OPINIÓN
EL DESPLOME DE UN MITO
Por Camilo Escalona
Ante el efecto devastador que ha adquirido el llamado caso
“Penta”, la directiva en funciones de la UDI, principal partido político
afectado por la investigación en curso y por su consiguiente impacto nacional,
ha debido hacerse cargo (como ha podido), de un capítulo severamente negativo y
muy duro para su organización y sus pretensiones futuras.
Tarea nada fácil, si además de la gravedad de los hechos en
sí mismos, estos involucran a figuras decisivas de esa formación partidaria. La
UDI está afectada en el núcleo de su sistema nervioso, razón más que suficiente
para que su centro direccional esté viviendo una etapa de shock. Ni más ni
menos. Si además judicialmente, se configura una práctica realizada en los
hechos de forma institucional, su situación legal como fuerza política pasa a
estar seriamente cuestionada.
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Pero, no es aceptable que su actitud sea involucrar al
conjunto del sistema político, tratando con ello equivocadamente de disminuir
el enorme daño que la propia UDI sufrirá, inevitablemente, como resultado de
estos vergonzosos hechos. No es válido pretender poner en tela de juicio la
legitimidad de la institucionalidad democrática.
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Esto pasa cuando en una declaración de “mea culpa” se
justifican en una supuesta “práctica generalizada” y sus voceros han dicho “que
todos lo hacen” o que “esto siempre ocurre”. Estas aseveraciones son
inaceptables. El criterio de manchar a los demás, para aliviar las propias
culpas, es totalmente inadmisible.
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En la intromisión ilegítima y desproporcionada del dinero en
la política, a la UDI le toca un rol principal. Ese papel arranca desde hace
décadas y surge en el irregular y fraudulento proceso de privatizaciones que
tuvo lugar bajo la dictadura de Pinochet.
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Las transferencias del patrimonio del Estado, acumulado
gracias al esfuerzo de varias generaciones de chilenas y chilenos, fue en
provecho de un puñado de adeptos incondicionales, escogidos por estar
vinculados a la UDI; esos nuevos ricos y este partido estaban unidos
férreamente en la defensa del régimen, que les transfería una riqueza a la que
en otras condiciones jamás habrían accedido.
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Esta alianza de civiles pinochetistas, enriquecidos de la
noche a la mañana, se prolongó a lo largo de los gobiernos civiles de la
transición. En ese contexto, parapetada en el sistema binominal y en el manejo
de platas ilimitadas, la UDI abultó su
representación parlamentaria de forma tan voluminosa que se transformó
en la fuerza política, con la mayor votación individual y el mayor número de
parlamentarios.
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Gracias al clientelismo que logró imprimir a sus campañas,
ejecutando una especie de soborno masivo en los sectores más pobres, cosechó
frutos electorales con decisivos efectos políticos. Entre otras
repercusiones, desplazó al partido
Renovación Nacional a un lugar subalterno en la disputa dentro de la derecha,
lo que le significó a la UDI ser el eje del pasado gobierno de Sebastián
Piñera.
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Cuando algunos repiten la crítica (valedera en diversos
aspectos) que en la transición
democrática chilena, no se hizo tal o cual cosa, entre otros factores, pasan
por alto, que el partido político heredero de Pinochet, la UDI, es el que desde años, cuenta
individualmente con el mayor número de escaños en el Congreso Nacional. Las desproporcionadas cantidades de dinero,
invertido en clientelismo consiguió ese propósito.
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Por eso, ese Partido se dio maña para evitar las reformas
constitucionales que, recién el 2005, permitieron eliminar la tutela militar
del texto en que está consagrada la Constitución Política del Estado. Durante
un buen tiempo mercantilizar la política le dio un fructífero resultado. Hasta
ahora, cuando se ve sacudida por el escándalo del Pentagate.
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Ésta es la raíz de la catástrofe política que hoy les
golpea: acostumbrarse a una bolsa sin fondo para gastar cuanto quisieran sin
importar el respeto a la ley. Así se
levantó un mito que hoy se desploma, aquel de la UDI Popular. Esa es la razón
de que las consecuencias políticas le sean impredecibles y sólo se podrán medir
a mediano y largo plazo.
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Es curioso el fenómeno que afecta a estos grupos tan
herméticos y cerrados, que presumen de una supuesta ortodoxia, de una rigidez
invariable, de un rigor a toda prueba y, sin embargo, bajo la mesa asumen otra
conducta y abjuran de cuanto presumen. Parece ser que el acendrado mesianismo
de que hacen gala, no es más que una cubierta ideológica, que justifica a sus
conciencias practicar cualquier tipo de conducta.
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En fin, por el bien de la democracia chilena hay que
solicitar rigor de los Tribunales de Justicia y un esfuerzo legislativo que
ponga freno a gastos desbocados, en que gruesas sumas de dinero, se usan para
obtener resultados por cualquier medio. Lo que está detrás de esta encrucijada es si prevalece la
política como un bien público o si está sometida a las fuerzas del mercado, es
decir, que si un grupo logra recaudar una mayor cantidad de dinero ese es el
que, finalmente, se va a imponer en el ejercicio democrático.
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Hacer retroceder la cultura del clientelismo no será fácil.
Una franja del electorado, lamentablemente, se acostumbró a que le regalen toda
suerte de mercaderías, desde cajas de alimentos hasta relojes, anteojos e
incluso televisores, sin olvidar el pago de las cuentas del gas, la luz o el
agua, con ese descontrol se puede explicar que haya quienes envían un angustiado
SOS, pidiendo “el raspado de la olla”.
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Las elecciones son fundamentales para la estabilidad
democrática, son las que garantizan la legitimidad de la autoridad que ejerce
la tarea de gobernar. No pueden ser interferidas por las malas prácticas que ha
sacado a luz el caso Penta. Se trata, de un tema de fondo, no hay democracia,
sin elecciones libres y trasparentes, hay que cuidarlas y preservarlas por el
futuro de Chile.
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