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viernes, 8 de agosto de 2014

LA REFORMA EDUCACIONAL ESTÁ TENIENDO UN PRECIO DEMASIADO ALTO PARA LA PRESIDENTA Y EL GOBIERNO

Por Walter Krohne

Ha sido una semana difícil para la Presidenta Michelle Bachelet. Los coletazos de la educación, originados en declaraciones de fin de semana, tanto del oficialismo como de la oposición, obligaron a la mandataria a dar el martes un golpe de timón para demostrar ante la opinión pública que ella tiene el control total sobre el estudio y tramitación de las reformas emblemáticas de su segundo gobierno. El camino fue la realización en el Palacio Presidencial de Viña del Mar de un cónclave sobre la reforma educacional en  el que participaron los integrantes del Gabinete político, los presidentes de los partidos de Nueva Mayoría, del ministro de educación Nicolás Eyzaguire y de algunos subsecretarios y asesores. Todos ellos escucharon atentamente a la Presidenta.
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Sin embargo en la publicitada reunión, lejos de los tacos vehiculares santiaguinos y escuchando las olas del mar que casi siempre son elementos de inspiración, no pasó nada nuevo, ya que se confirmó lo que se ha dicho veinte mil veces:  Gratuidad en 2016 para la educación universitaria, no habrá rediseño ni retroceso, lo único que hay es  reforma;  se reiteró la promesa de terminar con la educación como un bien de consumo;  se entregó la "hoja  de ruta" de la reforma educacional del gobierno y el ministro Eyzaguirre prometió presentar con mayor "madurez y consenso" los próximos proyectos de ley.
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Como ocurre casi siempre en política todos los cónclaves, las juntas nacionales y las reuniones masivas entre partidos terminan con un gran éxito y muchas alabanzas. Es lo que sucedió en el Cerro Castillo, pero ninguno de los participantes trajo de vuelta a Santiago alguna novedad que diera luces sobre el futuro de esta tramitación que no tiene respuesta para muchos analistas que ven que la gran reforma está estancada por un mal planteamiento y prioridades totalmente equivocadas.
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Los “bueyes” de esta  gran iniciativa siguen estando detrás de la carreta porque el objetivo central, como es el mejoramiento de la calidad de la educación, no se ha tocado o se ha tocado muy poco.  La preocupación ha estado concentrada en las cuestiones administrativas y económicas, lo que es erróneo por varias razones. En primer lugar hay que pensar que para obtener un resultado concreto en la educación de los chilenos se requieren al menos de unos 12 a 15 años. Esto significa que los actuales niños del pre básico y básico podrán tener el nivel de  conocimientos deseados para poder seguir desarrollándose en la vida – pensando en que esto permitirá ir acabando con la desigualdad-  recién  en el año 2026. En esta forma cada año que pase y no se resuelva nada será un año más que se irá agregando a la larga espera de resultados.  Estos cambios de la calidad son de suma urgencia, porque hay que pensar también que este es un trabajo que deberá realizar o concretar un grupo de super expertos, que ya debería estar trabajando “full time” en  las conclusiones finales de un nuevo Plan de Estudios o de Enseñanza.
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Hay también otro aspecto fundamental que es la parte de los docentes, con quienes el Gobierno deberá llegar a acuerdos salariales, tramitación de jubilaciones, de la formación de nuevos  cuerpos docentes o de  reintegro de una parte de los actuales profesores  a la docencia pero bajo otras condiciones que incluyan buenos salarios a cambio de eficiencia y buen rendimiento. En esta cuestión no se vislumbran salidas concretas debido a que el  tema, al parecer, no ha sido bien manejado políticamente por el Mineduc. Tras una reunión celebrada esta semana diversos dirigentes de la institución salieron “desilusionados”, porque las propuestas estarían lejos de las aspiraciones del gremio, como declaró Darío Vásquez, secretario general del Colegio de Profesores, quien además planteó que “el gobierno trata de vincular la agenda corta con la reforma y presenta un documento altamente insuficiente que no corresponde con las medidas propuestas del magisterio”.
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Vásquez establece que “es importante ir resolviendo problemas de arrastre para afrontar lo que es la reforma, temas como los profesores a contrata desvían las discusiones de fondo. Pero el gobierno responde con ambigüedades y nosotros pedimos un acto de justicia para los profesores”.
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En cuanto a uno de los temas más sentidos para el gremio, la Deuda Histórica, el documento no la reconoce y, según el secretario general, “se la relativiza al mencionar que se hará cargo de las pensiones de los profesores”, además agrega que “pedimos que al menos digan que no, que se atrevan por lo menos”.
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Ante la titularidad de los profesores a contrata el protocolo de acuerdo presentado por el Ministerio resuelve que el “gobierno va a enviar un proyecto sustitutivo al proyecto actual que se encuentra en el Congreso”, además “la indicación introducirá la parte de perfeccionamientos orientados a evitar que el traspaso de los docentes responda a criterios distintos a la antigüedad, mérito y calidad de la educación”. La inclusión de los términos mérito y calidad de la educación son los que más polémica plantean de acuerdo a fuentes al interior del Colegio de Profesores.
