OPINIÓN
LA UDI ENGAÑA A LA CLASE MEDIA
En la antigua Judea los políticos de la UDI y algunos de los
empresarios que los financian serían tildados de fariseos, o sepulcros
blanqueados o lobos con piel de oveja, por su falsa defensa de obreros,
empleados y profesionales.
Por Hernán Ávalos Narváez
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Los políticos de la UDI engañan a la ciudadanía con su
discurso a favor de la llamada “clase media”, cuando en realidad representan
los intereses de la derecha económica, del pinochetismo, de la clase social
dominante, de la docena de familias millonarias que capitalizan la mayor parte
de la riqueza producida por el conjunto de los
trabajadores del país.
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Resulta hasta ofensivo para la inteligencia común escuchar
las declaraciones reiteradas del presidente del partido, el diputado Ernesto
Silva, insistiendo en su defensa de los sectores socioeconómicos medios del
país. Especialmente por estos días con ocasión de la discusión parlamentaria
por las reformas a la educación pública, a la estructura en los tributos, a los
cambios a ley laboral, entre otras comprometidas por el Gobierno de Bachelet.
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Y mientras los representantes de la UDI agitan esta consigna
demagógica por los medios de comunicación que le son afines (gran parte de la
prensa escrita, de las radios y la TV), llaman a dialogar, aunque escuchan sólo
las voces de sus ideólogos y avanzan con estudiada cautela en el debate, con el
propósito de ganar tiempo, negociar a favor de los verdaderos intereses que
representan, o en el mejor de los escenarios para ellos, impedir las reformas
en consonancia con su estrategia conservadora de mantener el “status quo”.
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Como los políticos de la UDI ejercen influencia editorial en
los principales medios de comunicación masiva, pudieron llegar con su falsa
representación a los barrios pobres, a los gremios de trabajadores, a las
asociaciones de obreros, empleados y profesionales y lograr constituir el
partido con más electores en los años 90. Pero la investigación judicial del
grupo empresarial Penta está develando el financiamiento clandestino de las
campañas de los senadores de este partido Moreira y Von Baer; de sus candidatos
presidenciales Longueira, Golborne y Matthei, y del propio presidente del
partido, el diputado Silva, entre otros. Y confirma que en verdad representan
al empresariado y es una mentira que defiendan los intereses de la llamada
“clase media”.
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Al igual que su mentor, Pinochet, los políticos de la UDI
parecen condenados a la ignominia de la ciudadanía por el dinero mal habido.
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Pero este discurso populista, engañoso y demagógico de los
políticos de la UDI, publicitado en el marco de la ideología dominante y del
neoliberalismo económico, no debiera sorprender a ningún chileno con memoria.
El fundador del partido, Jaime Guzmán, tuvo activa participación en la
redacción de la Constitución Política de 1980, dejando tales amarras al poder
establecido que sólo una reforma podría transformar en una Carta Magna propia
de una auténtica democracia representativa.
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Los políticos de la UDI son los autores del Plan Laboral que
hizo letra muerta el Código del Trabajo, de las AFP, de las Isapres, del
sistema electoral binominal, de la desnaturalización de los Colegios
Profesionales, del negocio de las universidades privadas, de la venta a precio
vil de las empresas y servicios del Estado levantadas con el esfuerzo de generaciones
de trabajadores, de la Ley de Pesca (Longueira), entre otras reformas propias
de su ideología mercantilista, destinadas a establecer la supremacía de la
acumulación de capital, el enriquecimiento de quienes detentan el capital, por
sobre los derechos sociales y las necesidades básicas de la mayoría ciudadana
que vive o sobrevive de su salario, en definitiva de la venta de su fuerza de
trabajo.
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El neoliberalismo a ultranza que defiende la UDI no sólo
transformó la economía y alteró la relación entre empresarios y trabajadores.
También estimuló y fomentó el individualismo a ultranza, en desmedro del
colectivismo propio de la naturaleza gregaria del hombre. Y esta política
inhumana tuvo efectos indeseados como el consumismo, el hedonismo, la apatía política
y social todos ellos manifestados por el endeudamiento, la diversión sin freno,
la pérdida del respeto por el prójimo, la farándula en los espectáculos, la
violencia en la resolución de los conflictos y los desórdenes en las
manifestaciones públicas de cualquier origen.
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¿Dónde estaban los políticos de la UDI por ese entonces
cuando los obreros, los empleados, los profesionales y todos aquellos que viven
del esfuerzo de su trabajo y no poseen capital eran avasallados por la
dictadura cívico-militar?
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En esta deshumanización paulatina de nuestra sociedad los
sindicatos, las federaciones, las juntas
de vecinos, los partidos políticos, las cooperativas, los colegios
profesionales, los clubes sociales o deportivos y en general las entidades
comunitarias perdieron vigencia. El mercado y el dinero comenzaron a regir la
vida de los chilenos. La capacidad del Estado en fiscalización de los servicios
básicos, regulación del mercado, el crédito y el trabajo; en asistencialismo a
los desposeídos y emprendimientos en salud, vivienda e infraestructura pública
fueron reducidos a su mínima expresión.
