KRADIARIO

CHILE-PERÚ: LA PESADILLA DEL DESMINADO PENDIENTE EN LA FRONTERA

Por Carlos Gutiérrez P.

Entre las tantas fricciones que se han suscitado entre Chile y Perú recientemente, una de las más destacadas y de mayor relevancia dice relación con el desminado de la zona fronteriza entre los dos países, cuyos campos de minas antipersonal y contracarro están ubicados y son de responsabilidad de Chile.

La trágica muerte de un ciudadano peruano el día 25 de mayo, una de las más de 100 que se han podido registrar, por medio de una mina contracarro ubicada en un campo minado entre los hitos 13 y 14 en la región de Arica-Parinacota, limítrofe con Perú, produjo una petición de ese gobierno por acelerar el desminado correspondiente en la zona y así evitar nuevas muertes de civiles, cumpliendo con la convención de Ottawa de la cual Chile es país signatario.

El gobierno peruano ofreció una cooperación bilateral para el proceso de desminado y también reiteró la voluntad de fortalecer la cooperación para prevenir y afrontar posibles ilícitos en la zona fronteriza común, lo que ayudaría a evitar nuevos accidentes y controlar el paso de civiles por lugares no autorizados.

Lamentablemente la respuesta del gobierno chileno y autoridades parlamentarias fueron dilatorias y autocomplacientes con el compromiso internacional y humanitario de terminar con estos campos minados, asegurando que Chile estaba en el camino de pleno cumplimiento de las resoluciones internacionales que lo obligan.

Pero un acercamiento más minucioso al tema nos deja planteadas las ausencias y atrasos en un tratamiento global, donde han faltado las críticas necesarias, los ritmos propios de una tarea humanitaria impostergable y el compromiso del conjunto de agentes y actores estatales.

Operación sacado de minas en el norte chileno

Debemos recordar que la Convención de Ottawa de 1997 especifica claramente, desde su enunciación titular, que se trata de la prohibición de empleo, almacenamiento, producción y transferencia de minas antipersonal y sobre su destrucción. Sobre este último punto, la Convención establece que cada estado se compromete a destruir las minas terrestres en zonas minadas lo antes posible y a más tardar en un plazo de 10 años. Chile no cumplió en los plazos establecidos y a fines de 2011 pidió una prórroga que se extiende hasta el año 2020.

El estado de avance del desminado es muy dispar en las distintas zonas del territorio nacional, pero particularmente atrasado está el que corresponde justamente a la zona limítrofe con Perú, que en Chile corresponde a la región de Arica-Parinacota. Según los datos oficiales de la Comisión Nacional de Desminado, dependiente del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de Defensa, al 19 de mayo del año 2012, el porcentaje de cumplimiento de desminado era de 20,23 %, es decir de 137.717 minas sembradas, se han destruido 27.861.

En la región de Tarapacá, el cumplimiento es de 10,9 %, con 124 minas terrestres destruidas de un total de 1.138 sembradas.

Para la región de Antofagasta, el cumplimiento es de 47,34 %, habiendo sido destruidas 14.119 minas terrestres, de una suma de 29.822 sembradas.

En la región austral, donde también se sembraron minas terrestres ante la hipótesis de conflicto con Argentina, el cumplimiento es de 63,90 %, con una cantidad de 12.773 minas sembradas, habiendo sido destruidas un total de 8.162.

En cambio, en las regiones de Valparaíso y Metropolitana, donde también existieron zonas minadas, la destrucción de éstas corresponde al 100 %, lo que siendo una buena noticia, también puede ser leído de una forma particular. El análisis de los datos claramente sigue reflejando que, respecto a las zonas fronterizas exteriores, aún predomina una determinada visión del peligro externo, para lo cual estos campos minados estuvieron pensados como estrategia defensiva en los años críticos.

En el registro total nacional del cumplimiento de la convención de Ottawa, las cifras finales son de 50.630 minas destruidas, de un total de 181.814 sembradas, con un porcentaje de 27,85 %. En cuanto a áreas minadas, han sido liberadas 52 de un total de 199, con un 26,13 % de cumplimiento. Y en cuanto a la superficie en metros cuadrados, se han liberado 7.066.487 de un total de 23.207.281 metros cuadrados; esto significa un 30,45 % de estado de avance.

Creo que para doce años de trabajo, teniendo en cuenta los enormes avances tecnológicos y la capacitación del recurso humano, podemos concluir que es un cumplimiento precario, y parece subyacer que, detrás del compromiso internacional, sigue presente con fuerza una cierta ideologización de la defensa nacional en base a las viejas hipótesis de conflicto vecinal.

A esto debemos sumarle que todavía está en plena discusión y tramitación un anteproyecto de ley de reparación a las personas accidentadas con minas antipersonal, para lo cual funciona un comité interdisciplinario, lo que también es un imperativo de la Convención que no se ha cumplido a cabalidad.

Esta coyuntura trágica y la presión del gobierno peruano, han impulsado una cierta urgencia al gobierno chileno que estuvo dispuesto a configurar una cierta cooperación entre ambos países y a solicitar la cooperación internacional de un organismo no gubernamental especialista en estas materias.

Es aceptable el argumento sobre las complicaciones inherentes que tiene el trabajo de desminado, al que se suma el factor climático que en la zona norte, después de aluviones ha producido desplazamiento de terreno con la consiguiente dispersión de las minas terrestres. Pero también debe asumirse por parte de los gobiernos y de la construcción de una política de largo plazo de afianzamiento de la buena vecindad, la categoría imperiosa que tiene despejar la zona fronteriza de áreas minadas, porque esta acción de por sí conlleva un gesto humanitario y una medida de confianza mutua, puesto que se desprende de artilugios propios de una concepción de defensa basada en enemigos vecinales, cuando las tendencias históricas y estratégicas nos orientan el horizonte hacia la cooperación y la integración de estos territorios con desafíos comunes.

(*) Carlos Gutiérrez Palacios es Licenciado en Historia por la Universidad Católica de Chile, director de la ONG Centro de Estudios Estratégicos, en Chile y magister en Ciencias Militares.