KRADIARIO

POR LA NEO-LIBERAL, NO

Por Giacomo Marasso (*)

La Democracia Cristiana tiene una tradición institucional que ni la Derecha ni sus medios de comunicación han considerado ni respetado nunca. 

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Nuestros planteamientos y decisiones políticas son fruto de Congresos ideológicos, Juntas Nacionales y Consejos Nacionales que se realizan periódicamente y cuyos integrantes son elegidos democráticamente por los militantes.

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No es la perfección pura, pero nuestros procedimientos dan garantías de legitimidad a la acción política del PDC. Esto, obviamente, no existe en todos los partidos.

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Será por eso que me alegra ante todo constatar que entre los firmantes de la carta ¿Progresismo sin Progreso? promovida en los medios de la prensa escrita –todos sabemos en manos de quién está- y firmada por sólo 26 militantes y simpatizantes, no están connotados y connotadas camaradas que sí han hecho enérgicas críticas a la gestión política del Gobierno, pero desde la perspectiva partidaria y con el debido respeto a los mandatos de nuestros organismos superiores.

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En el manifiesto publicado en El Mercurio – hecho no menor que debe ser un elemento a analizar políticamente -  se llega al núcleo de la crítica cuando se afirma rotundamente que “se impone una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado” que, a juicio de los y las camaradas y simpatizantes firmantes, debe ser sólo “subsidiario”.

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De esta manera contradicen de una manera rotunda el artículo 49 de los Acuerdos del V Congreso del Partido cuando se señala taxativamente, 49. i) Avanzar hacia un nuevo cuerpo normativo constitucional que defina a Chile como un Estado Social y Democrático de Derecho. En pocas palabras, ya no más subsidiario, según la óptica neo-liberal que transpira la carta.

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Como si fuera poco, en el mismo articulado, el organismo máximo del PDC indica que hay que: iii) Otorgar al Estado los medios para participar en forma directa y eficiente de bienes y servicios de interés social cuando esto sea necesario.

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Nada más claro que en la Educación, en el sistema tributario, en las normativas laborales, por nombrar sólo tres áreas claves de la vida social de Chile, en las que el Estado es requerido por la mayoría ciudadana que eligió el Gobierno de Michelle Bachelet.

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Es más, el artículo 53 del V Congreso Ideológico del PDC es muy claro. Concebimos una economía en que el Estado, las empresas y las comunidades actúen concertadamente. Queremos un Estado que sea garante de la protección social en un mundo global.

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En su artículo 54, el Congreso del PDC enfatiza que el crecimiento integral requiere un Estado fuerte, amable y eficiente. De allí surge la urgente necesidad de generar una mayor capacidad de diseño y ejecución de programas públicos para las rectificaciones requeridas.

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El evento partidario, realizado en el 2006, o sea hace 10 años, ya anuncia la Reforma Tributaria cuando expresa:  para que el Estado sea eficiente y eficaz en este rol se requiere que cuente con el financiamiento adecuado. Contamos para ello con el destino del actual superávit estructural; debemos avanzar al equilibrio estructural. Pero, más allá de ello, el actual sistema tributario debe corregirse para mejorar su progresividad y su rendimiento. Lugar prioritario ocupa un combate intensificado a la evasión tributaria, la eliminación de franquicias regresivas y el aumento de la progresividad efectiva.

Finalmente, el V Congreso del PDC pide: Más y mejor Estado que fomente la profundización democrática y resguarde la estabilidad macroeconómica; que garantice la sostenibilidad de un sistema de promoción y protección social no sólo focalizado en la población más pobre sino también que provea de los medios para la movilidad social a los sectores medios de la población; que regule el buen y correcto funcionamiento de los mercados; que provea eficientemente los bienes y servicios que la sociedad le demande; que articule la cooperación pública-privada para el fomento del desarrollo productivo y exportador de Chile y que fomente el desarrollo productivo apoyando la innovación tecnológica de nuestras empresas.

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Guinda para la torta. En materia de relaciones laborales el V Congreso del PDC mandata a sus militantes en el artículo 76 a Garantizar el  derecho a huelga. Es esencial garantizar constitucional y legalmente el derecho efectivo a la huelga, eliminando todo obstáculo que impida el libre ejercicio de la misma, tal como la posibilidad de reemplazar a los trabajadores en huelga.

