Comentó, a su vez, que el Poder Judicial “debe estar
exento de todo tipo de influencia externa, política o económica que pueda
afectar la independencia de decisión de cada juez, que debe ejercer su labor
sin temor a la venganza de los litigantes”.
Finalizando, manifestó que “es tiempo de cuidar nuestras
instituciones. Utilizar las acusaciones constitucionales, en este caso
contra un juez con argucias procedimentales, puede terminar por dañar su
indispensable independencia”.
La aprobación de este miércoles, aparte de destituir a un “histórico” del Poder Judicial , que con esta condena queda a su vez impedido de ejercer cargos públicos durante cinco años, surgió una polémica entre el oficialismo y la oposición.
El senador Gastón Saavedra (PS) afirmó que «esto es un ajuste de cuentas por su trayectoria, más que por una falta que justifique su destitución y sanción».
Igualmente la senadora Paulina Vodanovic (PS) expresó su preocupación por la acusación de un juez «incómodo para muchos» y llamó a sus pares a defender la independencia del Poder Judicial.
Ante la prensa declaró que el juez Muñoz «ha sido juzgado y condenado por hechos distintos a los que se señalaban en el libelo acusatorio y que tienen que ver con sus pronunciamientos judiciales, por haber sido un juez que se concentró en muchos casos en causas de derechos humanos y de los derechos sociales, lo que produjo incomodidad»
Mientras en la oposición justificaron la decisión de inhabilitarlo, en el oficialismo acusaron una "artimaña" de parte de la centroderecha para sacar a Muñoz del máximo tribunal debido a sus fallos hablándose de que “estaban cobrando la cuenta por los casos de derechos humanos (ocurridos en la dictadura).
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