KRADIARIO

BORRARON LA INFORMACIÓN DE LOS DISCOS DUROS DEL COMANDO DE APOYO A LA FUERZA DEL EJÉRCITO PERJUDICANDO LA INVESTIGACIÓN DEL MILLONARIO FRAUDE MILITAR

El general en retiro Héctor Ureta declarando en la Comisión de la Cámara  que preside el diputado Jaime Pilowsky (DC).

Los chilenos nos enteramos ahora que los discos duros en las computadores del Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército fueron borrados intencionalmente como denunció  el general en retiro Héctor Ureta, perjudicando seriamente la investigación sobre el millonario fraude al Fisco.

.

En su segunda declaración ante la comisión investigadora de la Cámara por el caso de fraude en el Ejército con dineros de la Ley Reservada del Cobre, el general retirado reveló este supuesto borrado y la pérdida de valiosa información.

.

Según el ex comandante, el hecho se habría producido justo en plena investigación del fraude que hasta ahora, se cuantifica en más de $6.600 millones de pesos en facturas ideológica y materialmente falsas.

.

Preciso, como consigna este miércoles emol.com, que "el hecho se produjo mientras el coronel Clovis Montero y el cabo Juan Carlos Cruz se encontraban en prisión". El presidente de la instancia, Jaime Pilowsky (DC), advirtió la gravedad del hecho y criticó que el Ejército durante tanto tiempo no haya establecido sistemas de control para prevenir este tipo de hechos.

.

"Es difícil pensar que sólo sean cinco los funcionarios involucrados, aquí hay una maquinación de varios funcionarios al interior del Ejército para hacer este millonario fraude y esperamos que el ministro en visita pueda avanzar en determinar otros responsables desde el punto de vista penal. Nosotros, por nuestra parte, avanzaremos en saber por qué no se tomaron las medidas adecuadas para haber evitado este tipo de hechos y quiénes fueron los responsables de aquello", precisó Pilowsky.

.

El parlamentario además anunció la citación de todos los generales que estuvieron a cargo del Comando de Apoyo a la Fuerza desde el 2011 al 2015, organismo donde se han centrado las críticas por la falta de controles. A partir de lo expuesto por el general (r) Ureta, Pilowsky agregó que "algo pasó en el Comando de Apoyo a la Fuerza, que desde el año 2012 los controles que ya eran precarios, pasaron a ser simplemente inexistentes. Queremos saber quién y por qué se diluyeron los controles en el CAF".

Querella de Impuestos Internos

El 13 de enero último ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos presentó la primera querella por delitos tributarios en el marco del caso de fraude en el Ejército.

.

Se trata de una acción penal en contra del coronel Clovis Montero y el cabo primero Juan Cruz Valverde por supuestos delitos tributarios previstos y sancionados en el artículo 97 número cuatro inciso primero, relativos a la presentación de declaraciones falsas de impuestos. El perjuicio fiscal asciende a $ 153 millones. Ambos están en prisión preventiva por la justicia militar.

.

La investigación transitó por dos esfera: En el mundo militar encargado al ministro en visita Omar Astudillo. En esta instancia han sido sometidos a proceso cinco uniformados (dos de ellos son querellados hoy por el SII): Clovis Montero (coronel), Juan Carlos Cruz (cabo 1°), Millaray Simunovic (sargento 2°), Miguel Escobar (sargento 1°) y Claudio González (suboficial). Todos ellos por el presunto delito de defraudación fiscal y falsedad documentaria, en calidad de autores. Sólo los dos primeros están en prisión preventiva.

La denuncia y los hechos 

.

En enero de 2014, mientras el coronel Montero, que cumplía funciones en el Comando de Apoyo a la Fuerza del Ejército, puso en marcha un plan que prometía ser perfecto. Previo acuerdo con el proveedor Francisco Huincahue, presentó facturas adulteradas por concepto de reparaciones en vehículos militares que en realidad nunca se realizaron. 

.

El monto defraudado en este primer movimiento sería de 50 millones 041 mil 080 pesos, el que se repartió entre el coronel Montero, el propio Huincahue y el cabo Juan Carlos Cruz, quien facilitó el trámite como auxiliar contable en la Dirección de Finanzas del Ejército.

.

Como señala un reportaje de Radio Universidad de Chile, con esta primera y exitosa operación, el coronel Clovis Montero se propone repetirla. La Abastecedora de Repuestos Frasim LTDA., de propiedad de Francisco Huincahue, era un proveedor oficial del Ejército, por lo que sus reiteradas facturas no levantarían sospechas. Según los antecedentes presentados por la defensa del cabo Juan Carlos Cruz, el Coronel le informa que debe repetir las mismas acciones que realizó con el fraude anterior, y que consistían en simular fases de visto bueno en los documentos mercantiles. “Accedí ante la insistencia y presión de mi superior”, declara el cabo. “Pero esta vez la acción no pasó inadvertida para el Tesorero del Ejército”, agrega.