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Otro punto es el del  Ingreso Mínimo Docente (IMD), que actualmente corresponde a 12.245 pesos por hora (US$ 21) y a 367.350 pesos mensuales (US$638) y que rige a los profesores de colegios públicos y particulares subvencionados, el gobierno propone un reajuste de un 12,4%. Frente a esto, Mario Aguilar, prosecretario nacional del Colegio de Profesores, sostiene que “son muy pocos los beneficiados, ya que es un monto que viene desde hace años y la mayoría de los profesores están sobre ese mínimo”.  En cuanto al Bono de retiro, que según la propuesta del Colegio asciende a los 30 millones de pesos, para los profesores jubilados, la solución entregada en el documento del 4 de agosto establecía que habría un programa de retiro con un bono de 20 millones, los que en la segunda propuesta se aumentó a 21 millones 400 mil pesos. Ante la petición de aumentar el monto para la tercera propuesta, la respuesta del Mineduc  fue “es lo máximo que se puede dar”, aseguró Aguilar.
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La agenda corta también pretende terminar con el agobio laboral docente y la intervención en las escuelas, este punto consta de diez peticiones mínimas, entre las que se incluye la Evaluación Docente y la Ley 20.501 –promulgada el año pasado por Sebastián Piñera–. Aguilar asegura que la respuesta ante esto es que “darán algunas directrices para que la Superintendencia fiscalice ciertas condiciones laborales de los profesores”. En cuanto a las horas lectivas y no lectivas, los profesores solicitaban una distribución de 50 y 50, mientras el documento establece que se elaborará un proyecto de Ley cuando se discuta sobre la carrera docente, “y que tienen la intención de cambiar la distribución de las horas lectivas y no lectivas, pero es impresentable que no tenga cifras”, agrega Aguilar en El Mostrador.
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Sin lugar a dudas frente a estos problemas hay mecanismos de vocería, burocráticos y los provocados por los operadores políticos  del propio Mineduc que habría que corregir rápidamente para poder seguir avanzando y no retroceder como parece ser la realidad actual.
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Como siempre ocurre, en este caso está en la mira el propio ministro Nicolás Eyzaguirre, quien es para la Presidenta difícil de cambiar por la amistad de años que lo une a él o la trayectoria política conjunta. Sin embargo, todo problema tiene extremos de aguante y especialmente en este caso, en que el capital político de la Jefa de Estado comienza a debilitarse, como lo indicó ayer la última encuesta Adimark en que el rechazo de la ciudadanía a su gestión subió en 16 puntos para llegar a 36 por ciento. Peor aún la desaprobación del Gobierno que llegó a 42 por ciento.  En julio el Ejecutivo alcanzó "su peor evaluación en los cinco meses de la actual administración", dijo Adimark.
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Otra encuesta- Plaza Pública-Cadem - da cuenta de la negativa percepción ciudadana respecto del titular de la cartera de educación , ya que un 53% de los consultados desaprueba la forma de cómo Eyzaguirre  ha llevado adelante el proceso de reforma, frente a un escaso 33% que lo aprueba. Paralelamente, llega a un 55% la cifra de quienes estiman que Eyzaguirre no es la persona más indicada para conducir las reformas en educación, mientras que sólo un 32% cree lo contrario. Junto a esto se incrementan las propuestas de expertos y no expertos, de padres y apoderados y de políticos  para rediseñar el proyecto global, lo que rechazó el gobierno y también Nueva Mayoría en  el último Cónclave de Viña del Mar.
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Entre los ministros peor valorados  está el titular de Mineduc, Nicolás Eyzaguirre, quien "desde que comenzó el gobierno ha bajado 20 puntos su aprobación". Además, "durante julio por primera vez, su nivel de desaprobación (50 por ciento) superó al de aprobación (44 por ciento)", señaló Adimark.
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Por otro lado, no en la mira todavía, pero si en observación, estaría también el vocero de La Moneda Álvaro Elizalde de quien se dice en círculos de Nueva Mayoría que no tiene peso político, que es “blando” y que ha optado por resguardarse en el ministro de Interior, Rodrigo Peñailillo,como dijo hoy El Mostrador.
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Su estilo  no le quita para nada  presión pública al ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, por el contrario, Elizalde se resguarda en él, agregó el diario electrónico.
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Comentan que Elizalde no tiene una  vocería confrontacional, lo que para sus críticos ha sido un error especialmente ante la ofensiva de la derecha frente a las reformas tributaria y educacional.
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Si bien el mundo político lo critica, la opinión pública lo respalda. Según la encuesta Adimark del mes de julio está entre los mejores evaluados del gabinete y es uno de los pocos cuyo respaldo ciudadano creció considerablemente de 66%  en junio a 72% en julio y sólo tiene un 22% de rechazo.
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Así y todo hay que concluir que una buena vocería puede hacer pasar por alto muchas de las “piezas oratorias”  de Eyzaguirre que le han costado a veces muy caro a él y al Gobierno.
  


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