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miércoles, 21 de noviembre de 2012

LAS UTILIDADES DE LAS ISAPRES DEJAN DE MANIFIESTO EL DESAMPARO DE LOS CIUDADANOS

Por Hernán Ávalos

Los 66 mil millones de pesos de utilidades promedio obtenidos por las isapres entre enero y septiembre últimos son un verdadero escándalo. Porque mientras este pequeño grupo de empresarios de la salud continúa ganando dinero y publicando sus ganancias sin ningún escrúpulo, centenares de pacientes de bajos recursos esperan cada mañana atención de urgencia en consultorios y hospitales deficitarios y escasos de médicos, por lo demás expuestos al contagio de epidemias como la meningitis bacteriana..



La información corresponde a las sanciones ejecutoriadas
cursadas  por la Superintendencia de Salud a las
 Isapres en el período 2 de enero de 2006 al 30 de septiembre
 de 2012, por tipo de sanción,  por monto y por  materia.
 Se entiende por sanciones ejecutoriadas  a las que no se le
 interpusieron recursos,  o habiéndose
 ésto interpuesto   en tiempo y forma, actualmente se
 encuentran fallados con efecto de cosa juzgada.








Lo impúdico del negocio deriva de que alcanzó una alza histórica del 36,1% de sus utilidades, en el contexto de los intentos del Gobierno por modificar la ley para acercar estos institutos de salud previsional a su condición de servicios asistenciales. Por lo demás, este proyecto de ley terminó bloqueado en el Parlamento por intereses empresariales ligados a la política, aunque solo buscaba proteger a los usuarios, en especial evitar el aumento progresivo del costo para los pacientes a medida que envejecen, sin proponer cambios estructurales.

El negocio resulta aún más indecoroso, si consideramos que el financiamiento principal de las isapres proviene del aporte obligatorio del 7% de los sueldos y salarios de sus afiliados. Nadie puede elegir pagar menos, como en los seguros de salud por ejemplo, ni eludir su cancelación porque los empleadores realizan el descuento correspondiente en las liquidaciones de las remuneraciones y envían esa recaudación a las isapres correspondientes o al Fonasa, según la elección previa efectuada por el trabajador.

Hay que recordar que, tradicionalmente, en nuestro país el aporte obligatorio de salud fue del 4%. Luego Pinochet lo incrementó al 6% y hacia el final de su gobierno lo terminó de subir otro 1% quedando inamovible hasta ahora en el 7%. Este resulta un “impuesto” altísimo, en comparación a los beneficios de salud que entrega. Cuando los afiliados son jóvenes, aportan al sistema y no se enferman. Y cuando estos mismos afiliados llegan a viejos, el alto costo de los planes de las isapres los obliga a emigrar al Fonasa, aunque sean sanos, resignados a una menor cobertura de salud.

El Fondo Nacional de Salud, Fonasa, perteneciendo al sistema de salud pública, acoge a los usuarios de ingresos medios a bajos, y aunque en la última década ha mejorado la cobertura de sus prestaciones, su desprestigio viene por el escaso aporte al financiamiento de las atenciones ambulatorias, hospitalizaciones, intervenciones quirúrgicas y honorarios, trasladando el mayor costo de a los propios enfermos o sus representantes. Esto, en parte, explica que en los últimos nueve mese del presente año, las isapres hayan elevado el 5,5% el número de sus afiliados.

El AUGE otorga garantía estatal de atención para una cincuentena de patologías, pero siempre en el sistema de salud pública. Es decir, los pacientes de las isapres cuando recurren al AUGE, son inmediatamente derivados a aquellos centros médicos u hospitales en convenio, sin ninguna posibilidad de elección, sometidos a las mismas carencias y deficiencias del sistema de salud pública que deben soportar los afiliados al Fonasa.

Así aquel que tiene recursos suficientes puede acceder a una salud adecuada. Incluso puede aumentar su aporte mensual y acceder a una cobertura mayor. Además puede contratar un seguro complementario para pagar aquellas atenciones no cubiertas por su plan isapre. Es decir, al igual que la educación y la previsión, la salud está entregada a los dictados del mercado, con débiles fiscalizaciones y contrapesos de las autoridades en la protección de los ciudadanos. La constatación de que la inserción en la sociedad y su porvenir depende sólo del esfuerzo personal, son la verdadera causa de la sensación de inseguridad. Y la delincuencia callejera a que están expuestos los ciudadanos –baja comparando las tasas de Latinoamérica- no hace más que dejar de manifiesto este desamparo.

Los centros de estudios harían bien en hacer el análisis comparativo de aportes obligatorios de salud de los trabajadores y contribución estatal a su financiamiento entre países con PIB (Producto Interno Bruto) y número de habitantes similares al nuestro, para avanzar en un debate fundamentado sobre el derecho a la salud y su garantía, y terminar con los intentos de cambio “gatopardistas” del sistema.

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