KRADIARIO

LEY LONGUEIRA PARA SIETE FAMILIAS

Por Leonel Sánchez Jorquera

La modificación a la Ley General de Pesca y Acuicultura – más conocida como Ley Longueira – se encuentra en el segundo trámite constitucional en el Senado, con más de mil indicaciones. De polémica tramitación, no sólo refleja un conflicto entre 7 familias de pescadores industriales contra miles de familias de pescadores artesanales, es un conflicto que afecta a toda la sociedad chilena.

La pesca es una actividad que recae sobre ciertos recursos naturales de características muy especiales, con una delicada situación de equilibrios del ecosistema marino. Los recursos hidrobiológicos en juego con la modificación legal son bienes que pertenecen a todas y todos los chilenos, de ahí la importancia de consagrar que todos los recursos hidrobiológicos y ecosistemas son de propiedad del Estado de Chile. En definitiva cómo se reparten las riquezas del país.

Este cambio al estatuto jurídico que modifica el ámbito de la sustentabilidad de recursos hidrobiológicos, acceso a la actividad pesquera industrial y artesanal y regulaciones para la investigación y fiscalización, de la ley General de Pesca y Acuicultura contenida en la ley N° 18.892 y sus modificaciones, ha implicado el debate sobre otros temas presentes en la sociedad actual.

 

La cantidad de pescadores artesanales y sus familias que dependen directamente de los resultados de esta ley hacen tener en el asunto una especial sensibilidad social. No es menor el tema de la identidad local y cultural que está asociado a la modificación.

En tal sentido es importante el rol que debe jugar el Convenio 169 de la OIT – que es ley chilena – y establece que se debe consultar a los pueblos indígenas, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. La consulta tiene que ser de buena fe.

Otros contenidos importantes son el funcionamiento de los ecosistemas marinos, el desarrollo económico y social de las regiones (recordemos la manifestaciones de Aysén promovida, entre otros, por dirigentes de la pesca artesanal), la concentración económica, a través de monopolios u oligopolios de las diversas actividades económicas en Chile, lo cual no es ajena a la industria de la pesca.

Pero uno de los temas que retoma con más fuerza en el debate de la ley Longueira, dice relación con la forma de ejercer el lobby político desde los poderosos grupos de presión.

En tal sentido están los cuestionamientos para que se inhabiliten algunos senadores por su cercanía con la gran industria pesquera (Novoa, Zaldívar y Larraín). Existe una solicitud a la Comisión de Ética y Transparencia del Senado para que reconsidere la recomendación realizada a estos parlamentarios y exhorte a éstos inhabilitarse en la tramitación del proyecto de ley que modificala Ley General de Pesca y Acuicultura.

Finalmente, terminamos debatiendo sobre el rol del Estado, donde queda demostrado – una vez más- que se carece de una política pública pesquera que incorpore una mirada estratégica del desarrollo nacional. Surge la duda entorno a si se está desarrollando investigación y desarrollo de la industria pesquera por parte del Estado según las necesidades actuales.

Si bien el Instituto de Fomento Pesquero ha desarrollado una labor en esta línea (fue creado en 1964 al alero de la CORFO bajo un concepto de Estado nacional desarrollista) es necesario tener una nueva mirada, una nueva estructura y recursos para los desafíos actuales que la modificación legal se tiene que hacer responsable.

Volviendo a la matriz de la Ley Longueira, la acusación más grave la constituye el hecho de que se esté privatizando los recursos pesqueros chilenos a un cartel de 7 familias.

El asunto se manifiesta en el hecho de que se establezca licitación a todo evento o subasta abierta de la cuota industrial, permitiendo que entren otros actores al mercado de la pesca industrial y, por supuesto, la forma que se protegerá la pesca artesanal.

Si el Congreso Nacional no es capaz de resguardar los intereses nacionales en esta modificación, su legitimidad política se verá nuevamente afectada.

Finalmente, este debate es sobre el modelo de desarrollo del país que queremos, por lo tanto, nuestra primera obligación es informarnos, para tener una opinión y poder actuar. El llamado es a defender los recursos del mar chileno.