LA LEY DE PESCA O LONGUEIRA COMIENZA A CAUSAR UN GRAN REVUELO POLÍTICO EN EL GOBIERNO Y EN EL PARLAMENTO
Sin embargo, la UDI sufrió una de sus peores derrotas porque
la solicitud gremialista recibió 24 votos a favor, 62 en contra y 11
abstenciones (de Renovación Nacional), lo que se hizo en una votación pública
tras rechazarse la forma secreta para decidir la censura, que había sido propuesta
por el diputado UDI Jorge Ulloa.
Nuñez "tras salvar su pellejo" agradeció "la
posición leal, constitucional, de la bancada de Renovación
Nacional (que se abstuvo) y a los diputados de la UDI que no asistieron, y
que ayer privadamente me comunicaron que no estaban de acuerdo con esta
decisión de la jefa de bancada”, declaró inmediatamente después de la votación.
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Nuñez enfatizó en que se trata de “la votación más baja en una censura a
la Mesa desde el año ’90, eso la UDI tiene que anotarlo como un fracaso“.
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Además el parlamentario indicó que “la UDI hoy ha insistido, en boca de
su jefa de bancada María José Hoffmann, la decisión de ir en contra de estas
reformas, de defender la colusión, de defender que aquellos que no cumplen con financiamiento regular de las campañas no vayan a la cárcel”.
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Nuñez aseguró que la admisibilidad de la anulación de la Ley de
Pesca no se trata de un caso inédito, como se ha señalado, indicando como
ejemplo el caso de la derogación de la Ley de Amnistía, insistiendo en que hay
muchos otros elementos de juicio que fundamentan el que la admisibilidad
la determine la Mesa, pero el fondo le corresponde a la Comisión de
Constitución.
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Además, llamó a la calma, diciendo que aquí no se anuló una ley,
puesto que, según explicó, resta la decisión de la Comisión de Constitución, de
la Sala, de la Comisión de Constitución del Senado, de la Sala del Senado y del
Tribunal Constitucional.
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“Esto no es Caracas, como decían algunos parlamentarios de la UDI, esto
es Estado de Derecho, es la deliberación del Congreso Nacional, es la crítica a
una ley altamente controvertida”, aseveró Nuñez.
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“Marco Antonio Nuñez emplazó al Gobierno a definir una posición con
respecto de la Ley de Pesca, ya sea a través del envío de indicaciones a la ley
existente o la presentación de una nueva ley. Es una decisión urgente que
el Gobierno debe tomar”, expresó, asegurando que está confiado en que la Presidenta
Bachelet instruirá a sus ministros, particularmente al de Economía, para tomar
decisión y control sobre qué ocurrirá con la pesca en el país.
Por algunos instantes, previos a la votación, la Mesa de la Cámara
decidió suspender la sesión, debido a la presencia de pescadores artesanales en
las tribunas, lo que derivó en algunos incidentes menores y manifestaciones
ante la intervención de algunos diputados, aunque no se ordenó el desalojo de
la sala.
Ministro de economía: Es inconstitucional
El Ministro de Economía Luis Felipe
Céspedes, de cuya repartición depende la regulación de la industria pesquera,
admitió que está en contra de la moción declarada admisible ayer para anular la
denominada "Ley Longueira". La iniciativa fue presentada a partir de las irregularidades descubiertas durante su
tramitación, incluyendo la acusación de cohecho contra el senador ex UDI, Jaime
Orpis quien reconoció haber recibido pagos de Corpesca.
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"Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad", aclaró Céspedes.
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Pero el ministro se preocupó de enfatizar que no apoyan la iniciativa que fue declarada admisible ayer en el Congreso. "Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine", dijo según consigna La Tercera.
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"Vamos a proponer modificaciones de forma tal de perfeccionarla y de que represente adecuadamente lo que son los derechos de todos los chilenos en esta materia, pero creemos que es importante mantener y validar lo que es la institucionalidad", aclaró Céspedes.
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Pero el ministro se preocupó de enfatizar que no apoyan la iniciativa que fue declarada admisible ayer en el Congreso. "Nosotros como gobierno consideramos que la moción que anula la Ley de Pesca es claramente inconstitucional y esperamos que la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados así lo determine", dijo según consigna La Tercera.
Esta posición está en sintonía con lo
expresado este miércoles por los empresarios agrupados en la Confederación de
la Producción y el Comercio.
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"Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes. Lo ocurrido ayer con la Ley de Pesca, lamentablemente avalado por la presidencia de la Cámara de Diputados, constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación" expresó a través de un comunicado la organización que preside Alberto Salas.
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"La única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro Estado de Derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario", agregaron.
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Ofensiva de la industria y la oposición
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Ronchas ha sacado en el mundo de la industria pesquera y de los partidos de oposición la definición de la Cámara Baja de declarar admisible la solicitud del diputado Hugo Gutiérrez (PC), de anular la Ley de Pesca. Es así como se ha articulado un discurso de contraofensiva que apunta principalmente al precedente que podría significar el anular una ley y la inconstitucionalidad de la medida.
Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), apuntó directamente a los autores de la moción, los parlamentarios de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana. "Esta iniciativa del Partido Comunista no solo afecta al sector pesquero chileno en su conjunto, sino que también al país completo. Abre una alerta a otras señales económicas y productivas, que producto de iniciativas demagógicas y populistas sufran embates regulatorios como los que están detrás de esta moción. Lamentablemente, esta moción viene a afectar el clima de inversión y de certeza jurídica que al país tanto le ha costado construir", afirmó a La Tercera.
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Orrego acusó al grupo de intentar replicar en Chile el modelo legislativo venezolano. "El Partido Comunista ha preferido elegir el camino corto del chavismo venezolano en vez de seguir el camino correcto del Estado de Derecho y las reglas democráticas", enfatizó.
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El dirigente gremial añadió que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la posibilidad de que el Congreso anule una legislación. "Desde el momento en que el Congreso se atribuye facultades que son propias de otros poderes del Estado, hace que ese acto sea insanablemente nulo y, por ende, contrario a la Constitución", precisó.
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El presidente de la sociedad que agrupa a la industria pesquera, principal afectada por una eventual nulidad, recordó que la ley fue aprobada de forma contundente por el Congreso. "Durante la tramitación de esta ley en el 2012, la actual Ley de Pesca fue respaldada por 100 parlamentarios, diputados y senadores y solo 30 votaron en contra. Aún aislando ese voto, no creo razonable que la aprobación tan contundente y mayoritaria por parte del Congreso hubiese sido distinta. Los alcances que puede tener una medida como esta, desproporcionada e imprudente, son incalculables".
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Los vínculos de la UDI con el caso Corpesca se multiplican con el avance de la investigación de la Fiscalía. Esta vez surgen nuevos antecedentes sobre abogado y querellante en el caso Caval, Mario Zulmelzu, militante UDI, ex vocero de la campaña presidencial de Evelyn Matthei y asesor de parlamentarios de ese partido y de RN. Según El Mostrador, Zumelzu fue nombrado por el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, en su última declaración ante la Fiscalía el pasado 5 de enero reconociendo que Zumelzu realizó asesorías remuneradas para Corpesca durante el año 2012, las cuales le fueron pagadas en Unidades de Fomento (UF). Cuando le preguntaron si él o Corpesca mantuvieron un vínculo laboral con Zumelzu,
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El diputado UDI, Ernesto Silva, aseguró que “Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar: uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto; y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones”.
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“Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal”, enfatizó el parlamentario.
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Por otra parte el Jefe de Bancada de RN, diputado Alejandro Santana, aseguró que la decisión es una "falta de prolijidad, una irresponsabilidad, que gatilla que la Cámara de Diputados tome decisiones equivocadas, decisiones que son señales no solo para hoy, sino para el futuro".
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Siguiendo esta línea, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados, que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma".
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Según Fuenzalida, "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", sentenció.
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Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, "con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (...). Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.
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Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, indican que "han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, 'vía el cohecho y la corrupción', es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria".
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Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Chile "para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".
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"Ni la ley ni la Constitución otorgan a nuestro Poder Legislativo la facultad de anular leyes. Lo ocurrido ayer con la Ley de Pesca, lamentablemente avalado por la presidencia de la Cámara de Diputados, constituye un peligroso intento por debilitar nuestro ordenamiento jurídico, contraviniendo el Estado de Derecho y el ordenamiento constitucional que nos hemos dado como nación" expresó a través de un comunicado la organización que preside Alberto Salas.
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"La única opción viable para continuar siendo un país serio y responsable, donde la certeza jurídica permita mantenernos en el camino al desarrollo, es respetando nuestro Estado de Derecho y conservando la supremacía de nuestras instituciones. Sería una absoluta irresponsabilidad avanzar en cualquier iniciativa que apunte en el sentido contrario", agregaron.
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Ofensiva de la industria y la oposición
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Ronchas ha sacado en el mundo de la industria pesquera y de los partidos de oposición la definición de la Cámara Baja de declarar admisible la solicitud del diputado Hugo Gutiérrez (PC), de anular la Ley de Pesca. Es así como se ha articulado un discurso de contraofensiva que apunta principalmente al precedente que podría significar el anular una ley y la inconstitucionalidad de la medida.
Francisco Orrego, presidente de la Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca), apuntó directamente a los autores de la moción, los parlamentarios de la bancada que forman el Partido Comunista y la Izquierda Cristiana. "Esta iniciativa del Partido Comunista no solo afecta al sector pesquero chileno en su conjunto, sino que también al país completo. Abre una alerta a otras señales económicas y productivas, que producto de iniciativas demagógicas y populistas sufran embates regulatorios como los que están detrás de esta moción. Lamentablemente, esta moción viene a afectar el clima de inversión y de certeza jurídica que al país tanto le ha costado construir", afirmó a La Tercera.
