KRADIARIO

¿ ES O NO DEFAULT  LO QUE AFECTA A LA ARGENTINA?

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Tras una hora de audiencia terminó el encuentro entre los abogados de Argentina y los fondos buitre frente al juez neoyorquino  Thomas Griesa, quien pidió que cesen las "declaraciones engañosas" del Gobierno argentino e invitando a las partes a continuar las negociaciones. "Las medias verdades no son verdades" dijo hoy Thomas Griesa en referencia a las declaraciones tras el fracaso de las negociaciones con los fondos buitre para destrabar el conflicto por la deuda en default.

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El juez no quiso definir si lo ocurrido tras su decisión de bloquear el pago de intereses a los tenedores de deuda reestructurada el 30 de junio constituía o no un default. Dijo que esa tarea correspondía a otros pero dejó ver algo de su opinión: "Lo que está claro es que no hubo pagos".

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Sin embargo, el diario argentino El Cronista publicó que la ISDA (Asociación Internacional de Swaps y Derivados) había confirmado esta mañana que la no transferencia de los pagos de Argentina constituye un evento crediticio, por lo que corresponde cobrar los seguros contra default.

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La determinación del Comité de la ISDA fue en respuesta a una pregunta solicitada por el banco suizo UBS luego que el gobierno del vecino país no llegara a acuerdo para pagar sus compromisos el 30 de julio pasado.

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ISDA determinó que se produjo un evento de crédito negativo en la Argentina y se ejecutó el cobro de los seguros contra default por unos US$ 1.000 millones en relación a los 2.652 contratos operativos en el mercado.

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De esta manera, según El Cronista,  se terminarían las dudas sobre si Argentina cayó efectivamente en una nueva cesación de pagos. La ejecución de los pagos, de paso, le quita el piso a las declaraciones de las autoridades trasandinas quienes en reiteradas ocasiones aseguraron que el país no estaba en default porque sí habían pagado.

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En junio el gobierno depositó US$ 539 millones correspondientes a un vencimiento de la deuda reestructurada. Sin embrago, esos fondos no llegaron a los bonistas y quedaron retenidos por orden del juez estadounidense Thomas Griesa, quien falló que el país debía pagar primero a los llamados  holdouts. Griesa encabezó una nueva audiencia  con los abogados de la Argentina y los representantes de los fondos buitre.

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Antes de la cita, el Gobierno indicó esta mañana, a través del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, que no tenía expectativas positivas. Y algo de razón tenía: el encuentro empezó con una queja del juez por lo que calificó como "malinterpretación" intencional por parte del Gobierno y le pidió que deje de dar "información engañosa".

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El magistrado, que reiteró que la audiencia busca ver cómo sigue la situación tras el default, también sostuvo que la Argentina tiene obligaciones tanto con los bonistas del canje como con los holdouts y que, en sus discursos, el Gobierno está dejando de lado a los segundos, en lo que calificó como una maniobra "ilegal". E instó a continuar las negociaciones y encontrar una solución "rápida".

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A su turno, los abogados que representan a la Argentina se manifestaron convencidos de que, efectivamente, tienen que seguir las negociaciones y que un acuerdo es la única salida. Pero también le pidieron a Griesa que cambie al "special master" que designó porque, apuntaron, el Gobierno considera que, por sus últimas declaraciones públicas, el abogado Daniel Pollack "no es imparcial". Pero el juez dijo que no quería hacerlo porque se habían logrado "progresos".

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La audiencia concluyó sin que el juez tomara tampoco ninguna decisión sobre el destino de los US$ 539 millones que la Argentina depositó en las cuentas del Banco de Nueva York para pagarles a los bonistas del canje y que el magistrado trabó hasta tanto el Gobierno lograra algún acuerdo con los holdouts (En finanzas se llama también a los fondos buitre como holdouts (del inglés to hold out, quedarse fuera), en referencia a la acción que realiza el tenedor de bonos de deuda pública que se mantiene por fuera de una negociación de amortización, en el marco de una reestructuración de dicha deuda provocada por una situación de cesación de pagos o default).

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El encuentro es el primero que se lleva a cabo tras las reuniones cara a cara que mantuvieron el ministro de Economía, Axel Kicillof, y los representantes de los holdouts en el despacho del "special master" Daniel Pollack.

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Esos diálogos a todas luces fracasaron, entrampados entre la renuencia de los fondos buitre a aceptar un stay que le permitiera a la Argentina negociar el pago recién en 2015 y la negativa del Gobierno a realizar cualquier oferta por el temor de que se dispare la cláusula RUFO, que tendría un costo potencial de más de US$ 100.000 millones y consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados.

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RUFO obedece a la sigla en inglés de Rights Upon Future Offers, que significa derecho sobre futuras ofertas. Esta cláusula dice que si la Argentina voluntariamente hace antes del 31 de diciembre de 2014 una oferta mejor a los que entraron en los canjes de 2005 y 2010, el país dará todos los pasos necesarios para que cada tenedor de los bonos tenga el derecho, durante un período de 30 días corridos para cambiar sus bonos por efectivo u otros bonos que igualen lo ofertado a los otros.

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En el medio y a último momento, había surgido una propuesta de bancos privados argentinos: la idea era que ellos compraran la deuda en poder de los buitres (por una cifra que iba de los US$ 1.200 millones a los US$ 1.600) para que el juez pudiera reponer el stay y que, ellos sí, aceptaran renegociar en enero, cuando ya no regirá la RUFO. Pero esa negociación también se cayó.