KRADIARIO

LOS HOSPITALES CONCESIONADOS: FRAUDE AL PUEBLO

Por Hugo Latorre Fuenzalida

¿Por qué concesionar la construcción de hospitales públicos en Chile? ¿Por qué derivar al sector privado los pacientes del sector público a un costo infinitamente más alto que si el ministerio de salud se hiciera cargo de este problema?

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¡Porque se cree y se quieren los negocios privados!

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Es decir, para toda esta camada de políticos que nos han gobernado desde 1974, el Estado debe llegar a su mínima y esencial presencia. Ellos creen y piensan que el Estado es un Leviatán, un monstruo, una bestia a la que hay que amputar hasta dejarla sin poder de desplazarse, como el zapato chino, con que los antepasados asiáticos buscaban impedir el desplazamiento de las mujeres fuera de sus hogares.

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Pero esto, además de constituir una ignorancia teórica, representa un primitivismo ideológico y un sesgo social clasista.

El Estado no es el aparato público o Fiscal. El Estado es toda la comunidad organizada que es capaz de tomar o incidir en la toma de las grandes decisiones del poder. Por tanto, entre más extenso es el Estado, hay más capacidad de influir democráticamente en las decisiones; entre más oligárquico es el Estado, menos participativo y menos democrático se manifestará el mismo.

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Los hospitales concesionados es un invento  de la ideología neoliberal, que busca lucrar con los servicios públicos como la justicia (cárceles concesionadas), las vías de transporte y desplazamiento público (Transantiago y carreteras concesionadas), la salud pública (hospitales concesionados y privatización de servicios al interior de  los hospitales públicos (externalizaciones de servicios y camas), privatización de los derechos de agua (apropiación privada y especulativa de un recurso vital y estratégico), etc. etc.

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La experiencia con la privatización del AUGE, donde se destinan los pacientes a las clínicas privadas cuya atención la paga el Estado, ha sido un engendro, un saco roto para la economía social. La escalada de dineros que se vienen transfiriendo a las clínicas privadas de parte del Estado lleva una progresión geométrica que terminará por arruinar al AUGE mismo. Así como la subcontratación de servicios por parte de Codelco está llevando a un alza de costos y disminución de excedentes, por parte de la minera estatal, que  viene a constituir una privatización encubierta, con altos costos para los chilenos que subsidian su existencia precaria con los recursos del subsuelo.

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En los hechos, concesionar un hospital implica varias cosas muy novedosas. Se encarga la obra a una empresa constructora e inmobiliaria (X). Esta empresa recurre al sector financiero nacional para obtener los recursos para esta construcción ¿De dónde saca el sector financiero esos recursos para prestar a la constructora-inmobiliaria? Pues de los Fondos de Pensiones y del FUT (impuestos no pagados al SII), es decir, los sacan del ahorro de los trabajadores y de los impuestos que son propiedad del Estado, pero que las empresas se guardan para sí (es decir plata efectivamente perteneciente a los trabajadores).

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Luego que construyen el hospital, que ya no es un hospital cualquiera, pues es una especie de híbrido  sanitario y comercial, una especie de “Mall de la salud”. Ahí encontrará usted toda una galería de tiendas referentes a la salud y a la no salud; tendrá casinos, estacionamientos, servicios externalizados de ambulancias privadas, galerías de recepción de pacientes para FONASA, las ISAPRES y toda clase de seguros médicos complementarios; servicios funerarios, de cementerios, cafetines, peluquerías, estética diversa, lavanderías y hasta puede que hayan tiendas de esotería. En fin….imagine lo que quiera y estará presente ahí. Todos ellos pagarán suntuosos alquileres  a los propietarios del “Mall de la salud”.

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¿Qué administrará el Ministerio de Salud?

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Las camas hospitalarias y los servicios  ambulatorios, las especialidades, dirá usted. Sí, pero con sus limitaciones, pues todo debe reeditar ganancias, entonces lo que hará el Estado es prácticamente arrendar la infraestructura y los concesionados se guardan el derecho de reservar ciertas áreas para el asegurado que pague mejor. Entonces a dónde irán a parar gruesa parte de esas disponibilidades. Pues donde mejor remunere. ¿Qué pasará con los funcionarios de salud que trabajan en esos hospitales? Pues perderán todos sus fueros sindicales y su estatus, pues a los administradores privados no les resulta rentable mantener a trabajadores de brazos caídos.

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Esto ya ha pasado con el J.J. Aguirre, el cual, paso a paso ha ido incrementando su dotación rentable en desmedro de la parte propiamente pública.

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En consecuencia, los pobres, que pagan poco o no pueden pagar, serán los convidados de piedra de estos recintos.

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Es por eso que hay gran consenso de los trabajadores de la salud para echar atrás este programa ultraderechista. La presidenta Bachelet también se opone a este modelo reaccionario y absurdo. Pero hay una maraña legalista que los formalistas del aparato no se atreven a romper. Lo que se debe hacer para anular el pago de los 60.000 millones de pesos que costaría rescindir este contrato, es declarar inviable para el estado la construcción de ese proyecto, una especie de quiebra y luego estructurar otro proyecto, con otro nombre y en otra ubicación, pero que sea realizado con fondos públicos, que el Estado puede solicitar a la nueva AFP del Estado, con intereses convenientes para ambas partes y con utilidad pública asegurada. Se les puede pagar los gastos de los estudios preliminares y punto. Lo que no se puede permitir es que la derecha siga dejando contratos amarrados, a última hora, sobre  estructuras tan dañinas como la LOCE, las que luego de ocasionado el daño cuesta más desmontarlas que las indemnizaciones pagadas tempranamente, si es que hay que pagarlas. Yo más bien creo que sólo hace falta una postura más firme y menos legalista.

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