Espinoza fue acusado recientemente por familiares de fusilados en
Pisagua, de ser uno de los miembros del Consejo de Guerra que el 29 de octubre
de 1973 cambió una sentencia ya fallada para, bajo presión de mandos
superiores, redactar una nueva y condenar a muerte a cuatro dirigentes del
Partido Socialista de Iquique. Los dirigentes Freddy Taberna, Juan Antonio Ruz,
Rodolfo Fuenzalida y José Sampson fueron fusilados en la madrugada del día
siguiente en el campo de prisioneros de Pisagua” (La Nación; 18-9-1998).
Y pese a la presión de Naciones Unidas
para que el gobierno chileno lo retirara, éste prefirió que fuera la propia ONU
quien tomara la decisión de sacarlo de su cargo: “Según fuentes e informaciones
extraoficiales coincidentes, el Gobierno prefirió este camino –que conlleva el
bochorno internacional como lo planteó el Canciller José Miguel Insulza- a
tener que responder ante el Ejército por llamar a retiro al brigadier general”
(La Nación; 18-9-1998).
La indiferencia gubernamental se expresó
también en el nombramiento de embajadores. Así, a comienzos de 1994 el flamante
gobierno de Frei quiso designar como su embajador en Suiza al funcionario Luis
Winter Igualt, quien se había desempeñado como Fiscal Naval de Valparaíso luego
del golpe de 1973. Winter, en octubre de 1977 –mientras se desempeñaba como
diplomático chileno en las Naciones Unidas en Ginebra- fue acusado por la
portavoz del “Comité de Solidaridad con el Pueblo Chileno” en Suiza, la
periodista Marie Tecklenburg-Bonnard, de haber ordenado torturar a dos presos
políticos chilenos: Jorge Escalante Hidalgo y Leopoldo Luna, quienes
testimoniaron al respecto ante la propia Comisión de Derechos Humanos de
Naciones Unidas (Ver El Mercurio de
Valparaíso; 10-1-1981). Winter se despojó de su inmunidad y se querelló por
difamación contra Marie Tecklenburg ante la Justicia de Suiza. En enero de 1981
ésta absolvió a la periodista suiza de los cargos de difamación y condenó a
Winter “a pagar las costas del proceso y una parte del pago del abogado (1.000
francos suizos) de la acusada” (La Suisse; 10-1-1981).
Por cierto, la comunidad chilena en Suiza
se movilizó denodadamente para impedir dicho nombramiento. Así, el gobierno
suizo terminó solicitándole al chileno que lo desechara. Ante una situación tan
bochornosa, el gobierno de Frei Ruiz-Tagle, en lugar de retirarle su confianza,
lo designó Consul General en Houston. Posteriormente, bajo Lagos y Bachelet,
Winter llegaría a ostentar un alto cargo en la Cancillería (Director de
Políticas Especiales) y en 2007 ¡fue designado por Michelle Bachelet como
abogado consejero del Consejo de Defensa del Estado!
Asimismo, durante el gobierno de Lagos se
denunció que el agregado militar en España, Rodolfo Ortega Prado, había sido
jefe de la CNI en Punta Arenas entre 1986 y 1989; y que en 1988 se había
asesinado allí a la joven dirigente del PS, Susana Obando (Ver La
Nación; 29-2-2004). Pese a que altos dirigentes
políticos españoles –de Izquierda Unida y de Ezquerra Republicana de Cataluña-
abogaron por su cese en el cargo, el gobierno chileno lo mantuvo en él hasta el
término de su período en 2005.
Quien sí tuvo que ser alejado de su cargo
de Cónsul General de Chile en Honduras, fue el que dirigió como capitán de
Ejército la represión en San Fernando luego del golpe de 1973, dejando una
estela de detenciones, torturas y muertes: Ricardo Manríquez Pearson (Ver La
Nación; 12-4-2004). Las protestas surgidas en
Chile y el exterior fueron tan fuertes, que el gobierno de Lagos se vió
virtualmente obligado a ordenar su retorno como diplomático, carrera a la cual
había ingresado durante la dictadura en 1979.
Estos fueron los casos que llegaron a
conocimiento público; pero con toda probabilidad debe haber habido muchos más.
De hecho, otros agregados recibieron denuncias responsables de haber violado
los derechos humanos con posterioridad a sus destinaciones; como Juan Emilio
Cheyre y Hernán Gabrielli. Es decir, este era un tema que no solo dejaba
indiferente a los gobiernos de la Concertación desde una perspectiva ética y de
justicia, sino además desde el punto de vista del prestigio de nuestro país en el
exterior. Lo que quedaría con total evidencia luego de la detención de Pinochet
en Londres, hace quince años, en octubre de 1998…
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