KRADIARIO

BEYER NO DIJO TODA LA VERDAD EN EL CASO “ACREDITACIONES”, LO QUE PUEDE TENER UN ALTO PRECIO: LA RENUNCIA AL CARGO DE MINISTRO

Por Walter Krohne

Muchos pensaron que la llegada de un Gobierno de empresarios de derecha al poder en Chile iba a terminar con irregularidades de fondo en la administración pública, como actos de corrupción y falta de transparencia que han conducido a algunos funcionarios a esconder conscientemente la verdad en ciertos procesos y hechos complicados y netamente políticos.

“Llega ahora una nueva forma de gobernar”, nos dijeron en 2010, pero a en los tres años que han pasado nos hemos podido percatar y ser testigos que la forma prometida es bastante controvertida y difícil de comprender.

Últimamente las irregularidades se han acrecentado: el caso de los sobreprecios registrado en el mismo Palacio de La Moneda y a escasos pasos del despacho del ministro y subsecretario del Interior; las redes de narcotráfico descubiertas al interior de las policías y ahora el destape de un nuevo escándalo como es el de las acreditaciones “fallidas o corruptas” en las universidades privadas, son todos hechos concretos que están llevando el carro de la negligencia política y la falta de fiscalización a extremos pocas veces visto.

¿Cuántas veces se le preguntó al ministro Harald Beyer sobre el lucro y las irregularidades en las universidades? Sin embargo nunca dio una respuesta clara y contundente, negando hasta el cansancio la existencia de lucro en planteles de la enseñanza superior que más parecen empresas comerciales del barrio Patronato que centros académicos de alto nivel como debieran ser si hubiesen sido fiscalizados en forma.

Tuvo que estallar como una bomba de tiempo el escándalo de la Universidad del Mar, pero, a pesar de todas sus repercusiones iniciales, el ministro Beyer siguió siendo dubitativo y no dispuesto a reconocer la gravedad tampoco en este caso, sin pensar en las consecuencias que podía tener este hecho como el desprestigio que le causaría a la comunidad universitaria privada en general. No me cabe la menor duda que él sabía claramente lo que estaba ocurriendo, pero como un buen neoliberal y defensor del modelo no podía ir contra la empresa privada, como operan estas universidades, aunque con ellas se estuviese perjudicando al país. Cuando la presidenta de la Comisión Investigadora de la Cámara, Alejandra Sepúlveda (PRI), le llevó el informe que señalaba que había siete universidades que lucraban con la educación, el ministro ni siquiera estuvo en su despacho para recibirla.

En un artículo anterior titulado “Chile un país sin diálogo” mencionaba las dificultades que tenían los estudiantes para entablar un diálogo con Beyer, porque todos los argumentos sobre el lucro chocaban contra “un sólido muro de hormigón”. El ministro y el Ministerio en general aparentaban no querer darle importancia a este "delito" (porque lo es), aunque la Fiscalía que investiga ha señalado abiertamente desde un comienzo que en Chile se ha violado la Ley porque ciertamente se lucra, lo que quedó comprobado con la Universidad del Mar, la Santo Tomás, la Uniac y ahora también la Universidad Pedro de Valdivia.

Esta semana comenzó aparentemente la cuenta regresiva para el ministro después que la Contraloría General de la República diera a conocer un informe donde se detectaron conflictos de interés dentro del Consejo Nacional de Acreditación (CNA), detallando que hubo acreditaciones extendidas “por secretaría”, además que la entidad ha carecido de manuales de procedimiento.

En este punto álgido del escándalo sacó la voz en distintos medios de comunicación el ex secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), Patricio Basso, quien acusó al ministro Harald Beyer de omitir informes que daban cuenta de las eventuales irregularidades al interior del organismo. En enero de este año, el medio electrónico Ciper denunció que Eugenio Díaz, hoy formalizado, en su calidad entonces de Presidente subrogante de la CNA había recibido $60 millones de pesos por el “servicio” de acreditar a la Universidad del Mar que no reunía las condiciones para aquello. El 10 de abril de 2012 el presidente saliente y uno de los socios fundadores de la Universidad, Sergio Vera, reconoció en una cuenta que daba ante el resto de los siete directivos, de las dificultades económicas y académicas que enfrentaban, además de serias irregularidades. En este contexto reconoció abiertamente que la Universidad pagaba arriendos con sobreprecio (como forma de sacar ganancias del plantel), dejando constancia que la responsabilidad de estas irregularidades era de toda la junta directiva.

Para Basso todo lo ocurrido es una irresponsabilidad de gran tamaño, porque el titular del Mineduc debería, ya en enero cuando se supo la versión de Ciper, haber presentado o al menos haber dejado constancia en la Fiscalía de los detalles disponibles, como también en abril cuando el socio Vera de la Universidad del Mar reconoció todo tipo de irregularidades cometidas por el plantel.

Pero Beyer no reaccionó nunca y ahora reconoce que él desconocía los detalles del caso, lo que fue desmentido por Basso, además que estas irregularidades ya eran públicas y para más remate el mismo ministro reconoció ante Ciper en enero que dado los antecedentes que se tenían a la vista, Eugenio Díaz debía renunciar.

“El ministro Beyer estaba diciendo por ese entonces que no tenía ninguna denuncia concreta. Recibió el 14 de junio (la denuncia) y el 19 de junio dijo que no tenia ninguna ¿Por qué? Porque ese día se votaba en la Cámara el informe de la Comisión del lucro y si reconocía que tenía denuncias concretas, toda la argumentación que se estaba realizando se vendría cuesta  abajo, y posiblemente se hubiera aprobado en la Cámara el informe”, aseguró Basso. Así la investigación que hicieron los diputados sobre el lucro fue rechazado sin problemas,  como quería la Coalición por el Cambio, con los votos oficialistas.

Al decir Beyer que no tenía ninguna denuncia concreta, pero si todos los antecedentes de este nuevo escándalo fue “faltar a la verdad”, lo que puede tener un alto precio: la renuncia a la secretaría de Estado.