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Entonces, las críticas y sugerencias que cada militante demócrata cristiano quiera plantear respecto del accionar del Gobierno de la Nueva Mayoría debe enmarcarse en el ideario del Partido y no según los intereses personales o de grupo. Quizás haya otras instancias políticas en las que puedan legítimamente explayarse y con mayor comodidad. Por la Neo-liberal. Pero en el PDC, no.
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(*) El autor es presidente del Consejo Metropolitano del Colegio de Periodistas

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Ex ministros, subsecretarios y militantes históricos de la DC piden una profunda corrección al rumbo del Gobierno (Aporte de la Redacción Central, actualmente en Hamburgo, Alemania)

"Progresismo sin progreso: ¿El legado de la Nueva Mayoría para Chile?", se titula el documento que firma un grupo de 26 militantes y simpatizantes del partido que, en su mayoría, fueron autoridades de distintos ámbitos en los gobiernos de la Concertación. La misiva, de tres carillas,  está marcada por severas críticas a las reformas del Ejecutivo y es firmada por un grupo de ex ministros, subsecretarios, superintendentes, jefes de servicio y, en su mayoría, autoridades de distintos ámbitos de los gobiernos de la Concertación que militan o simpatizan con la Democracia Cristiana.

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El texto realiza una severa crítica al rumbo del Gobierno y sus reformas, en momentos en que el partido protagoniza un complejo momento con La Moneda, luego de que la Presidenta Michelle Bachelet excluyera de un viaje a La Araucanía al ministro Jorge Burgos y tuviera que frenar la renuncia que le presentó el jefe de gabinete, el miércoles pasado.

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La carta está dirigida a todos los dirigentes de la colectividad. Entre sus firmantes se encuentran los ex ministros Eduardo Aninat, Mariana Aylwin, Hugo Lavados y Pedro García, además del ex rector de la Universidad de Chile Jaime Lavados y los ex subsecretarios Clemente Pérez y Álvaro Clarke.

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A continuación el texto íntegro del documento, que consta de ocho puntos.

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1 Los firmantes somos militantes y simpatizantes DC de toda la vida. A través de esta carta queremos manifestar nuestra preocupación por el rumbo que está tomando el país bajo el actual gobierno. En el último cuarto de siglo Chile ha tenido un proceso de desarrollo exitoso que lo ha llevado desde ser un país de ingreso promedio en América Latina, con alta incidencia de la pobreza y limitadas oportunidades, a liderar la región en su crecimiento económico y social, en sus avances en salud, educación, ingresos y superación de la pobreza.

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Sin duda faltan muchos logros por alcanzar y desafíos por emprender, pero hoy percibimos que, en lugar de seguir avanzando, lo conseguido con mucho esfuerzo está en riesgo de perderse por un diagnóstico errado y un mal diseño de políticas públicas. Para enfrentar este problema se requiere de una profunda corrección.

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2 Este escenario se ha visto agravado por el conocimiento de irregularidades en el financiamiento de la actividad política y por conductas que lesionan la integridad de los mercados, limitan la competencia, maltratan a consumidores e inversionistas, y dañan la reputación de Chile.

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El progreso del país requiere transparencia y apego a la ley. Los inaceptables abusos e irregularidades de algunos nos terminan perjudicando a todos, castigando a amplios sectores de la población, y afectando la legitimidad y confianza en las empresas e instituciones públicas, y más importante aún, en el sistema democrático.

3 Afirmamos nuestro apoyo a todas las reformas que impulsen el desarrollo y la justicia social. Chile, como consecuencia de sus avances del pasado reciente, puede aspirar a hacer posible el sueño de una nación desarrollada e inclusiva.

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Por eso nos preocupa elevar significativamente el ritmo y la calidad del crecimiento país: proponer una agenda movilizadora de las muchas voluntades que hoy están por comprometerse con un desarrollo mucho más vigoroso que un magro 2% y, a la vez, que responda a las demandas de equidad, prosperidad y de iguales oportunidades.

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Vivimos una nueva etapa, con una ciudadanía muy consciente de sus derechos, que repudia los abusos y los privilegios vengan de donde vengan, también del aparato estatal.  Además, se ha expandido una amplia y diversa clase media, con mayores expectativas, que aspira a vivir con seguridad, a acceder a servicios de calidad, y a oportunidades, empleos productivos y emprendimientos, que reconozcan su esfuerzo y mérito en la construcción de una vida mejor para el país y los suyos.