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Y los derechos al trabajo, a la
alimentación, a la vivienda, a la
educación, a la salud, a la previsión, a la cultura, al deporte, a la
recreación se perdieron, o fueron transformados en bienes de consumo.
La verdad sea dicha una vez más. La UDI fue el soporte
político, social y económico de la dictadura de Pinochet. Fue cómplice de los
crímenes contra sus opositores y con su silencio avaló la violación sistemática
a los Derechos Humanos. Y no sólo eso. Hizo propaganda a favor del dictador en
la ONU. Luego trabajó voto a voto para intentar ganar el Plebiscito de 1998 y
mantener al tirano otros 10 años en el poder. Algunos de estos mismos políticos
que hoy expresan preocupación por la llamada “clase media”, subieron el cerro
Chacarillas, en una caminata efectuada de noche e iluminados con antorchas,
para proclamar a Pinochet como su líder natural y único, en un acto de clara
connotación fascista. Y no han renegado de este compromiso adquirido en ese
significativo acto.
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Pero el pueblo chileno fue más sabio y contra toda la
propaganda pinochetista ganó la opción “No a Pinochet” en ese referéndum. El
derrotado y sus seguidores de la UDI intentaron desconocer el resultado de las
urnas. Algunos militares avizoraron el “autogolpe” y abandonaron al dictador
para evitar una eventual guerra civil. Así Pinochet conoció la derrota política
y debió entregar el Gobierno en 1990. Más no cedió los poderes fácticos, los
cuales transfirió a sus incondicionales para que continuaran sustentando el
sistema político, económico y social impuesto por la fuerza de las armas y que
prolonga hasta nuestros días la desigualdad en los ingresos y la distribución
inequitativa de la riqueza del país.
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Chile hoy ocupa el cuarto lugar del ranking con la mayor
brecha de desigualdad entre ricos y pobres de los 34 países miembros de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo, OCDE. Según esta misma
entidad, el 90% de los trabajadores chilenos gana menos de $650.000 mensuales.
Es decir, 9 de cada 10 trabajadores reciben ingresos inferiores al sueldo
mínimo promedio de los asalariados de los países desarrollados.
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En consecuencia, si la UDI está unida indisolublemente a la
clase social dominante y al empresariado que detenta el capital y mantiene el
inmovilismo que le ha permitido el enriquecimiento a costa de una fuerza de
trabajo subvalorada ¿cómo podría representar los intereses de la llamada “clase
media”, es decir de los obreros, campesinos, empleados y profesionales no
propietarios de medios de producción ni de capital?
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En la última elección presidencial la Nueva Mayoría
consiguió el Gobierno y la mayoría
parlamentaria para llevar adelante las reformas tributaria, educacional y
constitucional comprometidas en campaña. Adicionalmente, esta victoria
electoral terminó con el veto que la UDI venía ejerciendo en el Parlamento
desde la época de los senadores designados, rechazando, acotando o minimizando
los proyectos de ley que pretendían beneficios para la mayoría ciudadana, como
aquel de la Rentas Municipales II, o el del Royalty Minero, entre muchos otros
que rechazó o minimizó con argucias legales o de régimen parlamentario.
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Dicho de otro modo.
En una democracia como la nuestra, aunque imperfecta, debiera haber discusión
parlamentaria, confrontación de ideas, estudios y opiniones sobre los proyectos
de ley. Y agotado el debate, realizar la votación sin más trámite, aprobándolos
por mayoría con el quórum requerido. En este modelo de generación de leyes está
la esencia de la representación del electorado. Y la UDI debiera fracasar no
sólo en las votaciones en el Parlamento, sino en las maniobras entre bambalinas
para negociar o “cocinar” acuerdos espurios para favorecer los intereses del
gran capital que representa.
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La Nueva Mayoría alcanzó los Poderes Ejecutivo y
Legislativo. Y los recambios generacionales en el Poder Judicial, además de la
creación del Ministerio Público y nueva justicia procesal penal, han dado como
resultado una administración de justicia transparente, oportuna, celosa en la
defensa de los derechos de las personas y de sus bienes. Los cambios
estructurales y la modernización del Estado están en la dirección que la
mayoría ciudadana viene demandando desde 1990, a pesar de la oposición sistemática
de la UDI. Pero el tránsito hacia una sociedad inclusiva, solidaria y con
justicia social, necesariamente, requerirá de una intervención decidida de los
organismos estatales para regular y fiscalizar el mercado y el modo de
producción de bienes y servicios. Y no parece tarea fácil, puesto que en
paralelo, la mayoría de los empresarios debieran incorporar la ética en la
gestión y administración de sus capitales e inversiones.
En la antigua Judea los políticos de la UDI y algunos de los
empresarios que los financian serían tildados de fariseos, o sepulcros
blanqueados o lobos con piel de oveja, por su defensa engañosa de la llamada
“clase media”.
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