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Orrego acusó al grupo de intentar replicar en Chile el modelo legislativo venezolano. "El Partido Comunista ha preferido elegir el camino corto del chavismo venezolano en vez de seguir el camino correcto del Estado de Derecho y las reglas democráticas", enfatizó.
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El dirigente gremial añadió que en el ordenamiento jurídico chileno no existe la posibilidad de que el Congreso anule una legislación. "Desde el momento en que el Congreso se atribuye facultades que son propias de otros poderes del Estado, hace que ese acto sea insanablemente nulo y, por ende, contrario a la Constitución", precisó.
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El presidente de la sociedad que agrupa a la industria pesquera, principal afectada por una eventual nulidad, recordó que la ley fue aprobada de forma contundente por el Congreso. "Durante la tramitación de esta ley en el 2012, la actual Ley de Pesca fue respaldada por 100 parlamentarios, diputados y senadores y solo 30 votaron en contra. Aún aislando ese voto, no creo razonable que la aprobación tan contundente y mayoritaria por parte del Congreso hubiese sido distinta. Los alcances que puede tener una medida como esta, desproporcionada e imprudente, son incalculables".
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Los vínculos de la UDI con el caso Corpesca se multiplican con el avance de la investigación de la Fiscalía. Esta vez surgen nuevos antecedentes sobre abogado y querellante en el caso Caval, Mario Zulmelzu, militante UDI, ex vocero de la campaña presidencial de Evelyn Matthei y asesor de parlamentarios de ese partido y de RN. Según El Mostrador, Zumelzu fue nombrado por el ex gerente general de Corpesca, Francisco Mujica, en su última declaración ante la Fiscalía el pasado 5 de enero reconociendo que Zumelzu realizó asesorías remuneradas para Corpesca durante el año 2012, las cuales le fueron pagadas en Unidades de Fomento (UF). Cuando le preguntaron si él o Corpesca mantuvieron un vínculo laboral con Zumelzu,
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El diputado UDI, Ernesto Silva, aseguró que “Chile es un país donde todos tenemos que debatir, y si alguien quiere cambiar algo, que presente una propuesta para hacer el cambio. Pero en Chile hay dos cosas que no pueden pasar: uno, que alguien haga trampa para modificar las cosas a su gusto; y dos, que las autoridades no tengan carácter y no se pongan los pantalones”.
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“Y lo voy a decir con todas sus letras: el presidente de la Cámara de Diputados no tiene carácter porque hoy tenía que decir que este proyecto era inadmisible e invitar a quienes tenían una propuesta para cambiar esta ley u otra a presentar otra iniciativa legal”, enfatizó el parlamentario.
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Por otra parte el Jefe de Bancada de RN, diputado Alejandro Santana, aseguró que la decisión es una "falta de prolijidad, una irresponsabilidad, que gatilla que la Cámara de Diputados tome decisiones equivocadas, decisiones que son señales no solo para hoy, sino para el futuro".
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Siguiendo esta línea, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN), integrante de la Comisión de Pesca, aseveró que "el responsable ha sido única y exclusivamente el presidente de la Cámara de Diputados, que no ha tenido el suficiente coraje y liderazgo para hacer lo que correspondía hacer, que era declarar inadmisible esta norma".
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Según Fuenzalida, "con esta decisión nos transformamos en un Parlamento bananero", ya que deja "la puerta abierta" para que se empiece a pedir la nulidad de otras leyes. "Es una falta de seriedad absoluta", sentenció.
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Para Juan Carlos González, presidente del Sindicato Interempresas de Patrones y Capitanes de Pesca, "con esta decisión se rompe el Estado de Derecho que debe imperar en una democracia. Entramos en un escenario que ni siquiera está previsto en la Constitución ni hay normas para poder guiarlo. Es un hecho nunca antes visto que dañará a un sector laboral muy importante para el país (...). Esperamos, sin embargo, que prime la cordura”.
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Desde la Asociación de Industriales Pesqueros, ASIPES, indican que "han condenado los escándalos de financiamiento irregular a la política que han afectado a un senador y una ex diputada, pues son dañinos para el país y la democracia. Sin embargo, el planteamiento que el sector pesquero industrial pudo haber comprado una ley económica, 'vía el cohecho y la corrupción', es una afirmación temeraria y carente de toda veracidad, pues la actual Ley de Pesca obtuvo aprobaciones amplias y transversales de diversos actores políticos con representación parlamentaria".
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Finalmente, hicieron un llamado al Gobierno de Chile "para que efectúe todos los esfuerzos necesarios para que impere el Estado de Derecho y se evite una escalada mayor que signifique la destrucción de un sector económico que brinda empleo y desarrollo a más de 36 mil personas a nivel nacional".
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