.

Las nuevas seis facturas fraudulentas, que sumaban 53 millones 041 mil 750 pesos, fueron ingresadas con celeridad para su pago. Eso advirtió al Tesorero del Ejército, quien preguntó al Cabo quién enviaba las facturas a cobro. El cabo Juan Carlos Cruz confiesa lo ocurrido a sus superiores y se inicia un proceso en su contra.

.

Por tratarse de una repartición castrense, el caso presenta diferentes complejidades para su tramitación en manos de la justicia. La arista militar, que involucra a los dos funcionarios del Ejército, es llevada por la fiscal militar Paola Jofré, en la Sexta Fiscalía Militar de Santiago. La arista civil, que involucra al proveedor que facilitó las facturas por servicios no prestados, es llevada por la fiscal jefe de Santiago Ximena Chong, de la Fiscalía Centro Norte. Ambas causas procesan a los implicados por fraude al fisco, mientras que los militares deben responder además en su calidad de funcionarios públicos.

.

Por su parte, en el resguardo de los intereses fiscales patrimoniales, el Consejo de Defensa del Estado se hizo parte querellante. Consultado este organismo por la Radio de la Universidad de Chile, se dijo que la investigación ha debido remontarse al menos hasta el año 2013.

.

El Comando de Apoyo a la Fuerza es un organismo dependiente de la Comandancia en Jefe, responsable de responder a las necesidades materiales y de personal del Ejército. A su cargo está la adquisición de equipamiento, incluyendo vestuario, pertrechos, infraestructura y material bélico. La mayoría de estos ítems son financiados con fondos de la Ley Nº13.196 Reservada del Cobre, que en su Artículo 5º establece que un 10 por ciento de las ventas del cobre serán destinadas a la adquisición y mantenimiento de “los materiales y elementos que conforman el potencial bélico de las instituciones armadas”.

El reconocimiento de los hechos

El general Héctor Ureta, comandante de la División de Mantenimiento del Ejército, desató una verdadera guerra al interior de su institución en diciembre de 2015, luego que revelara en un correo masivo cómo se produjeron las oscuras y millonarias defraudaciones con los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre, el mayor escándalo de corrupción militar desde el retorno a la democracia.

.

“Hay todo tipo de responsabilidades, tanto legales, administrativas y de mando”, sostuvo Ureta, a días de ser llamado a retiro, afectado por una serie de acusaciones que enlodan su carrera y mantienen en prisión a dos de sus colaboradores, la sargento Millaray Simunovic y el suboficial Claudio González Palominos.

.

En un mensaje de varias páginas, el general Ureta apuntó sus críticas al mando del Ejército y al polémico Comando de Apoyo a la Fuerza, la repartición a cargo de gestionar en reserva los recursos que anualmente entrega Codelco para la compra de armas. “A la División de Mantenimiento no le robaron”, recalcó el oficial.

.

El general Ureta, alegando la defensa de su unidad y prestigio, no trepidó en revelar los más íntimos secretos de cómo son administrados los polémicos fondos destinados a la compra de armamento. Tampoco dejó de subrayar los hechos que a su juicio le sirven de parapeto ante las investigaciones judiciales en curso.

.

“De las más de 1.200 facturas falsas, actualmente en investigación por parte de la Fiscalía (Militar), no existe ninguna de ellas que haya sido tramitada para pago por los diferentes organismos y jefaturas de la División de Mantenimiento”, recalcó.

.

Sin ambages, el general afirmó además que en el Ejército “existía una red de personas que desde diferentes lugares entregaban facturas (ideológicamente falsas) al personal del Comando de Apoyo a la Fuerza”, la unidad a cargo de tramitar los pagos con fondos de la Ley Reservada del Cobre.

.

En ese punto, su versión coincide con las investigaciones que sustancia la VI Fiscalía Militar desde 2014. Es decir, la corrupción en torno a los fondos provenientes de la Ley Reservada del Cobre era una práctica extendida al interior del Ejército, no sólo la argucia de los cinco militares detenidos hasta ahora en el Regimiento de Policía Militar.

Sin embargo, Ureta no hizo ninguna mención a la captura de dos de sus colaboradores como supuestos miembros de esas redes que precisamente denuncia, las que tienen a civiles y militares involucrados en sendos procesos judiciales en la justicia civil y militar.