KRADIARIO

Audaz asalto en la losa del aeropuerto Merino Benítez 

EL ROBO DEL SIGLO II FUE COMO QUITARLE EL DULCE A UN NIÑO

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Una banda de pistoleros reeditó el asalto de 2006 y huyó con la remesa de 6.000 millones de pesos en efectivo que estaba siendo embarcada en avión con destino a las sucursales bancarias del norte del país. 

Por Hernán Ávalos Narváez

El atraco ocurrió minutos antes de las 6 AM de hoy ignorando las cámaras de tele vigilancia y burlando la protección de la terminal aérea. No hubo disparos, ni lesionados, aunque fue seguido de una intensa e infructuosa persecución policial por tierra y aire. Tampoco fueron reportados detenidos en flagrancia.
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Un grupo coordinado de seis sujetos disfrazados de trabajadores ingresaron a bordo de un furgón. Y en las proximidades de su objetivo se encapucharon e intimidaron con armas de fuego a los empleados y guardias de la empresa de transporte de valores Brinks para apropiarse de las bolsas con dinero.
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Al menos otros dos sujetos vigilaron la maniobra desde otro vehículo y al parecer su misión era contener a las patrullas de la policía, aunque no alcanzaron a intervenir resueltamente y escaparon en dirección contraria al furgón con el dinero, dejando caer miguelitos en la carretera.
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En su reporte inicial la Dirección General de Aeronáutica Civil, DGAC, admitió que el protocolo de seguridad para la losa donde permanecen estacionados los aviones, prohíbe el porte de armas de fuego por el riesgo de lesiones y daño a los aparatos. Así los vigilantes y escoltas del camión con dinero, dejaron sus revólveres en el acceso al recinto y fueron sorprendidos desarmados.
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El 08 de abril de 2006 fue cometido un delito de similar factura y en el mismo escenario. En esa ocasión sus ejecutores escaparon con una remesa de $900 millones que estaba siendo embarcada en un avión al norte. En los meses siguientes los involucrados fueron detenidos, procesados y condenados, recuperando las autoridades parte del botín.
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En las semanas previas al espectacular robo de hoy hubo una seguidilla de robos con intimidación a camiones de transporte de valores en distintos barrios de la capital, ninguno de los cuales dejó detenidos, aunque si guardias heridos, y cierta sensación de inseguridad en la población, respecto de la acción impune de las bandas criminales armadas.
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Estos delitos coincidieron con la entrega de la estadística de la Subsecretaria de Prevención del Delito referida al segundo trimestre del año en curso, en donde el robo con violencia o intimidación aumentó el 8,5% en el país, en relación con igual período del año pasado, considerando las denuncias y procedimientos por flagrancia reportados por Carabineros e Investigaciones.
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Asimismo, el mismo estudio oficial admitió un aumento del 1,3% a nivel nacional en el mismo período observado, para los delitos de mayor connotación social, como son robo con violencia o intimidación, robo por sorpresa, robo con fuerza, lesiones, homicidios y violaciones sexuales.
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Estas cifras motivaron la clarinada del dirigente de los fiscales del Ministerio Público, Claudio Uribe, quien declaró que el sistema de persecución penal “está colapsado”, pues anualmente cada fiscal recibe 2.000 causas para investigar con el auxilio de las policías, en comparación a las 1.000 causa anuales proyectadas originalmente, cuando fue diseñada la Reforma Procesal Penal.
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Pero no sólo los hechos y las cifras debieran hacer reaccionar, prontamente, a las autoridades. También la última encuesta de opinión pública realizada por la empresa  Adimark en junio último, muestra la peor evaluación del Gobierno en el control y represión de la delincuencia. Recibe sólo el 21% de aprobación, seguido de cerca por educación y salud.
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Los medios de comunicación tradicionales y especialmente la televisión, contribuyen a exaltar la sensación de inseguridad de la población, la cual supera con creces las estadísticas objetivas, dando amplia cobertura a los robos con intimidación en viviendas, a los robos con fuerza de cajeros automáticos, a los robos tipo “alunizajes” en grandes tiendas, y a los atentados explosivos.
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Como paradoja a nivel internacional nuestro país figura como seguro para los viajes turísticos y las actividades comerciales, con tasa de tres homicidios por cada 100 mil habitantes, comparado con países como Brasil, Colombia o Guatemala, donde se quintuplican esta medición nuestra de la criminalidad.
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En cuanto al control del narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo, la Unidad de Análisis Financiero, UAF, realiza una labor silenciosa de vigilancia en las operaciones bancarias y financieras para prevenir la infiltración de nuestra economía por parte del crimen organizado.
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Pero es con la delincuencia callejera donde el Gobierno de la Presidenta Bachelet está en deuda. Y el espectacular atraco de hoy minimizó el impacto público de dos nuevos atentados explosivos de connotación anarquista perpetrados en Santiago, uno de los cuales detonó en las cercanías de la 1era. Comisaría de Carabineros, ubicada en calle Santo Domingo esquina Mac Iver.
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Estos bombazos contra símbolos del poder establecido buscan ganar adeptos en el rechazo social al sistema político vigente y en particular a la economía neoliberal. Son perpetrados por anarquistas que por lo general están fuera del consumo y que militaron en el disuelto Mapu Lautaro.
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Para responder a estos desafíos que plantea la delincuencia en las ciudades y enfrentar la violencia en la Araucanía, el Ministro del Interior, Rodrigo Pañailillo, anunció el envío de proyectos de ley al Parlamento para modificar la Ley Antiterrorista y la Ley de Inteligencia Policial, para tener instrumentos adecuados para investigar delitos y reconocidos por la comunidad internacional.
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A su turno el director de la Agencia Nacional de Inteligencia, ANI, el abogado Gustavo Villalobos, admitió la necesidad que la comunidad de inteligencia nacional disponga del los protocolos adecuados para compartir información, de modo de intervenir con oportunidad en la prevención de los delitos y en la investigación efectiva cuando ellos han ocurrido.
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La Presidenta Bachelet en su discurso del 21 de mayo pasado anunció la instrucción y contratación de 6.000 nuevos carabineros y de 2.000 nuevos detectives en los próximos seis años, acercándose a las dotaciones ideales de policías según el número de habitantes por comuna.
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Entretanto  tenemos que seguir esperando. Como también estamos esperando el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana que debería presentar al país la Mandataria, con el propósito de terminar con las bandas armadas que cometen delitos, causan intranquilidad y alteran la convivencia.