KRADIARIO

SOSPECHOSA FUSIÓN CUPRUM Y AGENTUM DEJA VÍCTIMA: RENUNCIÓ LA SUPERINTENDENTE DE PENSIONES

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El intendente de Seguros de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), Osvaldo Macías, asumirá de manera interina el cargo de Superintendente de Pensiones tras la renuncia de Tamara Agnic. Macías ocupaba el cargo de Intendente desde 2003.

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"Por instrucciones de la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, los ministerios de Hacienda y del Trabajo y Previsión Social informan que la Jefa de Estado aceptó la renuncia de Tamara Agnic Martínez a su cargo como Superintendenta de Pensiones. En su reemplazo asumirá a partir de hoy, en forma Transitoria y Provisional, el ingeniero comercial Osvaldo Macías Muñoz", señalaron ambos ministerios mediante una declaración pública.

Agnic renunció antes que la Contraloría de la República (CGR) emitiera un dictamen en respuesta a un recurso que la propia reguladora presentó en diciembre, tras los cuestionamientos que, en una primera resolución, la CGR hizo a la fusión de las AFP Cuprum y Argentum, operación que fue aprobada por Agnic.

En su primer dictamen, la Contraloría indicó que dicha fusion no era admisible, por cuanto Argentum no existía al momento de aprobarse la fusión. El segundo dictamen, que sería redactado por la subcontralora, Patricia Arriagada -quien también firmó el primero-, se esperaba, según trascendidos, para esta semana. 

La operación, llevada a cabo por Principal Financial Group, controladora de ambas administradoras, levantó polémica, pues permitió que declarara un beneficio tributario, denominado goodwill, mediante el cual puede diferir el pago de US$ 130 millones en impuestos. 

El rol de la Superintendenta, así como el del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) es investigado por una comisión especial de la Cámara de Diputados. Además, la Unidad de Delitos de Alta Complejidad del Ministerio Público realiza una indagatoria penal del caso. El senador Alejandro Navarro (MAS), por su parte, interpuso una acción prejudicial de carácter civil que, en última instancia, apunta a la nulidad de derecho público de la operación.