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4 Como la mayoría de los chilenos, no estamos dispuestos a cualquier reforma que pudiera descarrilar el crecimiento y echar por la borda lo ya logrado. No estamos conformes con las que se están implementando, ni en contenidos ni en procedimientos, y hacemos un llamado a reorientar la mirada de quienes en el gobierno han preferido el apresuramiento a la calidad, y el Estado por sobre los organismos intermedios y las personas.

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La Democracia Cristiana tiene una tradición que nos honra de políticas responsables, bien diseñadas e implementadas sin improvisaciones ni espíritu refundacional. Nuestra tradición es de transformaciones consistentes, sostenidas, incrementales, construidas sobre la base de estudios objetivos y buscando los acuerdos más amplios posibles. Las reformas se medirán por su impacto en el desarrollo de la sociedad en su conjunto y no por la satisfacción de visiones ideológicas o intereses corporativos.

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Lo que hoy está ofreciendo la Nueva Mayoría es un progresismo sin progreso, que representa un serio riesgo de estancamiento y retroceso para la democracia, los derechos ciudadanos, la igualdad de oportunidades y el desarrollo económico-social.

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5 Vemos con preocupación que se impone una tendencia que privilegia expandir el rol del Estado sobre la solución efectiva de los problemas que se enfrentan y de gestionar solo desde la cúpula burocrática, sin reconocer el rol subsidiario del Estado, un principio constitutivo de nuestra visión de la sociedad, que ha sido factor fundamental en el desarrollo de nuestro país.

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Creemos en un Estado efectivo, moderno, con facultades e instituciones capaces de regular y proveer bienes y servicios públicos, como seguridad, respeto a derechos humanos, libre competencia, protección del medioambiente, de los más vulnerables, respeto a la ley. Un Estado que propicie el desarrollo y genere condiciones para potenciar la actividad económica y la alianza pública privada. No queremos un Estado centralizador que con sus políticas coarte el aporte privado, menos aún que se coarte la libertad de enseñanza o se limite la autonomía de las personas e instituciones. Queremos un Estado que promueva los derechos de las personas y respete su libertad, pero que también convoque a los ciudadanos a ser responsables en la construcción de un destino común, fortaleciendo la democracia y sus instituciones, favoreciendo la transparencia, erradicando la corrupción y el abuso y promoviendo la calidad de la política.

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6 El Estado nunca será capaz de lograr todo a la vez y sin costos de ningún tipo. Hoy y siempre será necesario priorizar y focalizar el uso de recursos públicos a lo más urgente e importante. Y debe ser la búsqueda del bien común por sobre los intereses de grupos lo que defina esas prioridades. Erradicar la pobreza, la marginalidad y todo tipo de exclusión debe seguir siendo prioridad esencial. Ello implica un uso responsable y efectivo de recursos públicos, haciendo de la eficiencia un objetivo permanente, mejorando y fortaleciendo las políticas focalizadas en los más pobres.

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Por esto no podemos concordar con la forma ideológica y liviana con que se han diseñado las políticas de financiamiento de la educación, ni menos con la gratuidad universal en la educación superior que consideramos regresiva.

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7 De la misma manera, en el plano económico se están poniendo en práctica reformas cuyos resultados finales no han sido debidamente evaluados, donde priman los anuncios sobre el contenido y la improvisación sobre la necesaria reflexión y una necesaria concertación de amplios apoyos.

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Patentes ejemplos de esta situación han sido la forma como se han abordado la reforma tributaria, la educacional, laboral y los esbozos del debate constitucional.

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8 El PDC debe cumplir el sano rol articulador del encuentro de las mayorías del país, que buscan el desarrollo, la paz y el respeto para todos los ciudadanos.

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Ese fue el espíritu que primó en los gobiernos de la Concertación. Hacemos llegar estas reflexiones a nuestra dirigencia, bases, y a quienes nos representan en el Ejecutivo y en el Parlamento. Esperamos que escuchen a la ciudadanía y sepan defender nuestros principios doctrinarios y trayectoria histórica. En estas circunstancias, ponemos a disposición nuestras voluntades y mejores esfuerzos para impulsar una corrección que nos encamine en la senda de la eficacia, el entendimiento y la paz social. Es el futuro del país y no solo el del partido el que está en juego.

Publicado en El Mercurio el 3 de enero de 2016