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martes, 22 de octubre de 2024

HASTA EL AÑO 2043 DEBERÁ PASAR EN LA CÁRCEL EX PRESIDENTE ALEJANDRO TOLEDO – SENTENCIA DEFINITIVA



La justicia peruana halló finalmente culpable al expresidente y economista peruano Alejandro Toledo (79) de los delitos de corrupción y lavado de activos y lo condenó a 20 años y seis meses de cárcel efectiva. Es el primer expresidente peruano en ser condenado por la trama internacional de corrupción de la empresa brasileña en el Caso Lava Jato.

En primera instancia, se le había impuesto una condena  de nueve años de cárcel por colusión y 11 años y seis meses por lavado de activos.

 Alejandro Toledo Manrique gobernó el Perú entre el 28 de julio de 2001 y el 28 de julio de 2006. El exmandatario, en vez de gobernar correctamente, trabajo ilegalmente junto a la constructora brasileña Odebrecht con la concesión de los tramos 2 y 3 de la Carretera Interoceánica Sur entre el 2004 y el 2005.

El Segundo Juzgado Colegiado de la Corte Superior Nacional, presidido por la jueza Zaida Pérez, determinó, en un fallo  que Toledo recibió más de US$ 30 millones entre el 2006 y 2011 a cambio de direccionar la referida licitación. Además, que el exmandatario recibió y lavó este dinero mediante las cuentas del empresario israelí Josef Maiman, quien falleció en 2021.

Por colusión, se le impuso nueve años de cárcel y; por lavado de activos, 11 años y seis meses. Ambas condenas suman 20 años de prisión. Serán computadas desde abril del 2023. Es decir, saldría de la prisión con 99 naños de edad.

Las sospechas en torno a las finanzas y los bienes de Toledo se remontan al 2013, con el Caso Ecoteva. Este actualmente se tramita en otro juicio oral.

Sin embargo, su investigación por las presuntas coimas de Odebrecht comenzó en enero del 2017. Previamente, a fines de diciembre del 2016, se conoció que la constructora brasileña confesó en Estados Unidos el pago de sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

La fiscalía, mediante el Equipo Especial Lava Jato, abrió diversas carpetas fiscales en torno a esta revelación. Entre estas, la de Toledo se convertiría en la más notoria por implicar a un expresidente y por el alto monto de la presunta coima de 35 millones de dólares, parte de un pacto con la empresa brasileña que comenzó de 20 millones de dólares. Inicialmente, la investigación apuntó a un pacto por US$ 20 millones, cifra que luego subió a US$ 35 millones.

La sentencia será leída en la sala de audiencias en el penal de Barbadillo, en Ate.

La sentencia finalmente establecerá -al menos en primera instancia- una verdad judicial: si Alejandro Toledo, de 79 años, es responsable de los delitos de colusión y lavado de activos, por los que se le acusa. Por estos cargos, el fiscal José Domingo Pérez pide que se le imponga una condena de 20 años y 6 meses. En tanto, la procuraduría pide que el expresidente y sus coacusados paguen una reparación civil de S/ 1,375 millones y US$ 463 millones.

Las sospechas en torno a las finanzas y los bienes de Toledo se remontan al 2013, con el Caso Ecoteva. Este actualmente se tramita en otro juicio oral, a la espera de que Estados Unidos amplíe la extradición del expresidente.

Sin embargo, su investigación por las presuntas coimas de Odebrecht comenzó en enero del 2017. Previamente, a fines de diciembre del 2016, se conoció que la constructora brasileña confesó en EE.UU. el pago de sobornos a funcionarios peruanos entre el 2005 y el 2014.

La fiscalía, mediante el Equipo Especial Lava Jato, abrió diversas carpetas fiscales en torno a esta revelación. Entre estas, la de Alejandro Toledo se convertiría en la más notoria por implicar a un expresidente y por el alto monto de la presunta coima. Inicialmente, la investigación apuntaba inicialmente a un pacto por US$ 20 millones, cifra que luego subió a 35 millones.

Ese mismo mes, Alejandro Toledo dejó el Perú para ir a EE.UU. Ello motivó un complejo proceso de extradición que el expresidente dilató con una agresiva estrategia de defensa y que recién lo trajo de vuelta en abril del 2023. Desde entonces, cumple una orden de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Su juzgamiento comenzó en octubre de ese año.

A lo largo del juicio oral, su abogado Roberto Su y el mismo expresidente defendieron su inocencia. “No recibí ni un centavo de este proyecto”, afirmó el exmandatario el último miércoles, en la última audiencia de su proceso. También pidió que, si la sentencia es condenatoria, pueda continuar defendiéndose bajo arresto domiciliario.

La fiscalía considera que la culpabilidad de Alejandro Toledo fue demostrada durante el juicio con distintas pruebas. Entre estas destacan las declaraciones previas de Josef Maiman (fallecido en el 2021) y de Jorge Barata, el exjefe de Odebrecht en Perú, así como los documentos sobre la ruta de los pagos de la constructora, a través de las empresas de Maiman.

Por todos estos delitos, como igualmente por el denmominado caso Ecoteva, el Poder Ejecutivo aprobó las solicitudes de extradición activa del expresidente Alejandro Toledo y de su esposa Eliane Karp, que estuvieron asilados en Estados Unidos, para que respondieran.

La sentencia por el caso Ecoteva aún está pendiente. La fiscalía acusa a Toledo Manrique de haber favorecido a la empresa Odebrecht en la licitación de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica, y a la empresa Camargo Correa en el tramo 4 de la misma vía, a cambio del pago de coimas que habrían sido entregadas a través del empresario israelí Josef Maiman.

Según la fiscalía, ese dinero habría servido para constituir en Costa Rica empresas offshore, entre las cuales figura la fundación de Ecoteva Consulting Group, que tenía como propietaria a Eva Fernenbug, madre de Eliane Karp.

Compra de propiedades

Ecoteva adquirió en Lima, en 2013, una propiedad valorizada en 3,8 millones de dólares en la urbanización Las Casuarinas y una oficina en el Edificio Omega valorizada en 882.000 dólares, ambos en el distrito de Surco.

Además, Ecoteva canceló las hipotecas de la casa de Alejandro Toledo en la urbanización Camacho, por 217.000 dólares y de Punta Sal por 277,000 dólares.

Los inmuebles fueron incautados por la fiscalía como parte de las investigaciones por el delito de lavado de activos contra contra el exmandatario, su esposa, su suegra y sus colabores.



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