Por Victoria Korn
En momentos en que Haití vive
una de las mayores crisis de su historia, el gobierno dominicano anunció el
inicio de un operativo para la deportación masiva de haitianos.
Uno de los peores efectos
producidos tras la adopción de estas medidas por parte del gobierno que
encabeza Luis Abinader, es que grupos fascistas y ultranacionalistas han
comenzado un proceso sistemático de agresiones y ataques a migrantes haitianos,
dominicanos de ascendencia de Haití y población racionalizada.
El portavoz de la presidencia dominicana,
Homero Figueroa, dio a conocer el comunicado del Gobierno: «a pesar del apoyo
internacional y la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Policía
Nacional Haitiana encabezada por Kenia, los resultados hasta ahora han sido
limitados y el proceso avanza lentamente. Ante esta realidad, República
Dominicana debe actuar con decisión y responsabilidad para garantizar la
seguridad y la estabilidad del país».
De acuerdo con la Dirección
General de Migración de República Dominicana, en el primer semestre del año se
deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría
haitianos (66.227).
Mientras, el Gobierno de Haití
denunció el martes 8 en una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la
Organización de Estados Americanos (OEA) que República Dominicana está llevando
a cabo una estrategia de «limpieza étnica» con su política de deportaciones
masivas de migrantes haitianos.
«Atacar a personas, únicamente
por su origen haitiano, percibido incluso en los casos en que disfrutan de
residencia legal o ciudadanía en República Dominicana, constituye una
estrategia de limpieza étnica que no tiene cabida en el mundo moderno», declaró
el representante de Haití ante la OEA, Gandy Thomas.
Asimismo, indicó que Haití aboga
por mantener un diálogo «abierto y sincero con República Dominicana, convencido
de que solo soluciones concertadas, basadas en el respeto mutuo, la cooperación
y los acuerdos internacionales permitirán resolver esta crisis humanitaria». «Seguimos
comprometidos con encontrar soluciones duraderas que respeten los derechos de
los migrantes y la dignidad humana», manifestó.
Por su parte, el representante
dominicano, Radhafil Rodríguez, consideró que se trata de un tema bilateral,
por lo que ha criticado que el tema se aborde en el foro regional, alegando que
la situación que vive el país fue «generada por una masiva presión migratoria
haitiana» y asegurando que cumplen con el Derecho Internacional.
Mientras, el gobierno haitiano
avanzó en el establecimiento de un grupo de trabajo multisectorial –con la
presencia de los titulares de Economía, Asuntos Sociales, Sanidad, entre otros–
sobre la acogida y atención de los migrantes deportados, la reintegración de
los migrantes, y la actualización de los documentos de identidad, comunicó la
Oficina del primer ministro, Garry Conille.
República Dominicana, que
comparte frontera con Haití y donde vive alrededor de medio millón de
haitianos, anunció la expulsión de 10.000 migrantes indocumentados cada semana
para «reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades
dominicanas» y aseguró que lo realizaría «bajo estrictos protocolos que
aseguren el respeto de los derechos humanos».
La decisión del gobierno
dominicano está contenida en un plan que comprende siete medidas que busca
«resolver» el problema de la migración ilegal de haitianos. En apenas cuatro
días, la Dirección General de Migraciones (DGM) ya ha devuelto a Haití a 7.217
haitianos en situación irregular desde el inicio de la jornada masiva de
interdicción el pasado jueves 3 de octubre.
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