CORTE DE APELACIONES DECIDIÓ DESAFORAR A ORPIS POR CORPESCA
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Tres horas se extendió la audiencia donde finalmente la Corte de Apelaciones de Santiago desaforó al senador Jaime Orpis por el caso Corpesca.
Por 16 votos, el tribunal de alzada acogió los cuatro
delitos imputados por el Ministerio Público representado por la fiscal Ximena
Chong: cohecho, lavado de activos, delitos tributarios y fraude al Fisco.
En esta línea, se rechazó la petición de la defensa del ex
senador de la UDI, de desestimar el delito de cohecho y el lavado de activos.
Sin embargo, fueron esos ilícitos los que marcaron las diferencias en el pleno
de la Corte.
Ahora, la Fiscalía queda libre de pedir la formalización del
legislador. Sin embargo, la defensa de Orpis aún puede apelar al fallo de la
Corte de Apelaciones.
Los argumentos
Durante la audiencia, la fiscal Ximena Chong se refirió en
extenso a los argumentos del Ministerio Público sobre el eventual delito de
cohecho cometido por Orpis.
"Este delito se cometió ininterrumpidamente desde marzo
de 2009 hasta abril de 2013, donde al menos en dos oportunidades Orpis concurre
a las dependencias de Corpesca a reunirse con el gerente general y le solicita
apoyo económico inicialmente bajo la justificación del financiamiento de
campaña política, y luego, después de haber sido electo, para cubrir deudas de
carácter personal", afirmó.
"De este modo, a través de boletas ideológicamente
falsas, obtiene estos fondos para fines personales que alcanzan los $264
millones, $5,2 aproximadamente por mes", detalló la persecutora.
En esta línea, Chong indicó que el ex legislador de la UDI
emitió 76 boletas ideológicamente falsas entre 2009 y 2013. "Los dineros
son entregados a través de terceras personas, quienes entregan a través de
transferencias electrónicas los fondos, y en otros casos, las entregaban a
terceras personas que manejaban asuntos políticos del senador".
Asimismo, aseguró que dichos fondos fueron destinados a
pagar asuntos personales del legislador, como contribuciones, lavandería y
membresía del Club de Yates.
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Por otro lado, la fiscal indicó que "la Constitución
obliga a los parlamentarios a abstenerse de votar cualquier asunto en el cual
tengan interés directo (...) El senador recibe de Corpesca una serie de minutas
y antecedentes que le establecen ciertas exigencias que debe cumplir en el
ejercicio de su función y con su intervención en leyes pesqueras".
"Nosotros entendemos que el senador Orpis tenía un
interés directo en el buen desempeño comercial de la empresa y por eso estaba
obligado a abstenerse de cualquier ley que afectara a la compañía. Tenía un
compromiso de interés evidente en las decisiones que estaba tomando", dijo
más tarde la fiscal.
Desde el Consejo de Defensa del Estado, la abogada Lupi
Aguirre, expuso que "es indudable que Orpis se constituyó virtualmente
como un empleado de Corpesca desde 2009 a 2013, momento en que los pagos no
cesan porque haya habido un término absoluta de la relación, los pagos cesan
porque se produce el descubrimiento de la causa que dan origen a esta
investigación".
También presentaron sus argumentos como querellantes el
Servicio de Impuestos Internos (SII), la Fundación Ciudadano Inteligente, y el
abogado del diputado Hugo Gutiérrez (PC), Matías Ramírez.
Defensa niega el cohecho
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Por su parte, la defensa de Orpis representada por el
abogado Carlos Cortés, pidió desestimar los delitos de cohecho y lavado de
activos, argumentando que el parlamentario no votó a favor de Corpesca en el
Congreso y no presentó indicaciones que favorecieran a la empresa.
Además, señaló que los actos del senador en favor de
Corpesca no fueron actos propios de su cargo por lo que no habría cohecho, y
desestimó el oficio que realizó Orpis a la Contraloría por la Ley de Pesca,
señalando que ese acto fiscalizador es propio de los diputados y no de los
senadores.
"Es absolutamente falso esta tesis de que Orpis actuaba
comprado, él actuó siempre de forma independiente, incluso en contra de los
intereses" de la empresa. "Él actuó en contra de la función de su
cargo", dijo Cortés.
Durante la jornada de alegatos, la abogada que representa al
Consejo de Defensa del Estado, Lupi Aguirre, señaló que el senador Jaime Orpis
se constituyó -virtualmente- como un empleado más de Corpesca desde 2009 a
2013, momento en que los pagos no cesan por el término absoluto de la relación
sino que terminan porque se descubre la causa que da origen a la investigación
en el Caso Corpesca.
Orpis sólo reconoció los delitos tributarios y fraude al
fisco, todo esto relacionado con el uso indebido de las asignaciones
parlamentarias. Se espera que dentro de los próximos días la Fiscalía solicite
la formalización del senador junto con medidas cautelares.
“Yo he dado la cara, independiente que sean muchos o pocos,
pero he asumido mis responsabilidades. Puedo decir dos cosas de forma clara: no
me enriquecido ni tampoco nunca nadie ha comprado mi conciencia“, aseguró el
senador.
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