KRADIARIO

CADA ASISTENTE AL ACTO DE PINOCHET DEBERÍA PAGAR 100.000 PESOS PARA REPARAR LOS DAÑOS PÚBLICOS  POR EL "CAUPOLICANAZO"

Por Walter Krohne

Cada uno de los mil participantes en el acto de homenaje al ex dictador Augusto Pinochet debería pagar hoy al Estado la suma de 100.000 pesos para poder cubrir todos los daños materiales que se registraron el domingo en las cercanías del Teatro Caupolicán en la calle San Diego, en el centro de Santiago.

Según las estimaciones oficiales, la destrucción callejera pública y privada ascendería a entre 70 y 100 millones de pesos, sólo unos 35 millones corresponderían a la destrucción de una tienda de venta de automóviles usados, acción perpetrada por encapuchados enloquecidos, según se pudo ver por televisión.

No es un asunto de prohibir o no a la extrema derecha que se reúna, sino que los organizadores de este tipo de actos deberían asumir también las responsabilidades y pagar los costos de los daños, porque no es justo que éstos tengan que ser cubiertos con fondos de todos los chilenos o por privados como es el caso de la automotora.

Si los casi 100.000 millones de pesos no se prorratean entre los asistentes al acto, debería asumir entonces la Corporación 11 de septiembre, la entidad organizadora del encuentro, que preside Juan González.

En el acto a Pinochet se exhibió un film “documental” sobre el General y el Gobierno militar, como dijeron sus dirigentes, pero no cabe duda que fue un homenaje a la figura del ex dictador o sea, en el fondo, fue un acto político camuflado. Lo que no está claro con qué fin lo hicieron. ¿Para intentar reorganizarse como fuerza política o sólo para molestar al Gobierno derechista?

No queremos tocar el tema aquí si estas manifestaciones de la extrema derecha, antidemocrática, son legítimas dentro de un esquema donde priman los valores democráticos y el respeto a la libertad de expresión, pero ciertamente no se puede dejar de considerar que estas manifestaciones casi siempre terminan en violencia y destrucción. Esto deberían tenerlo presentes las autoridades antes de otorgar los permisos respectivos o al menos evitar que este tipo de reuniones se realicen en Chile, aunque sea en recintos cerrados.

Ya lo vimos en noviembre último en el acto de homenaje al ex agente de la DINA Miguel Krassnoff Martchenko, hoy en prisión, que se desarrolló en el Club de Providencia organizado por el alcalde de esa comuna Cristián Labbé, en el cual también se registraron daños materiales por unos 40 millones de pesos.

En esta refelexion nos referimos a todos los extremos, vale esto también para la extrema izquierda, porque esta violencia provoca solamente odio y divide aún más a los chilenos. El trabajo para construir nuestra actual democracia, aunque ésta esté llena de dudas, defectos y errores, es el camino por el cual Chile debería continuar, pero corrigiéndola y perfeccionándola de día en día, desde luego.

Personajes como Juan González no aprenden o se resisten a aprender, porque no se dan cuenta que Pinochet es el pasado y en el presente “los chilenos estamos ya en otra”. El sigue incitando al odio a través del sitio web de su Corporación:

“No escribimos ayer avergonzados de ver que ciertos sectores tienen “contundentes” argumentos para denostar al Gobierno Militar, al observar como otros se pretenden “lavar las manos” y al ver que el lumpen izquierdista parece haberse adueñado del país”.

Estas son sus palabras. Es decir, insulta a la izquierda como si a él se le definiera en público o por la web como el “representante de los asesinos" de la dictadura.

No hay duda que en todas estas conductas se aprecia una gran inmadurez. La extrema derecha pinochetista, si quiere explicar y justificar los hechos que ocurrieron entre 1973 y 1990, puede hacerlo a través de investigaciones serias, pero no con actos de bajo peso y nivel, con documentos conteniendo material fílmico plagiado y que sin duda alguna van a agitar los ánimos y la rabia interna que llevan, con mucha razón, todos aquellos chilenos que fueron afectados o tocados directamente por la violación de los derechos humanos.